La atención primaria, las residencias de personas mayores, los centros de atención 24h para víctimas de violencia sexual y el derecho a la vivienda son los temas que desde Amnistía Internacional se cree que deben ser centrales en la próxima legislatura.
Amnistía Internacional Castilla y León se ha puesto en contacto con los candidatos a la presidencia de la Junta, de los partidos políticos con representación en las Cortes, para exponer las preocupaciones en materia de protección y promoción de los derechos humanos en la Comunidad Autónoma que la organización considera más relevantes y sobre las que se tiene la esperanza de poder trabajar durante la próxima legislatura una vez que dé comienzo. Los candidatos a los que se han enviado las correspondientes cartas son:
- Alfonso Fernández Mañueco (PP)
- Luis Tudanca Fernández (PSOE)
- Francisco Igea Arisqueta (Ciudadanos)
- Juan García-Gallardo Frings (Vox)
- Pablo Fernández Santos (Unidas Podemos)
- Luis Mariano Santos Reyero (UPL)
- Pedro Pascual Muñoz (Por Ávila)
Desde Amnistía Internacional se considera que las comunidades autónomas, y en este caso particular Castilla y León, son partes constitutivas del Estado español, lo que las dota de competencias y de responsabilidades políticas a la hora de garantizar la protección y la promoción de los derechos humanos de todas las personas en su ámbito territorial. Además, de tener la obligación de realizar una contribución efectiva a la promoción y protección de los derechos humanos en el resto del mundo.
En las cartas que se han enviado de manera personal a cada uno de los candidatos se quiere incidir, principalmente, sobre cinco temas que afectan de forma más directa a nuestra Comunidad Autónoma:
- Violencia contra las mujeres: centros de atención a las víctimas de violencia sexual abiertos 24 horas al día todos los días. Amnistía Internacional pide a la Comunidad Autónoma de Castilla y León que se comprometa a crear estos centros, ubicando al menos uno en cada provincia de la Comunidad. Según el Convenio de Estambul, aprobado en 2011 y en vigor desde 2014, la creación de este tipo de centros es una necesidad que en el caso español no se cumple, en todo el territorio nacional solo existen dos centros 24 horas y ninguno de ellos se encuentra en nuestra comunidad autónoma.
- Derechos humanos de las personas mayores en residencias. De acuerdo con la investigación realizada por Amnistía Internacional, en general, las medidas adoptadas por las autoridades españolas para responder a la pandemia COVID-19 han sido inadecuadas y han vulnerado los derechos humanos de las personas mayores que vivían y viven en residencias, en concreto, el derecho a la salud, a la vida y a la no discriminación, así como un impacto serio en su derecho a la vida privada y familiar. Desde Amnistía Internacional se pide que se adopten medidas que garanticen a estas personas una atención sanitaria de calidad y un régimen de visitas que respete los derechos a la vida privada y familiar. Además, se solicita que se impulse una investigación independiente para saber en qué medida el acceso de las personas mayores de residencias a servicios de salud, servicios médicos generales y atención hospitalaria estaba sujeta a restricciones indebidas durante la pandemia.
- Sanidad: atención primaria. Para la atención primaria, los últimos años de austeridad y de deficiente gestión sanitaria han supuesto «otra pandemia» que, sumada a la de COVID-19, ha dejado al descubierto lo que ya era el eslabón más frágil del debilitado sistema de salud español. Amnistía Internacional considera que el derecho a la salud se ha vulnerado durante la pandemia. Las causas no se encuentran únicamente en una situación coyuntural derivada de la actual emergencia sanitaria, sino en cuestiones estructurales que tienen que ver con un sistema infradotado en términos materiales y humanos, con una inversión alejada de la que tienen otros países europeos. Por ello, es más necesario que nunca el incremento urgente de la inversión en ese pilar fundamental del sistema público de salud.
- Derecho a la vivienda: asegurar la accesibilidad del derecho para todas las personas. Amnistía Internacional recomienda que se asegure que la Comunidad Autónoma disponga de canales adecuados para que todas las personas con necesidades de vivienda (en particular, aquellas pertenecientes a colectivos especialmente vulnerables) puedan ser identificadas y acceder a ayudas públicas. También, que se evalúen los requisitos exigidos para el acceso a ayudas públicas para compra y alquiler, de manera que se asegure que ninguna persona con necesidades quede excluida; la promoción de una política más ambiciosa de creación de un parque de vivienda pública, con un registro adecuado de las viviendas disponibles (evitando el crecimiento del número de viviendas vacías) y sistemas que permitan que las personas que las necesiten puedan acceder a ellas. Y, por último, que se garantice la existencia de protocolos de actuación en casos de desahucio (sea por impago hipotecario o por alquileres) que permitan asegurar que toda persona desahuciada disponga de una alternativa habitacional adecuada.
- Acción exterior: promover los derechos humanos en todo el mundo y apoyar a defensoras y defensores de derechos humanos. Aunque no es una competencia autonómica, desde las Autonomías sí se tiene una política de presencia internacional que, en diversos aspectos, incluye frecuentes contactos con otros estados. Por ello, en opinión de Amnistía Internacional, también las autoridades autonómicas han de asumir su parte de responsabilidad en la tarea de contribuir a la promoción y protección de los derechos humanos en aquellos estados con los que mantienen algún género de relación. Además, todos los partidos y candidaturas deberían comprometerse a apoyar en las Cortes de Castilla y León todas las iniciativas enfocadas a promover los derechos humanos en todo el mundo y a apoyar a defensoras y defensores de los derechos humanos.
Amnistía Internacional espera que todas las candidaturas a la presidencia de la Junta de Castilla y León compartan el interés por abordar estos temas y por resolver los desafíos que presentan para conseguir la mejor protección posible de los derechos humanos en nuestra comunidad y que algunas de estas ideas puedan incorporarse a las propuestas y compromisos de la próxima legislatura.
