Recomendaciones para la Ley de Garantías de Atención a las Personas con Discapacidad en Castilla y León

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León ha anunciado su intención de tramitar, aprobar y presentar en las Cortes un Proyecto de Ley de Garantías de Atención a las Personas con Discapacidad a lo Largo de su Vida. Desde Amnistía Internacional saludamos cualquier iniciativa dirigida a mejorar el nivel de protección de los derechos de las personas discapacitadas, pero recordamos que este tipo de normativas han de cumplir los estándares internacionales de derechos humanos en la materia y en las obligaciones adquiridas por el Estado español en relación con los mismos.

Para Amnistía Internacional, solamente una legislación que incorpore plenamente el enfoque de derechos humanos, y que garantice los derechos de todas las personas con discapacidad, puede satisfacer las necesidades de este colectivo. Por ello, desde Amnistía Internacional Castilla y León hemos hecho llegar a la Junta, a través de su portal de participación, una serie de recomendaciones a tomar en consideración para incorporar, de manera efectiva, un enfoque de derechos humanos que, en el texto actual, no aparece de forma clara.

Estas observaciones al Anteproyecto de Ley de Garantías de Atención
a las Personas con Discapacidad a lo Largo de su Vida también se han enviado al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, al vicepresidente, Francisco Igea, y a la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, M aría Isabel Blanco Llamas.

Las recomendaciones son las siguientes:

1. Vincular el contenido de la Ley con la estrategia o plan de acción de promoción de los derechos de las personas con discapacidad y con los presupuestos. Para que los principios y objetivos incluidos en el anteproyecto garanticen lo derechos a las personas han de traducirse en indicadores y acciones concretas dotados de recursos.
   
   
2. Hacer justificables los derechos de las personas con discapacidad. La ley contiene una falta de justiciabilidad de los derechos que constituye una grave deficiencia en la protección de los mismos.
   
   
3. Asegurar la coordinación intersectorial, incorporando procedimientos detallados de coordinación. Resulta esencial que esta normativa asegure que en su ámbito territorial todas las políticas y actuaciones dirigidas a asegurar derechos a las personas con discapacidad alcanzan el suficiente grado de coordinación y en todos los casos incorporan efectivamente el enfoque de derechos humanos.
   
   
4. Asegurar que las entidades privadas asumen también el enfoque de derechos humanos en sus actuaciones, incorporando mecanismos de rendición de cuentas a tal efecto. En un ámbito como el de la atención a personas con discapacidad, en el que numerosas funciones y actividades han sido asignadas a empresas, organizaciones no gubernamentales o asociaciones, es preciso establecer mecanismos de supervisión y rendición de cuentas que permitan asegurar que tales funciones y actividades se llevan a cabo satisfactoriamente, desde el punto de vista de la protección de los derechos.
   
   
5. Incorporar procesos de participación de la sociedad civil y, en particular, de las propias personas con discapacidad y de sus organizaciones representativas. De acuerdo a las recomendaciones internacionales, consideramos que deben incorporarse procedimientos de participación efectiva (actualmente no previstos) de los actores de la sociedad civil en el diseño y ejecución de las políticas en ella establecidas. Y, en especial, procedimientos que aseguren la participación de las propias personas con discapacidad en dichas políticas.
   
   
6. Fijar indicadores, lo más concretos posibles, que permitan concretar los principios y objetivos establecidos en la Ley y evaluar su implementación. Una de las mayores deficiencias del anteproyecto es la falta de indicadores concretos que permitan evaluar los resultados. En este sentido, se deberían establecer en materia de vivienda social, en cuanto gasto en atención directa, sobre servicios que se pretenden proporcionar, acerca de mecanismos de coordinación interadministrativa que se pretenden implementar o sobre número de personas atendidas, por ejemplo.
   
   
7. Establecer compromisos presupuestarios, que hagan realmente viables las políticas que se pretenden poner en marcha. Este texto no incluye referencia alguna a los medios de que se va a disponer para llevar a la práctica las políticas propuestas. Una ausencia que resulta preocupante al no permitir asegurar que los objetivos y políticas que se pretenden establecer vayan a ser efectivamente posibles.
   
   
8. Incorporar objetivos de formación y capacitación de profesionales, que incluyan contenidos específicos de derechos humanos. Cualquier estrategia dirigida a proteger los derechos de las personas con discapacidad debería incluir programas de formación, que incluyan en todo caso un importante componente de derechos humanos.
   
   
9. Establecer procedimientos de evaluación de las políticas y estrategias, que sean participativos y que permitan extraer aprendizajes. La evaluación es el final necesario de cualquier estrategia de protección y promoción de los derechos humanos. Debe ser participativa e implicar en su realización a todos los actores: administraciones y sociedad civil. Y, muy particularmente, ha de fomentar la participación de las propias personas con discapacidad y sus organizaciones.
   
   
10. Incorporar las recomendaciones que el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha realizado a España. Amnistía Internacional apunta a que la Junta de Castilla y León haga una revisión de las recomendaciones de mejoras en las políticas del Estado español de protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad para que incorpore el contenido pertinente al anteproyecto.

Aquí puedes leer el documento completo de las Recomendaciones sobre el Anteproyecto de Ley de Garantías de Atención a las Personas con Discapacidad a lo Largo de su Vida.