Tu derecho a la vivienda es un derecho humano

Clara García Cabrejas y Ana Pastor @ana_pastor

El pasado 5 de junio, Naciones Unidas condenó a España por haber desalojado a una familia con dos hijos menores de edad y no haberles garantizado una vivienda alternativa por considerarlo una violación de su derecho humano a la vivienda.

El Estado está obligado a garantizar alojamiento cuando se produce un desalojo, independientemente de si éste se lleva a cabo por particulares o por las autoridades estatales. Carecer de un hogar supone una barrera en el desarrollo de las personas, es básico para garantizar el derecho a la familia, y puede provocar situaciones de exclusión social.

No se debe confundir el derecho a la vivienda con el derecho a la propiedad de una vivienda. El derecho a la vivienda es un derecho humano que “implica acceder a un hogar y a una comunidad seguras en las que vivir en paz, con dignidad y salud física y mental”.

La crisis, además de algunas decisiones políticas y judiciales que se han tomado, han mermado el derecho a la vivienda. Amnistía Internacional ha investigado y analizado esta grave problemática en dos informes recientes, Derechos Desalojados en 2015 y La crisis de la vivienda no ha terminado, en 2017. Amnistía Internacional pide a las autoridades españolas que tomen medidas para proteger el derecho humano a la vivienda, desarrollando o modificando la legislación y para facilitar el acceso a la vivienda.

Estos informes confirman que en 2016, el 11% de las familias no pudieron pagar a tiempo la hipoteca o alquiler, una situación que afectó al 17,3% de los hogares monoparentales. Además, las mujeres se vieron especialmente afectadas por su acceso reducido al empleo y su mayor responsabilidad en el cuidado de otras personas. Los informes también subrayan que España sólo destina el 2% del parque de viviendas a vivienda social, frente al 32% que destina Holanda, 20% de Austria, 18% de Reino Unido y 17% de Francia.

España, como Estado parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tiene el deber de adoptar medidas para proveer de vivienda alternativa a las personas que puedan quedar sin techo. En especial, los Estados partes deben prestar atención a los casos en que los desalojos afecten a mujeres, niños, personas mayores o personas con diversidad funcional así como individuos pertenecientes a colectivos vulnerables.

En Madrid, la decisión de vender viviendas sociales al sector privado ha tenido efectos nefastos, pues ha dificultado aun más el acceso a la vivienda pública asequible. Tres años después de la venta de 4.800 viviendas sociales y otras propiedades en Madrid, las condiciones de las personas inquilinas han empeorado considerablemente a pesar de las promesas tanto de las sociedades de inversión como de las autoridades públicas, que hacen oídos sordos a sus quejas. Se han incrementado los cargos mensuales y varias personas fueron desahuciadas mientras que otras dejaron voluntariamente su piso antes de la fecha del desahucio por miedo y vergüenza.

Ante esta situación, Amnistía Internacional pide:

• Desarrollar legislación que garantice el derecho a la vivienda.
• Protocolos con las autoridades judiciales y los ayuntamientos para garantizar una vivienda alternativa adecuada a las personas que se enfrentan a un desalojo y no pueden procurarse una.
• Destinar más recursos a vivienda social y ayudas a la vivienda.
• Ofrecer igualdad de protección a los inquilinos/as de viviendas sociales de propiedad pública y a los de viviendas vendidas a las sociedades de inversión. En particular, el gobierno autonómico debe restablecer las prestaciones sociales para garantizar que los inquilinos/as pueden hacer frente a todos los pagos.
• Dejar de considerar las órdenes de protección y las denuncias policiales o judiciales como requisitos para que las víctimas de violencia de género tengan acceso prioritario a una vivienda social. Recientemente el gobierno de la Comunidad de Madrid ha hecho declaraciones en las que anuncia su compromiso a este respecto.

Firma esta petición al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid para que protejan a las personas afectadas por la venta de viviendas sociales.