Amnistía Internacional Extremadura (AIEX) organizó el miércoles 14 de abril un seminario web acerca del derecho a las vacunas para combatir la covid-19 en todo el mundo. Tuvo por título “Un pinchazo justo. Acceso universal al diagnóstico, tratamiento y vacuna de la covid-19” y fue impartido por el activista Juan Carlos Martín Araújo, que trabaja […]
Amnistía Internacional Extremadura (AIEX) organizó el miércoles 14 de abril un seminario web acerca del derecho a las vacunas para combatir la covid-19 en todo el mundo. Tuvo por título “Un pinchazo justo. Acceso universal al diagnóstico, tratamiento y vacuna de la covid-19” y fue impartido por el activista Juan Carlos Martín Araújo, que trabaja como médico de atención primaria en un centro de salud de Mérida y es también el coordinador del equipo de comunicación de AIEX.
Durante la primera parte, el doctor Martín expuso algunas cifras sobre la situación epidemiológica y la progresión de la vacunación en Extremadura, en España y en el mundo. Así, entre los datos ofrecidos acerca del coronavirus y los derechos humanos en el mundo se encuentran los 136 millones de personas de 191 países que han contraído ya el SARS-CoV-2 y los casi 3 millones de muertos que ha provocado. Planteó cómo los intentos de los gobiernos por contener la pandemia han dado lugar a restricciones de la libertad de circulación y de expresión e incidió especialmente en los efectos socioeconómicos derivados, que han aumentado y agravado las desigualdades existentes, y que han afectado sobre todo a las poblaciones históricamente marginadas, con un recrudecimiento de la pobreza.
Hasta el momento se han notificado en España unos 3,3 millones de casos de coronavirus y más de 76.000 fallecidos, según datos oficiales, mientras que en Extremadura las cifras oscilan entre los casi 72.000 positivos y más de 1.700 personas fallecidas. Juan Carlos Martín recordó uno de los peores momentos en Extremadura, que tuvo lugar en torno al 21 de enero pasado, “un día dramático, con mucho trabajo en la atención primaria y con la incidencia acumulada disparada en la región”.
Tras explicar algunos rasgos de las cuatro principales vacunas para combatir la covid-19 (Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen), puso sobre la mesa algunos datos, a fecha 13 de abril, sobre el avance de la vacunación en España y que indican más de 11 millones de vacunas suministradas, el 81,5% de las recibidas, mientras que un 6,63% de la población en nuestro país tiene la vacuna completa (el 8% en Extremadura, donde el 20% tiene al menos una dosis). A nivel internacional, la progresión de la vacuna está muy vinculada con el nivel de PIB del territorio, con Estados Unidos, Reino Unido y la UE a la cabeza. En la cola están estados de África (hay países en este continente con cero vacunas), Asia y América Latina.
En cuanto a la posición de Amnistía Internacional sobre estas vacunas, Juan Carlos Martín se refirió a sus propias recomendaciones, resumidas en cómo los estados deben elaborar y aplicar políticas para garantizar la disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad, aceptabilidad y calidad de los productos sanitarios contra la covid-19 para todas personas. A su vez, advirtió el doctor Martín, los estados deben cooperar a escala mundial y eliminar los posibles obstáculos que impidan garantizar que las vacunas se desarrollen, se fabriquen en cantidad suficiente y se distribuyan luego a tiempo y de manera inclusiva en todo el mundo. Evitar acuerdos bilaterales y acaparar vacunas, como han hecho todos los países ricos, es un principio que ha de imponerse siempre, defendió.
Otro punto fundamental radica en cómo los estados deben garantizar que los derechos de propiedad intelectual no han de impedir a ningún país hacer valer el derecho a la salud. Por tanto, Amnistía aboga por una excepcionalidad temporal, ante la situación de la pandemia, y que se liberen patentes de las vacunas, de tal suerte que su distribución sea accesible, inclusiva y no discriminatoria. A su vez, esta vacuna tiene que ser gratuita y universal, y ha de garantizarse que toda vacuna distribuida sea segura y efectiva, además de voluntaria.
COVAX (Covid-19 Vaccines Global Access) y su pilar, expuso Juan Carlos Martín, aúnan la demanda mundial de vacunas contra esta enfermedad. Mediante su mecanismo COVAX se pretende activar la capacidad colectiva de adquisición para negociar precios y acelerar la producción de vacunas, de tal forma que lleguen a todos los países. De ese modo, las economías de ingresos altos y medio-altos se han de erigir en países “autofinanciados” que pagarían estas vacunas directamente mientras que los de ingresos medio-bajos y bajos harían las adquisiciones por medio del compromiso anticipado de mercado (AMC): gobiernos, sector privado y asociaciones filantrópicas.
Amnistía contempla también recomendaciones a las empresas, entre las cuales está garantizar que el precio de sus productos no constituya nunca un obstáculo para acceder a los productos sanitarios. Asimismo, las empresas –defiende Amnistía– deben otorgar licencias voluntarias no exclusivas con miras a aumentar el acceso a todos los medicamentos en los países de ingresos bajos y medianos. En este punto, cabe recordar cómo países como España (su parlamento votó en contra por mayoría absoluta), y otros de Europa, o Estados Unidos, se han opuesto a esta liberalización de patentes, a lo que se suma la resistencia de las grandes empresas farmacéuticas.
Como conclusión, Juan Carlos Martín presentó tres mensajes básicos sobre este asunto, tan de actualidad, y que centran la postura de Amnistía. En primer lugar, los gobiernos tienen la obligación de asegurar que todos los países compartan los beneficios de la investigación científica. Por otro lado, las empresas farmacéuticas deben desarrollar e implementar políticas relativas al acceso a los productos de salud covid-19 y abstenerse de cualquier acción que tenga un impacto indebido en la capacidad de los estados para garantizar la disponibilidad, accesibilidad y asequibilidad de los productos de salud para tratar esta enfermedad. Y, en tercer lugar, se aboga por una exención temporal, que facilitaría la fabricación rápida de más diagnósticos, tratamientos y vacunas a menor costo y no afectaría a la calidad de los productos.
Desde AIEX, según recordó su presidenta, Remedios Tierno, se sigue trabajando mucho la incidencia política en este tema, con por ejemplo la presentación de mociones en ayuntamientos extremeños mediante las cuales se pide al Gobierno de España que apoye la exención de la propiedad intelectual de estas vacunas, al igual que en el parlamento autonómico. Para Remedios Tierno, aparte de ser un derecho universal el acceso a estas vacunas, “no estaremos seguros hasta que todas las personas a nivel mundial estemos vacunadas”. Al mismo tiempo, asegura, el denominado “pasaporte covid”, que permitirá la movilidad mundial del turismo, no puede ser nunca discriminatorio y es algo que preocupa a Amnistía Internacional.
