Desde el Ayuntamiento de Burgos se ha dado una respuesta ambigua que mantiene en duda cuestiones muy importantes sobre los mecanismos de control y transparencia necesarios en relación a la tenencia y uso de este tipo de armas
Desde Amnistía Internacional Castilla y León se envió una notificación, en la que se planteaban varias cuestiones, a los ayuntamientos de la región cuyas policías locales tienen en posesión armas táser: Toral de los Vados (León), Aguilar de Campoo (Palencia) y Burgos. Varios meses después, el Ayuntamiento de Burgos ha enviado la contestación, aunque no responde a las cuestiones planteadas en la carta.
Burgos ha confirmado a Amnistía Internacional Castilla y León la posesión de este tipo de armamento, según su respuesta su policía local cuenta con un dispositivo táser, pero no concretan ni la marca, ni el modelo; también asegura que, de momento, no se ha utilizado. Al resto de preguntas no se ha respondido: no se ha especificado cuáles son las unidades policiales que van a tener este dispositivo como equipamiento, ni si han recibido o está planeado que reciban algún tipo de formación. Tampoco se ha aclarado si cuentan con protocolos de uso y, de haberlos, si se harán públicos o si hay previstos mecanismos para evaluar su utilización y para garantizar una rendición de cuentas tras su posible utilización. Ante esta falta de concreción, Amnistía Internacional Castilla y León ha vuelto a ponerse en contacto con el consistorio de la capital burgalesa insistiendo en las preguntas previamente formuladas sobre este tipo de armamento.
Amnistía Internacional Castilla y León quiere advertir sobre la posibilidad de adquisición y el uso de armas táser por parte de los ayuntamientos de Castilla y León con servicio de policía municipal. Por ello, se han enviado cartas a todos los municipios de Castilla y León que cuentan con policía local, no solo a Toral de los Vados (León), Aguilar de Campoo (Palencia) y Burgos, de quienes sí hay conocimiento oficial de posesión de armamento de electrochoque. Desde Toral de los Vados ya se recibió contestación, aunque la respuesta fue similar a la del consistorio burgalés, dejando en duda si se cuentan con unos protocolos que garanticen un uso proporcionado de este tipo de armas. Por parte del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo también se recibió contestación, dando una respuesta más detallada a la información que se les requería.
Las armas de electrochoque, conocidas popularmente como armas táser, aunque son armas catalogadas como menos que letales pueden causar graves daños o incluso la muerte. Aparte del dolor extremo al impacto que suponen las armas de electrochoque y de las lesiones secundarias que pueden derivarse de la caída al suelo de la persona, hay perfiles de personas que, por determinadas condiciones físicas, son más vulnerables frente a este tipo de armas (personas mayores, niños, embarazadas, personas con problemas cardíacos o respiratorios, personas bajo la influencia de ciertos medicamentos o drogas, etc), incluyendo la muerte de algunas personas. Además, los dardos pueden causar lesiones penetrantes en la piel, los ojos, la cabeza y los órganos internos, que pueden llegar a ser graves.
Aunque Amnistía Internacional no se opone a que este tipo de armas de electrochoque puedan formar parte de la equipación de algunos cuerpos policiales, debido a las consecuencias que tiene su empleo, la organización sí tiene algunas preocupaciones en relación a su uso y el respeto a los derechos humanos, por lo que se pide que estén sujetas al mismo criterio que se aplica al uso de armas de fuego, debido a los riesgos que pueden tener sobre la integridad física y mental de la persona sobre la que se emplean.
Desde Amnistía Internacional se considera que si este tipo de armas terminan por formar parte del armamento de las policías municipales deben elaborarse protocolos públicos para su uso y garantizar que los agentes policiales que vayan a utilizarlas estén debidamente formados en su utilización y riesgos, así como en las precauciones que deben tomarse para evitarlos.
Asimismo, debe garantizarse el establecimiento de mecanismos de rendición de cuentas tanto a nivel interno (como la elaboración periódica de informes públicos sobre los incidentes en los que hayan sido utilizadas) como a nivel externo. En este sentido, desde Amnistía Internacional llevamos tiempo reclamando la necesidad de un mecanismo independiente de investigación, labor que ha promovido la aprobación reciente en la Comisión de Interior del Congreso de la Proposición No de Ley para limitar el uso de este tipo de armas. Una proposición que insta al Gobierno a seguir con la elaboración de protocolos públicos de cualquier arma de electrochoque, garantizando la formación adecuada de los agentes policiales tanto en las consecuencias que puede tener su uso como en el respeto de los derechos humanos.
