Amnistía Internacional Castilla y León ha elaborado una serie de medidas que la Junta de Castilla y León debería tener en cuenta en la reforma de la Ley 9/2010, de 30 de agosto del derecho a la vivienda
El Área de Investigación de Amnistía Internacional Castilla y León ha elaborado una lista de recomendaciones para la reforma de la Ley del derecho a la vivienda.
En este documento, proponemos una serie de medidas a tener en cuenta en la modificación de la Ley 9/2010, de 30 de agosto del derecho a la vivienda de la Comunidad de Castilla y León que está siendo tramitada por la Junta de Castilla y León.
Para Amnistía Internacional es fundamental que, en virtud de los compromisos internacionales de protección de los derechos humanos adquiridos por España, y, por tanto, por sus Comunidades Autónomas, la nueva ley que se desarrolle incorpore un claro enfoque de derechos humanos. De este modo, debe tenerse en cuenta de manera prioritaria:
- Que las políticas públicas en materia de vivienda garanticen la accesibilidad efectiva del derecho a la vivienda para todas las personas que viven en Castilla y León, sin discriminación alguna, promoviendo un avance progresivo en dicha accesibilidad.
- Aseguren que la Administración regional conoce la verdadera necesidad de vivienda de protección social en Castilla y León para adaptar el alcance de las medidas y que sean adecuadas para paliar estas necesidades.
- Fijen mecanismos efectivos de coordinación entre las diferentes administraciones públicas implicadas para que todas las personas en la Comunidad de Castilla y León con necesidades de vivienda — en particular, aquellas pertenecientes a colectivos especialmente vulnerables y en riesgo de exclusión social— puedan ser identificadas y acceder a una vivienda en condiciones de igualdad.
- Promuevan la ampliación del Parque Público de Alquiler Social de Castilla y León.
- Regulen la situación de la vivienda de alquiler social garantizando la existencia de un registro adecuado de las viviendas disponibles para detectar la vivienda desocupada y evitar así el aumento de la misma.
- Evalúen los requisitos vigentes en el acceso a ayudas públicas para alquiler social, de manera que se asegure la efectividad del derecho de acceso a una vivienda digna y que ninguna persona que la necesite queda excluida.
- Aseguren que todas las personas puedan disponer de una alternativa habitacional adecuada, estableciendo mecanismos para que, en caso necesario, las administraciones públicas se la proporcionen a quienes no puedan acceder a ella por otros medios.
- Por último, que garanticen que toda iniciativa, plan, etc. sobre vivienda social en Castilla y León sea elaborado con la participación de todos los sectores afectados (asociaciones de afectados, de defensa del derecho a la vivienda, etc.).
Aquí puedes leer el documento completo de las Recomendaciones para la reforma de la Ley 9:2010.
