Segu\u00eda sin investigarse eficazmente la violenta respuesta de las autoridades a los intentos de cruzar la frontera entre Melilla y Marruecos en 2022. No avanzaron las investigaciones sobre el uso de software esp\u00eda contra figuras pol\u00edticas y miembros de la sociedad civil. Persist\u00eda la violencia de g\u00e9nero contra mujeres y ni\u00f1as. Se aprob\u00f3 una ley que eliminaba barreras de acceso al aborto. La nueva legislaci\u00f3n para garantizar el derecho a la vivienda era positiva pero no proteg\u00eda del desahucio a las personas vulnerables. Se imputaron indebidamente delitos de redacci\u00f3n imprecisa para coartar la libertad de expresi\u00f3n y de reuni\u00f3n pac\u00edfica. Se abri\u00f3 la primera causa en Espa\u00f1a relativa a la tortura en la era franquista. Las medidas adoptadas para combatir la crisis clim\u00e1tica eran positivas pero a\u00fan insuficientes.<\/p>\n\n\n\n
En julio, el gobierno aprob\u00f3 el Plan Nacional de Derechos Humanos.<\/p>\n\n\n\n
Pedro S\u00e1nchez continu\u00f3 en el cargo de presidente tras las elecciones generales de julio, despu\u00e9s de alcanzar un acuerdo parlamentario sobre una ley de amnist\u00eda que pod\u00eda afectar a cientos de personas, entre ellas Jordi S\u00e0nchez, Jordi Cuixart y otras procesadas por su participaci\u00f3n en el movimiento independentista catal\u00e1n. Al final del a\u00f1o, la ley segu\u00eda pendiente de aprobaci\u00f3n en el Parlamento.<\/p>\n\n\n\n
El Tribunal Constitucional resolvi\u00f3 a favor de una ley de 2010 que mejoraba el acceso al aborto legal.<\/p>\n\n\n\n
En julio, el Comit\u00e9 de la ONU contra la Tortura inst\u00f3 a las autoridades a realizar una investigaci\u00f3n exhaustiva e independiente sobre la fuerza ileg\u00edtima empleada por la polic\u00eda en junio de 2022 al reprimir a una multitud que intentaba buscar protecci\u00f3n en Melilla, enclave espa\u00f1ol en el norte de Marruecos. Al menos 37 personas hab\u00edan muerto y centenares m\u00e1s hab\u00edan sido expulsadas ilegalmente durante la operaci\u00f3n. La Fiscal\u00eda General cerr\u00f3 la investigaci\u00f3n sobre los hechos en diciembre de 2022 argumentando que los agentes de polic\u00eda hab\u00edan actuado conforme a la legislaci\u00f3n nacional. Seg\u00fan fuentes oficiales, nadie pudo cruzar la frontera de Melilla para solicitar asilo en 2023.<\/p>\n\n\n\n
En un informe publicado en abril sobre su visita a Espa\u00f1a en 2022, la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa se\u00f1al\u00f3 la falta de acceso a un procedimiento \u00e1gil y efectivo de asilo en todo el pa\u00eds. Muchas de las personas que lo solicitaban ten\u00edan que esperar al menos seis meses hasta su primera entrevista, tiempo durante el cual se expon\u00edan a ser expulsadas.<\/p>\n\n\n\n
Los menores no acompa\u00f1ados que llegaban a las islas Canarias eran detenidos junto a personas adultas y no recib\u00edan la suficiente protecci\u00f3n.1<\/a><\/p>\n\n\n\n En mayo, una investigaci\u00f3n realizada por el Parlamento Europeo confirm\u00f3 que se hab\u00eda utilizado el programa esp\u00eda Pegasus contra al menos 65 personas, entre las que hab\u00eda periodistas, figuras pol\u00edticas y miembros de la sociedad civil catalana. No hubo avances en la investigaci\u00f3n de al menos 13 demandas por el uso de software esp\u00eda presentadas ante varios tribunales espa\u00f1oles.<\/p>\n\n\n\n En julio, debido a la falta de cooperaci\u00f3n de las autoridades israel\u00edes, la Audiencia Nacional cerr\u00f3 provisionalmente la investigaci\u00f3n sobre el uso del programa esp\u00eda Pegasus contra el presidente, la ministra de Defensa y el ministro del Interior.<\/p>\n\n\n\n Persist\u00eda la violencia de g\u00e9nero contra mujeres y ni\u00f1as; durante el a\u00f1o, 58 mujeres murieron a manos de su pareja o expareja, y 13 m\u00e1s, a manos de otros hombres. Desde 2013, a\u00f1o en que se comenz\u00f3 a llevar un registro, 50 menores de edad hab\u00edan sido asesinados en el contexto de la violencia de g\u00e9nero contra sus madres, incluidas dos ni\u00f1as de 5 y 8 a\u00f1os en 2023.<\/p>\n\n\n\n Al t\u00e9rmino del a\u00f1o, en todo el pa\u00eds s\u00f3lo hab\u00eda cinco centros de ayuda a las v\u00edctimas de violencia sexual.<\/p>\n\n\n\n En febrero se aprob\u00f3 una ley que permit\u00eda a quienes hab\u00edan cumplido 16 a\u00f1os acceder a abortos en los servicios de salud p\u00fablica sin necesidad de obtener el consentimiento parental.<\/p>\n\n\n\n El Parlamento aprob\u00f3 en mayo la Ley por el Derecho a la Vivienda, que limitaba los precios de los alquileres, ampliaba los plazos de suspensi\u00f3n de los desahucios y proteg\u00eda el parque de viviendas sociales. Aunque fue bien recibida, la ley no inclu\u00eda sanciones para garantizar el control de los precios de los alquileres, no prohib\u00eda los desalojos de personas en riesgo de sinhogarismo ni fijaba objetivos anuales para aumentar el parque de viviendas sociales.<\/p>\n\n\n\n Las medidas temporales de suspensi\u00f3n de los desalojos de personas en situaci\u00f3n de vulnerabilidad econ\u00f3mica se prorrogaron hasta fin de a\u00f1o. Pese a ello, de enero a septiembre se llevaron a cabo 19.332 desalojos que afectaron a miles de personas que no reun\u00edan los restrictivos criterios para beneficiarse de la suspensi\u00f3n de la medida.<\/p>\n\n\n\n En el barrio de la Ca\u00f1ada Real, en la ciudad de Madrid, 4.500 personas, entre ellas 1.800 menores, segu\u00edan viviendo sin acceso a electricidad tras la desconexi\u00f3n de 2020.<\/p>\n\n\n\n En marzo entr\u00f3 en vigor una ley que proteg\u00eda los derechos de las personas LGBTI, ya que garantizaba el acceso de las personas trans a los servicios de salud y al reconocimiento legal de la identidad de g\u00e9nero basado en la autodeterminaci\u00f3n y prohib\u00eda las terapias de conversi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n En diciembre, la Asamblea de la Comunidad de Madrid aprob\u00f3 una legislaci\u00f3n regresiva que, entre otras cosas, prohib\u00eda el reconocimiento de la identidad de g\u00e9nero basado en la autodeterminaci\u00f3n y restring\u00eda las iniciativas educativas de promoci\u00f3n de los derechos LGBTI.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan datos oficiales publicados en 2023, el gasto en salud p\u00fablica en 2021 hab\u00eda disminuido un 1,5% respecto a 2020. Ocho comunidades aut\u00f3nomas tambi\u00e9n recortaron su inversi\u00f3n en atenci\u00f3n primaria de salud, mermando a\u00fan m\u00e1s la accesibilidad a estos servicios. Al informar sobre su visita en 2022, la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa se\u00f1al\u00f3 que la escasez de personal en los centros de salud p\u00fablica segu\u00eda siendo grave y pidi\u00f3 a las autoridades que destinaran m\u00e1s fondos a la atenci\u00f3n primaria.<\/p>\n\n\n\n Segu\u00edan sin investigarse efectivamente las muertes y otras violaciones de derechos humanos cometidas en residencias para personas mayores durante la pandemia de COVID-19, salvo en algunos casos excepcionales en los que las fiscal\u00edas provinciales hicieron avances.2<\/a><\/p>\n\n\n\n Persist\u00edan los motivos de preocupaci\u00f3n relacionados con el uso de armas menos letales por diversas fuerzas policiales del pa\u00eds. Por ejemplo, en junio y julio, la Polic\u00eda Nacional emple\u00f3 balas de goma para disolver una manifestaci\u00f3n en la ciudad de Vigo y result\u00f3 herido un manifestante.<\/p>\n\n\n\n Al final del a\u00f1o a\u00fan no se hab\u00eda acusado a nadie en relaci\u00f3n con la muerte de un hombre en Barcelona en noviembre de 2021 al que la polic\u00eda auton\u00f3mica hab\u00eda disparado varias descargas el\u00e9ctricas con un arma Taser, incluso cuando ya hab\u00eda sido inmovilizado.<\/p>\n\n\n\n Las autoridades continuaron usando indebidamente la Ley de Seguridad P\u00fablica para limitar en exceso la libertad de expresi\u00f3n de manifestantes y periodistas. Aunque en menor cantidad que en 2022, se siguieron imponiendo multas por faltas administrativas de imprecisa definici\u00f3n como \u201cfalta de respeto\u201d a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley o \u201cdesobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes\u201d.<\/p>\n\n\n\n Al final del a\u00f1o, ocho activistas del derecho a la vivienda continuaban en espera de juicio por la ocupaci\u00f3n pac\u00edfica de una sucursal bancaria para evitar un desalojo en 2017. Se enfrentaban a penas de hasta 38 meses de prisi\u00f3n y a una multa de 3.600 euros.<\/p>\n\n\n\n No se abrieron investigaciones a ra\u00edz de la informaci\u00f3n publicada en medios de comunicaci\u00f3n sobre agentes de polic\u00eda de inc\u00f3gnito que se hab\u00edan infiltrado en movimientos sociales empleando relaciones \u00edntimas y sexuales como tapadera. El Ministerio del Interior argument\u00f3 que esas operaciones eran actividades de inteligencia autorizadas por el gobierno y que permanec\u00edan clasificadas en virtud de la Ley de Secretos Oficiales.<\/p>\n\n\n\n Se abrieron sendas investigaciones criminales por ofensas a los sentimientos religiosos contra un periodista y una humorista por unos contenidos de car\u00e1cter pol\u00edtico-sat\u00edrico y humor\u00edstico, respectivamente.<\/p>\n\n\n\n En diciembre, el gobierno anunci\u00f3 que la concesi\u00f3n de nuevas licencias de exportaci\u00f3n de armamento y material militar a Israel hab\u00eda quedado suspendida desde octubre. Seg\u00fan datos p\u00fablicos referidos al primer semestre del a\u00f1o, durante ese periodo Espa\u00f1a hab\u00eda concedido 22 licencias de exportaci\u00f3n de armas a Israel por valor de m\u00e1s de 44 millones de euros.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan datos oficiales publicados en el a\u00f1o, se denunciaron 2.040 casos de delitos de odio en 2022, el 45,3% de ellos motivados por racismo y xenofobia.<\/p>\n\n\n\n En septiembre, Julio Pacheco declar\u00f3 en calidad de denunciante ante una jueza espa\u00f1ola dando detalles de su detenci\u00f3n y tortura en 1975 en la antigua Direcci\u00f3n General de Seguridad de la capital, Madrid. Su esposa, Rosa Garc\u00eda Alc\u00f3n, que tambi\u00e9n hab\u00eda sido detenida y torturada, compareci\u00f3 como testigo. Era la primera vez que una v\u00edctima de tortura en la dictadura de Franco declaraba como denunciante ante la justicia espa\u00f1ola.<\/p>\n\n\n\n En octubre, un juez cerr\u00f3 la investigaci\u00f3n de la denuncia presentada por Carles Vallejo en la que \u00e9ste alegaba que hab\u00eda sido torturado en la comisar\u00eda de polic\u00eda de Via Laietana de Barcelona en 1979 y 1980. Se interpuso un recurso.<\/p>\n\n\n\n El proyecto de ley de amnist\u00eda conten\u00eda algunos aspectos preocupantes en sus disposiciones, como la posible inclusi\u00f3n de casos de uso excesivo de la fuerza por la polic\u00eda y la protecci\u00f3n insuficiente de los derechos de las v\u00edctimas de delitos.3<\/a><\/p>\n\n\n\n Espa\u00f1a registr\u00f3 su tercer verano m\u00e1s caluroso y el Instituto de Salud Carlos III calcul\u00f3 que 6.799 de los fallecimientos registrados entre enero y septiembre eran atribuibles al calor. Las olas de calor combinadas con periodos prolongados de sequ\u00eda agravaron el calentamiento global y aumentaron la intensidad y propagaci\u00f3n de los incendios forestales, que arrasaron 84.939 hect\u00e1reas.<\/p>\n\n\n\n El borrador actualizado del Plan Nacional Integrado de Energ\u00eda y Clima inclu\u00eda una reducci\u00f3n planificada de las emisiones de gases de efecto invernadero de hasta un 32% antes de 2030 respecto a 1990, un objetivo muy por debajo del 43% anunciado anteriormente por el gobierno.<\/p>\n\n\n\n En junio, el Tribunal Supremo resolvi\u00f3 a favor del gobierno, demandado en 2021 por no tomar medidas suficientes respecto al cambio clim\u00e1tico. La sentencia no tuvo en cuenta las obligaciones internacionales de Espa\u00f1a en materia de derechos humanos ni la urgencia de aumentar las medidas para combatir el cambio clim\u00e1tico.<\/p>\n\n\n\n Segu\u00eda sin investigarse eficazmente la violenta respuesta de las autoridades a los intentos de cruzar la frontera entre Melilla y Marruecos en 2022. No avanzaron las investigaciones sobre el uso de software esp\u00eda contra figuras pol\u00edticas y miembros de la sociedad civil. Persist\u00eda la violencia de g\u00e9nero contra mujeres y ni\u00f1as. Se aprob\u00f3 una ley […]<\/p>\n","protected":false},"author":37,"featured_media":1674,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":"","_members_access_role":[],"_members_access_error":""},"categories":[30,34,1],"tags":[],"class_list":["post-1670","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-comunicado","category-nota-de-prensa","category-sin-categoria"],"acf":[],"yoast_head":"\nDerecho a la privacidad<\/h2>\n\n\n\n
Violencia sexual y de g\u00e9nero<\/h2>\n\n\n\n
Derechos sexuales y reproductivos<\/h2>\n\n\n\n
Derecho a la vivienda<\/h2>\n\n\n\n
Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transg\u00e9nero e intersexuales (LGBTI)<\/h2>\n\n\n\n
Derecho a la salud<\/h2>\n\n\n\n
Personas mayores<\/h2>\n\n\n\n
Uso excesivo de la fuerza<\/h2>\n\n\n\n
Libertad de expresi\u00f3n, de asociaci\u00f3n y de reuni\u00f3n<\/h2>\n\n\n\n
Transferencias irresponsables de armas<\/h2>\n\n\n\n
Discriminaci\u00f3n<\/h2>\n\n\n\n
Impunidad<\/h2>\n\n\n\n
Derecho a un medioambiente saludable<\/h2>\n\n\n\n
\n