A principios de julio comenzó la X Legislatura en la Asamblea de Extremadura; mientras, se han ido constituyendo los diferentes ayuntamientos en nuestra región. Y en AMNISTÍA INTERNACIONAL seguimos trabajando por los Derechos Humanos y recordando a autoridades y personas electas de los diferentes partidos que la defensa y protección de los Derechos Humanos tienen […]
De DEb 109 – Obra propia, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14716625
A principios de julio comenzó la X Legislatura en la Asamblea de Extremadura; mientras, se han ido constituyendo los diferentes ayuntamientos en nuestra región. Y en AMNISTÍA INTERNACIONAL seguimos trabajando por los Derechos Humanos y recordando a autoridades y personas electas de los diferentes partidos que la defensa y protección de los Derechos Humanos tienen que formar parte de sus agendas políticas.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos afirma que “todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y en derechos” y esa idea debería ser la que rigiera toda actividad política, legislativa y judicial. Sin embargo, vemos cómo algunos líderes menoscaban este principio para conseguir votos; fomentan el machismo, la misoginia, la xenofobia y la homofobia atentando contra la base de los Derechos Humanos.
Desde Amnistía Internacional queremos mostrar nuestra preocupación ante esta situación y animar a los nuevos gobiernos locales y al autonómico a asumir la defensa de los Derechos Humanos como eje de su acción de gobierno; esta nueva legislatura debe servir para consolidar y blindar los valores presentes en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por eso hemos enviado al Presidente de la Junta de Extremadura, a la Presidenta de la Asamblea, a los y las representantes elegidos de los diferentes partidos y a las alcaldesas y alcaldes las Doce prioridades en materia de Derechos Humanos que deberían regir sus futuras actuaciones. Aquí están:
- Abogar por la adopción, a nivel estatal, de un Plan Nacional de Derechos Humanos con vocación de continuidad y enriquecimiento, y que incluya medidas concretas, objetivos claros,indicadores medibles y plazos para cada una de las medidas establecidas, así como mecanismos de seguimiento y evaluación transparentes y que faciliten el control por parte tanto de la sociedad civil como de las fuerzas parlamentarias.
- Mantener una política abierta hacia la sociedad civil con reuniones periódicas y un diálogo continuado que tenga por objetivo el desarrollo legislativo y la puesta en práctica de medidas e iniciativas tendentes a la promoción, la protección y el respeto de los derechos humanos.
- En la acción exterior, la defensa de los derechos humanos tiene que ser un interés autonómico a perseguir con las autoridades de otros países en los que se cometen graves violaciones de derechos humanos, asegurando su incorporación en las agendas políticas, su tratamiento en todos sus encuentros bilaterales así como en el marco de los acuerdos y convenios alcanzados.
- Impulsar iniciativas en relación con los principales retos globales en materia de derechos humanos. Como por ejemplo, promover declaraciones institucionales que aborden respuestas directas ante desafíos universales en el ámbito de los derechos humanos como, en particular, los derechos de las mujeres en el mundo, la abolición de la pena de muerte y la libertad de expresión.
- Promover iniciativas de reconocimiento y apoyo público a la labor de los defensores y las defensoras de derechos humanos en el mundo, así como de apoyo a las personas víctimas de violaciones de derechos humanos. A tal fin, por ejemplo, elevar peticiones de apoyo a defensores y víctimas a las embajadas de sus países de origen. Con especial atención a determinados colectivos vulnerables como son las mujeres víctimas de violencia de género, violencia sexual y de trata, la infancia, los presos de conciencia y las personas LGBTI.
- Acometer acciones por titulares de derechos como por ejemplo, asumir un compromiso con los derechos de las personas migrantes y refugiadas que huyen del conflicto, la guerra y la persecución, especialmente aquellas que se encuentran en una situación especial de vulnerabilidad como los/as menores extranjeros/as no acompañados/as (MENA), o mujeres víctimas de violencia de género, incluida las víctimas de trata, entre otras, facilitando una adecuada acogida e impulsando vías legales y seguras.
- Promover y garantizar el respeto y la protección del derecho a la salud, garantizando el acceso al sistema sanitario de todas las personas, sin discriminación. A tal efecto, han de eliminarse las restricciones de acceso a la atención sanitaria de las personas migrantes como consecuencia de su situación administrativa.
- Garantizar la realización efectiva del derecho a una vivienda adecuada, asequible y accesible, configurando el acceso a la vivienda no como un bien de consumo sino como un derecho de naturaleza social. En particular, ha de ponerse fin a los desalojos forzosos y desarrollar de manera urgente legislación autonómica en materia de vivienda social.
- Asegurar que la formación en derechos humanos constituye un componente esencial de la preparación de las policías locales. Introducir principios y normas de derechos humanos en los protocolos e instrucciones dirigidos a los agentes, incluyendo aquellos que regulen expresamente el uso de la fuerza en manifestaciones. Establecer mecanismos internos y externos para la investigación exhaustiva, imparcial y efectiva de las denuncias por uso excesivo de la fuerza, incoándose cuando proceda los pertinentes procedimientos disciplinarios.
- Combatir la violencia de género, incluida la violencia sexual y la trata promoviendo la formación especializada de los profesionales del ámbito sanitario, policial y judicial, dotándoles de la suficiente preparación en materia de información, atención y trato a las víctimas. Habilitar los recursos especializados suficientes tales como los centros de crisis para que las víctimas de violencia sexual puedan obtener protección, atención y acceso a justicia de forma efectiva, alcanzando el compromiso de no emprender más recortes presupuestarios en este ámbito. Garantizar la disponibilidad, accesibilidad y calidad de la asistencia letrada a las víctimas de violencia de género, y violencia sexual.
- Asumir un rol activo en las labores de localización, exhumación, identificación de los restos mortales de víctimas de desaparición forzada durante la Guerra Civil y el franquismo, y su devolución a los/as familiares; impulsar medidas de apoyo y asistencia a las víctimas de sustracción de recién nacidos, y/o sustitución de su identidad, entre otras, estableciendo mecanismos de que posibiliten a estas personas el acceso a archivos y a conseguir documentación referente a sus procedimientos de adopción. Además, promover normativa autonómica que garantice la verdad, justicia y reparación de las víctimas y sus familiares.
- Garantizar que la normativa autonómica de educación, en el porcentaje del currículo correspondiente a las Comunidades Autónomas, incluye contenidos de derechos humanos. Asegurar asimismo contenidos de derechos humanos en la formación permanente del profesorado y del personal no docente de los centros educativos. Adoptar medidas efectivas contra el acoso escolar, incluyendo programas de ayuda entre iguales obligatorios en todos los centros educativos.
Porque los Derechos Humanos deben ser el mantra que ilumine cada actuación política, porque los Derechos Humanos son de todos y de todas.
Artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos:
TODOS LOS SERES HUMANOS NACEN LIBRES E IGUALES EN DIGNIDAD Y DERECHOS
