Las situaciones de vulneración de derechos humanos sucedidas durante la pandemia en los centros residenciales de la región han de ser investigadas y deben depurarse las responsabilidades que correspondan
Ante la negativa del Partido Popular y Ciudadanos a crear una comisión de investigación sobre la gestión de la covid-19 en estos centros, Amnistía Internacional recuerda a la Junta de Castilla y León que es necesario investigar y esclarecer lo sucedido en las residencias de mayores durante la pandemia, así como llevar a las personas responsables ante la justicia.
Durante la pandemia, las medidas adoptadas por las autoridades españolas para responder a la crisis sanitaria provocada por la covid-19 han sido inadecuadas y han vulnerado los derechos humanos de las personas mayores que vivían y viven en residencias, concretamente el derecho a la salud, a la vida y a la no discriminación. Además, las decisiones de las autoridades también han impactado en el derecho de las personas residentes a la vida privada y familiar, como se constata en el informe de Amnistía Internacional “Abandonadas a su suerte. La desprotección y discriminación de las personas mayores en residencias durante la pandemia covid-19 en España”.
A pesar de los resultados positivos alcanzados por el avance de la campaña de vacunación, no se debe olvidar la situación de vulnerabilidad de las personas mayores, muchas veces aquejadas de otras patologías, lo que prima la necesidad de que las autoridades continúen adoptando medidas de prevención, detección, control y vigilancia de la covid-19 con la finalidad de garantizar el acceso de los residentes a una atención sanitaria adecuada y sin sufrir discriminación. Situaciones límite como las vividas en el último año ponen de relieve la necesidad de repensar el modelo residencial actual. Tampoco se puede obviar que el exceso de celo (en algunos casos por falta de protocolos específicos) aplicado en algunas residencias también puede estar vulnerando los derechos de las personas residentes (como ha sido la imposición de aislamiento total tras salir al exterior).
Por otro lado, esta investigación de Amnistía Internacional también revela que, durante el pico de la primera ola de la pandemia, el personal de las residencias no contó con la protección adecuada ni acceso oportuno a test, lo que produjo contagios y dificultades para poder implementar las directrices que se recibían de las diferentes instituciones (cuando estas eran adecuadas). La inexistencia de datos sobre el personal afectado no permite conocer el impacto real de la covid-19 entre los profesionales de las residencias, aunque Amnistía Internacional ha podido documentar que, en los momentos más críticos de la pandemia, entre marzo y abril de 2020, hubo centros donde más del 50% del personal estaba de baja.
Según datos del portal de Transparencia de la Junta de Castilla y León, desde el inicio de la pandemia, en nuestra región han fallecido en hospitales 1.889 residentes y 2.173 personas en los propios centros residenciales. A pesar de que la falta de recursos durante la primera ola hace imposible hacer un seguimiento real de todos los casos, el informe anual de 2020 del Procurador del Común, presentado hace unas semanas, vincula la alta mortalidad registrada en estos centros con la limitación en las derivaciones a los hospitales de la Comunidad.
Ante esta realidad de vulneración de derechos, Amnistía Internacional insiste en la necesidad investigar y esclarecer qué ha sucedido en las residencias de mayores de nuestra región durante la pandemia y llevar ante la justicia a las personas responsables. Ninguna emergencia sanitaria justifica ni la violación de derechos humanos ni el abandono que sufrieron las personas mayores en residencias y, para evitar que esto suceda, desde Amnistía Internacional Castilla y León trasladamos a la Junta de Castilla y León una serie de recomendaciones para garantizar una atención adecuada en las residencias de mayores de nuestra Comunidad.
