Amnistía Internacional presentó el pasado mes de enero un informe titulado “Garantizar a las personas mayores en residencias una atención adecuada durante la pandemia”. En él, han quedado reflejadas una serie de recomendaciones para los gobiernos sobre cómo llevar esta situación, también para Castilla y León.
A fecha 18 de diciembre de 2020, 48.926 personas han fallecido por COVID-19 en España según datos del Ministerio de Sanidad. De ellas, se estima que entre el 47 y el 50 % falleció en residencias de personas mayores.
De acuerdo con la investigación realizada por Amnistía Internacional, en general, las medidas adoptadas por las autoridades españolas para responder a la pandemia COVID-19 han sido inadecuadas y han vulnerado los derechos humanos de las personas mayores que vivían y viven en residencias; en concreto, el derecho a la salud, a la vida y a la no discriminación. No solo eso, sino que las decisiones de las autoridades han impactado también en el derecho de las personas residentes a la vida privada y familia. En base a esta investigación, desde Amnistía Internacional efectuamos una serie de recomendaciones a la Junta de Castilla sobre personas mayores en residencias y COVID-19.
En efecto, tal y como documenta detalladamente el informe Abandonadas a su suerte. La desprotección y discriminación de las personas mayores en residencias durante la pandemia COVID-19 en España, Amnistía Internacional ha constatado que durante el pico de la primera ola de la pandemia el personal de las residencias no contó con la protección adecuada ni acceso oportuno a test, lo que produjo contagios y dificultades para poder implementar las directrices que se recibían de las diferentes instituciones (cuando estas eran adecuadas).
Lamentablemente, no se trata de cuestiones que ya estén superadas y, de hecho, de no adoptarse medidas efectivas y respetuosas de los derechos humanos de las personas mayores, podrían volver a repetirse en el futuro ante los riesgos de alta presión asistencial, como la denegación de atención sanitaria adecuada o medidas de restricción de las visitas de forma desproporcionada, entre otras.
De acuerdo con la información proporcionada por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, a fecha 20 de diciembre de 2020, 7.743 personas han fallecido por COVID-19 en Castilla y León. De ellas, 7.509 (es decir, el 96,9 %) eran mayores de 60 años. De las que hasta 3.653 (47% de las personas fallecidas) eran personas que vivían en residencias.
Las recomendaciones formuladas a continuación son especialmente relevantes para evitar que se repitan los errores de la primera ola, aunque lamentablemente la situación sigue siendo muy preocupante. En un informe del 12 de noviembre, el Ministerio de Sanidad señalaba que “los brotes de mayor tamaño continúan ocurriendo en residencias de mayores, algunos con más de 100 casos”, habiéndose notificado en una semana 124 brotes con 1.765 casos en residencias de mayores.
La especial incidencia del virus en las residencias y la situación de vulnerabilidad de las personas mayores revelan la necesidad de que las autoridades continúen adoptando medidas de prevención, detección, control y vigilancia de la COVID-19, a fin de garantizar el acceso de los residentes a una atención sanitaria adecuada y sin sufrir discriminación. Por ello, Amnistía Internacional insta a todas las autoridades del Estado español, y en particular a la Junta de Castilla y León, a cumplir con sus obligaciones internacionales en la materia. Y, en concreto, la organización recomienda:
Al Gobierno de Castilla y León
Recomendaciones inmediatas
- Asegurar que las decisiones médicas se basen siempre y únicamente en evaluaciones clínicas individualizadas, de necesidad, criterios éticos y sobre la mejor evidencia científica disponible.
- Garantizar la disponibilidad de pruebas de detección regulares (PCR) a quienes visitan las residencias, así como al personal y a la población residente.
- Garantizar que las residencias proporcionen medios de protección individual a todo el personal, residentes y visitantes.
- Garantizar que el régimen de las visitas a residencias considere prioritario el interés superior de las personas mayores residentes en el centro, dote de los recursos humanos y materiales suficientes y asegure que las restricciones se basan en evaluaciones de riesgos individualizadas, teniendo presentes todas las medidas posibles para mitigar los riesgos, como realizar pruebas de detección con mayor frecuencia al personal, la población residente y las visitas.
- Impulsar la creación de un mecanismo adecuado para evaluar la capacidad de las residencias para llevar a cabo una prevención y control adecuados de la infección, incluyendo su capacidad para aislar de forma adecuada a residentes, de ser necesario, y para limitar el movimiento del personal entre residencias, y proporcionar atención adecuada a residentes con COVID-19 y otros residentes.
- La representación y participación adecuadas de las personas mayores en el sector de servicios sociales, dependencia, salud y residencias en la planificación y procesos de toma de decisiones relacionadas con asuntos que les afectan.
Recomendaciones a adoptar en el medio y largo plazo
- Desarrollar políticas públicas adecuadas para la gestión de la pandemia, garantizando los derechos de las personas mayores, incluido el derecho humano a la salud, realizando para ello consultas con la sociedad civil, familiares y residentes.
- Garantizar el derecho a la salud, que incluye acceso total e igualitario para todas las personas mayores de las residencias a los servicios del sistema de salud y, en concreto, tomar medidas contra cualquier incidente de discriminación contra las personas mayores en las decisiones sobre atención médica, triaje y terapias que salvan vidas.
- Recoger y proporcionar datos sobre las personas mayores en residencias con un análisis de género, edad y discapacidad de los mismos. Estos datos deben ser utilizados para desarrollar las políticas públicas adecuadas para la gestión de la pandemia, garantizando los derechos de las personas mayores, incluido el derecho humano a la salud.
- Revisar el sistema de inspecciones de centros residenciales de personas mayores, para asegurar que la actuación inspectora se lleva a cabo de manera efectiva para velar por el respeto de los derechos de las personas residentes.
- Dar cumplimiento de manera efectiva a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y priorizar en la asignación de recursos la inversión en la atención primaria, reforzando así su capacidad de asistencia, a través de la contratación de más recursos humanos y medios materiales.
- Asegurar que las residencias estén facultadas para desarrollar protocolos de visitas que respeten y cumplan con los derechos humanos de las personas mayores residentes y que les dan voz y agencia, a sus familias y/o sus tutores legales, y que se garantice la seguridad de los residentes, visitantes y personal.
Al Ministerio Fiscal
- Garantizar que las Fiscalías velan por el respeto máximo de los derechos humanos de las personas en residencias e impulsando, cuando corresponda, investigaciones.
A las Cortes de Castilla y León
- Impulsar la tramitación de una ley, con perspectiva de derechos humanos y de género, en línea con los estándares internacionales, que establezca un modelo residencial que garantice los derechos de las personas residentes.
