Andalucía
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Escrito por Juan Francisco Villar Caño, activista del Equipo de Medios de Comunicación de Amnistía Internacional Andalucía, en La Voz del Sur el 30 de enero de 2020

Dice la Declaración de los Derechos del Niño que el niño, y por supuesto la niña, tienen derecho a recibir educación obligatoria y gratuita, y que esta educación debe favorecer su cultura general y permitirle, en una situación de igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de la responsabilidad moral y social, y llegar a ser un miembro útil de la sociedad. También afirma que debe prevalecer el interés superior del niño en todos cuantos, empezando por sus padres, se ocupen de su educación.

No es una tarea fácil. En esas pocas frases, quienes proclamaron esta declaración, nos dejaron un mandato especialmente complicado a padres, maestros y sociedad en general. Los que somos padres sabemos hasta qué punto es una tarea complicada. Una tarea que necesita de la colaboración de todos porque nadie, ni padres, ni maestros, ni otras organizaciones, somos capaces de abarcar todos los aspectos de la educación plena de la infancia en el sentido que nos marca la declaración.

Las autoridades han sido siempre conscientes de la dificultad. De hecho, los estados han tratado de regular la necesaria función educativa de los gobiernos desde mucho antes de que se proclamara la Declaración de los Derechos del Niño. Y, no nos engañemos, cada paso dado en ese sentido se ha encontrado con reticencias por parte de algunos padres que veían en esas decisiones mermar sus supuestos derechos sobre sus hijos.

En la España decimonónica, bajo el reinado de Isabel II, la Ley de Instrucción Pública del ministro Claudio Moyano, establecía por primera vez, en 1857, la obligatoriedad de la primera enseñanza y su gratuidad para quienes no pudieran pagarla. En la misma ley se indicaba que el gobierno dirigía la educación pública e intervendría en la privada según determinara la ley. Y ya entonces hubo, por supuesto, oposición a estas decisiones. En algunos casos porque considerarían una intromisión del estado en las decisiones sobre qué y cómo enseñar a los jóvenes y, en otros casos, porque la mano de obra infantil era demasiado importante para la manutención de algunas familias en las que, ni enviando a trabajar a sus hijos desde los 5 o 6 años, podían sobrevivir adecuadamente. En estas últimas familias, la obligatoriedad de la primera enseñanza suponía ver limitadas sus posibilidades de supervivencia, aunque permitiera una mejor preparación de sus hijos.

De aquella primera pequeña apuesta estatal por la educación a la situación actual ha habido una evolución importante, en muchos casos con pleno apoyo social y político, y en otros casos, con la oposición interesada de una u otra fuerza política. Y esta evolución permanente no ha sido algo intrínseco a la política española, y mucho menos, resultado de decisiones geniales o absurdas de los políticos españoles.

El final de la Segunda Guerra Mundial, el enfrentamiento al horror del nazismo y el sentimiento de la necesidad de hacer algo para evitar que se volviera a producir algo así, fue lo que dio lugar a la formación de la ONU, que reemplazaba a la Sociedad de Naciones, nacida en 1919 del horror de la Primera Guerra Mundial. Después vinieron la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) también en 1945, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, la Declaración de los Derechos del Niño en 1959, y tantos otros organismos u organizaciones que hoy entran en las aulas de nuestros centros de enseñanza para ofrecer parte de esa formación integral que merece y necesita nuestra infancia.

No nos engañemos, ni los padres somos capaces por nosotros mismos de garantizar esa formación integral, ni los profesionales de la educación por sí solos. Todos somos personas imperfectas, como lo serán nuestros hijos. Pero como sociedad tenemos que buscar la perfección imposible, no la repetición fiel de nuestras imperfecciones. La sociedad tiene que buscar que los hijos no sean una copia de los padres, sino mucho mejores que ellos. Por eso desde hace ya mucho tiempo sabemos que en nuestras escuelas tenemos que educar a nuestros niños para suplir nuestras carencias y que no se trata sólo de enseñarles lengua o matemáticas, sino de enseñarles a ser mejores ciudadanos que respeten y luchen por esos derechos que creemos comunes a todas las personas y trasladables y asumibles por todas las culturas. La Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, una base de educación cívica para crear ciudadanos libres, críticos y responsables capaces de vivir plenamente en democracia no es una ocurrencia de uno u otro gobernante.

Ya en 1974 la UNESCO publicó su Recomendación sobre la Educación para la Comprensión, la Cooperación y la Paz Internacionales y la Educación relativa a los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales y han sido muchas las recomendaciones o peticiones de distintos organismos internacionales y ONGs para la inclusión de estos contenidos en los programas educativos. Hasta el Consejo de Europa hace en 2002 una Recomendación relativa a la educación para la ciudadanía democrática en la que recomienda a los estados miembros “que hagan de la educación para la ciudadanía democrática un objetivo prioritario de las políticas y reformas educativas”.

Y a partir de aquí, todas las reformas educativas, fueran de uno u otro partido, han incluido este tipo de contenidos en un mayor o menor grado, siguiendo la filosofía de que “la educación para la ciudadanía democrática abarca toda actividad educativa, formal, no formal o informal, incluida la de la familia, que permite a la persona actuar, a lo largo de toda su vida, como un ciudadano activo y responsable, respetuoso de los derechos de los demás”, como indica la recomendación del Consejo de Europa. Este fue el sentido de la Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos que el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero introdujo en el sistema educativo español en 2006. Es cierto que la LOMCE, la polémica ley del ministro José Ignacio Wert, eliminaba esta materia, pero incluso en esta ley se mantenían esos temas transversales que han impregnado el espíritu de todas las leyes educativas del período democrático actual en España.

Era este un raro consenso de la sociedad española. Es cierto que nunca ha llegado al punto que algunas organizaciones hemos pedido a nuestros gobernantes. Amnistía Internacional reclamó en su momento la introducción de educación en Derechos Humanos no solamente en la educación preuniversitaria, sino en algunos estudios universitarios como Derecho, Trabajo Social, Medicina, Enfermería, Periodismo o el Máster de Educación, entendiendo que, al menos estos profesionales, no pueden ejercer su profesión plenamente sin un mínimo de formación en derechos humanos. Amnistía Internacional publicó en 2008 su informe Las universidades españolas, a la cola de Europa en formación obligatoria en Derechos Humanos, con el que ponía de manifiesto las carencias de nuestras universidades en este sentido. Nunca hemos llegado hasta ahí, pero sí existía ese consenso hasta que el discurso del odio introducido por determinados actores políticos ha puesto sobre la mesa el veto parental.

El mal llamado PIN parental no es sino un veto parental innecesario, contraproducente y peligroso. Es innecesario porque no responde a un problema. Los datos sobre quejas o denuncias presentadas por padres hacia actividades llevadas a cabo en las escuelas demuestran que son prácticamente inexistentes y por lo tanto es innecesario porque intenta resolver un problema que no es un problema. Los centros educativos tienen instrumentos suficientes para garantizar un adecuado tratamiento de estos temas por muy sensibles que sean. En nuestros colegios e institutos cualquier actividad complementaria o extraescolar pasa por el Consejo Escolar, en el que están representados todos los componentes de la comunidad educativa, incluidos los padres. Y el servicio de inspección garantiza que cualquier mala praxis por parte de algún profesor puede ser inspeccionada y, en caso necesario, castigada.

Es contraproducente porque donde no había problema lo ha creado, porque ha sembrado la duda sobre la profesionalidad de los docentes que se encargan de trasladar esos contenidos a sus clases diarias, porque culpabiliza a expertos, muchos de ellos voluntarios con formación como docentes, que desde muchas organizaciones públicas, privadas, ONGs, cubren las necesidades formativas en los más diversos ámbitos que el propio profesorado, no digamos ya las familias, no es capaz de ofrecer por sí solo. Es también contraproducente porque la fiscalización constante del trabajo de estos profesionales de la enseñanza y de estos expertos puede provocar una autocensura que ya empieza a sentirse, porque es más fácil no hacer nada que correr el riesgo de ser el blanco de las iras de determinados sectores. Y la autocensura en este sentido dejaría a nuestros jóvenes sin una formación esencial en su formación como individuos libres, críticos, responsables y comprometidos con una sociedad más justa y democrática. Y es contraproducente porque estas actividades complementarias son obligatorias porque son necesarias. Y son necesarias porque los profesores no tienen los conocimientos suficientes necesarios para hacer llegar a nuestros jóvenes los más variados conocimientos que pueden ser educación sexual, pero también hacer frente a problemas de identidad de género, violencia sexual, drogadicción, peligros de internet, educación vial, educación en derechos humanos, educación empresarial, educación laboral, derechos de los trabajadores, derechos humanos, o cualquier otro aspecto que podamos imaginar. Y son muchos los agentes que intervienen en esas actividades: ONGs, organizaciones sindicales y empresariales, cámaras de comercio, funcionarios de prisiones y presos en programas de rehabilitación, policías, militares, guardia civil, políticos, centro de salud, médicos y enfermeros, padres y madres, exalumnos que ya han entrado en la vida laboral y, por supuesto, profesores. Porque la educación para la ciudadanía es responsabilidad de todos los ciudadanos.

Y es peligroso, muy peligroso, porque puede provocar un aumento del acoso escolar, un problema ya lo suficientemente importante en nuestro país como para que Amnistía Internacional lanzara hace poco su informe El acoso escolar en España e iniciara su campaña pupitres libres de acoso escolar. Muy peligroso porque da herramientas a un posible padre maltratador a que impida que su hija o hijo asistan a una actividad que le podría abrir los ojos, como habría sucedido hace poco en Baena; porque las relaciones entre los distintos géneros entre los jóvenes y adolescentes españoles siguen en muchos casos reproduciendo hábitos de dominación visible o invisible y tenemos que dotar a nuestras jóvenes de armas para enfrentarse a estas situaciones, porque los embarazos entre adolescentes siguen siendo un problema importante que pide que no dejemos de lado la educación sexual, porque la violencia por orientación sexual e identidad de género sigue siendo una constante en nuestros centros educativos y las familias españolas siguen reaccionando en muchos casos de la peor manera posible cuando encuentran estas situaciones en sus propios hijos; porque el veto parental podría llevarnos hasta el absurdo de que supuestos derechos de padres negacionistas, supremacistas, creacionistas, antivacunas, terraplanistas o simplemente integristas religiosos de uno u otro culto, nieguen a sus hijos la posibilidad de conocer teorías científicas como la teoría de la evolución, evidencias científicas como el valor preventivo de las vacunas y su influencia en la desaparición de algunas enfermedades, evidencias como que la tierra es redonda o simplemente la posibilidad de ser mejores personas, más empáticas y más capacitadas para vivir en una sociedad sana.

Para leer el artículo en la Voz del Sur

 

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