Continúa el recorte de los derechos de las personas LGBTIQ+ en el mundo al tiempo que crece la resistencia del colectivo En España, los derechos de las personas LGBTIQ+, especialmente los del colectivo trans, se están utilizando como moneda de cambio en las diferentes comunidades autónomas para que sus Gobiernos puedan sacar adelante distintas propuestas […]
Continúa el recorte de los derechos de las personas LGBTIQ+ en el mundo al tiempo que crece la resistencia del colectivo
En España, los derechos de las personas LGBTIQ+, especialmente los del colectivo trans, se están utilizando como moneda de cambio en las diferentes comunidades autónomas para que sus Gobiernos puedan sacar adelante distintas propuestas políticas. Así, están anulando los derechos recogidos en la Ley Trans estatal en aspectos como la garantía de acceso a servicios de salud, la prohibición de las terapias de conversión, o el reconocimiento legal de género para las personas trans a través de la autodeterminación, incluyendo a menores de edad.
El pasado 30 de mayo, las Cortes Valencianas, con el acuerdo del Partido Popular y VOX, aprobaron la ley 5/2025, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat que modificaba las leyes LGBTIQ+ valencianas, eliminando las garantías de autodeterminación; abriendo la puerta a las terapias de conversión consideradas por la ONU como trato cruel, inhumano, degradante e incluso tortura; imponiendo el permiso de tutores legales de menores para iniciar cualquier proceso de afirmación de género y, en cuanto a la educación, dejando de promover contenidos LGBTIQ+ o actividades complementarias en el sistema educativo, además de introducir el denominado pin parental.
La Comunidad Valenciana se une a la línea iniciada por la Comunidad de Madrid en 2023, cuya reforma de la ley autonómica LGBTIQ+ eliminó los artículos referidos al procedimiento de obtención de documentación para personas trans e impuso dificultades para impartir contenidos sobre diversidad y derechos LGBTIQ+ en centros educativos y medios de comunicación autonómicos. Asimismo, las reformas obligaban a las personas trans menores de 16 años a contar con autorización de quienes poseyeran su tutela o bien con la autorización del juez que los sustituya para iniciar tratamientos de bloqueo hormonal. Una reforma recurrida ante el Tribunal Constitucional por el Defensor del Pueblo, que por ahora ha anulado el artículo que excluía a las asociaciones LGBTIQ+ de las causas penales y de los procedimientos administrativos sancionadores, incluso si representaban a una víctima de delito de odio con su permiso explícito. El Gobierno central también presentó un recurso contra esta Ley.
Paralelamente, en Extremadura o La Rioja, también se presentaron reformas de la leyes autonómicas LGBTIQ+ que suponían retrocesos en la protección de derechos, y que finalmente han sido rechazadas. Mientras que en Castilla La Mancha, con la reforma del Estatuto autonómico aprobada el pasado 29 de mayo, se invisibiliza al colectivo LGBTIQ+ como colectivo vulnerable.
“Los derechos de las personas LGTBIQ+ y, en especial, los de las personas trans, no pueden ser moneda de cambio y protegerse o no dependiendo de los intereses políticos de cada Gobierno autonómico. Los derechos de este colectivo deben estar garantizados en todo el Estado, independientemente de la comunidad autónoma en la que se viva. Que de manera recurrente se vuelva a debatir si se garantizan o se recortan los derechos de un colectivo que ha sufrido de manera sistemática discriminación y violencia, los aboca aún más a la vulnerabilidad y a la posibilidad de ser víctimas de delitos de odio”, dijo Beatriz Martos, responsable del trabajo sobre derechos LGTBIQ+ en Amnistía Internacional España.
En relación con los delitos de odio, según los últimos datos de la fiscalía, en 2023 aumentó el número de diligencias presentadas por delitos de discriminación relacionados con la orientación sexual e identidad sexual o de género, 90 frente a las 59 de 2022, constituyendo la segunda causa de delitos de odio después de los producidos por motivos racistas y xenófobos, mientras que los últimos datos recogidos por el Ministerio del Interior, también de 2023, muestran que el 68’8% de las víctimas identificaron “Orientación sexual/ identidad de género” como el motivo por el que fueron agredidas, por delante de las que identificaron racismo y/o xenofobia como motivo discriminatorio. Además, también según este Ministerio, los delitos de odio hacia las personas LGTBIQ+ cometidos en internet y redes sociales han aumentado en un 35% entre 2022 y 2023.
Recomendaciones de Amnistía Internacional
A las comunidades autónomas, entre otras:
- Implementar de manera efectiva la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBIQ+.
- Prohibir la práctica de métodos, programas y terapias de aversión, conversión o contra condicionamiento, en cualquier forma, destinados a modificar la orientación, identidad sexual o la expresión de género de las personas, incluso si cuentan con el consentimiento de la persona interesada o de su representante legal.
- Adoptar políticas públicas para garantizar que no hay retrocesos en materia de derechos de las personas LGTBIQ+.
Al Gobierno central, entre otras:
- Promover la elaboración y aprobación de la estrategia estatal para la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBIQ+.
- Realizar estudios con enfoques interseccionales para documentar la violencia y la discriminación que sufren las personas LGTBIQ+, evitando que continúe invisibilizada
Situación de los derechos LGBTIQ+ en el mundo
Según datos de ILGA (Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex), 64 Estados miembros de la ONU todavía criminalizan los actos sexuales consentidos entre personas adultas del mismo sexo. 12 países condenan o podrían condenar con pena de muerte las relaciones homosexuales consentidas (Arabia Saudí, Brunei, Mauritania, Irán, Nigeria, Uganda y Yemen, además de Afganistán, Paquistán, Qatar, Somalia y Emiratos Árabes Unidos). Desde 2008 hasta septiembre de 2024, el Observatorio de Personas Trans Asesinadas ha documentado 5.040 asesinatos de personas trans y de género diverso en todo el mundo. Entre el 1 de octubre de 2023 y el 30 de septiembre de 2024, se registraron 350 asesinatos a nivel global, el cuarto número más alto desde que se lleva el registro, siendo las mujeres trans racializadas las víctimas más frecuentes.
En América, Brasil volvió a ser, por decimocuarto año consecutivo, el país con más homicidios de personas transgénero en el mundo. En Estados Unidos, la legislación anti-LGBTIQ+ se expandió rápidamente y, a finales de 2024, solo el 54% de las personas adultas LGBTIQ+ vivían en estados donde existen leyes que reconocen y castigan los delitos de odio por orientación sexual o identidad de género. La situación se ha agravado con la administración Trump, que emitió una orden ejecutiva que reconoce oficialmente solo dos géneros: masculino y femenino, lo que ha dado paso a una serie de medidas que borran derechos y visibilidad de las personas trans. Entre ellas, la restricción del cambio de género en pasaportes, la creación de un portal para denunciar a profesionales que brinden atención médica de afirmación de género o la firma de una orden ejecutiva que pretende restringir el servicio militar a las personas transgénero y eliminar del ejército las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión. Además, se amenaza con retirar fondos a escuelas que reconozcan la identidad de estudiantes trans o les permitan usar baños acordes a su identidad.
En Europa, Turquía sigue prohibiendo las celebraciones de las marchas por los derechos de las personas LGTBIQ+, mientras que en Hungría el Gobierno de Víktor Orban aprobó recientemente un proyecto de ley sin llevar a cabo consultas, que prohíbe los desfiles del Orgullo, permitiendo a las autoridades imponer multas a quienes participen en ellos e incluso encarcelar a quienes los organicen, así como utilizar software de reconocimiento facial para identificar a quienes asistan, aún cuando el Orgullo lleva celebrándose de manera pacífica 29 años en la capital húngara. En 2023, en Rusia se aprobó una ley que prohibió a las personas trans acceder a tratamientos de afirmación de género y el reconocimiento legal de su identidad, además de invalidar los matrimonios trans y prohibir la adopción por parte de personas transgénero. A esto se unió que el Tribunal Supremo de Rusia declaró el “movimiento público internacional LGBTIQ+” como una “organización extremista”, prohibiendo sus actividades. Estas medidas represivas han supuesto la apertura de causas penales, el allanamiento de lugares LGBTIQ+, la imposición de multas, e incluso detenciones por exhibir símbolos de temática LGBTIQ+ como pines o pegatinas, o por publicar libros con este contenido, así como el cierre de grupos de defensa de las personas LGBTIQ+.
En Oriente Medio, en Libia, la policía y varias milicias detuvieron a personas solo por ser LGBTIQ+, y forzaron “confesiones” mediante tortura. En Iraq, se incrementó la represión contra este colectivo. En 2023, la Comisión Iraquí de Comunicaciones ordenó a los medios de comunicación evitar el uso de la palabra «género» y sustituir «homosexualidad» por «desviación sexual». En África, en Túnez, las personas LGBTIQ+ se enfrentaban a penas de hasta a dos años de prisión por mantener relaciones sexuales consentidas. Uganda cuenta con una de las leyes más duras del mundo contra las personas LGTBIQ+, que impone castigos como el encarcelamiento e incluso, en algunos casos, hasta la pena de muerte. Desde que se aprobó esta ley, aumentaron los ataques y la violencia contra las personas LGTBIQ+. Solo entre junio y diciembre de 2024, una ONG local registró 379 casos de violencia, entre ellos amenazas y agresiones físicas.
En Asia, aunque Tailandia y Taiwán son considerados como paladines de los derecho de las personas LGTBIQ+, en Amnistía Internacional hemos alertado sobre cómo la violencia en internet contra estas personas sigue socavando sus derechos y los avances logrados en ambos países.
Buenas noticias
Asia es uno de los continentes donde mejores noticias se han producido en relación con el avance en derechos del colectivo LGTBIQ+. Japón y Hong Kong han seguido haciendo avances para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, mientras que Tailandia lo ha aprobado recientemente, convirtiéndose así en el primer país del Sudeste asiático en legalizar el matrimonio entre personas LGBTI. Grecia y Nepal también lo legalizaron en 2024. Siendo en total 38 los estados miembros de la ONU en los que el matrimonio igualitario es una realidad. España este año celebra los 20 años desde su entrada en vigor.
Otras buenas noticias en 2024, la justicia anulaba las leyes que penalizaban las relaciones entre personas del mismo sexo en Namibia y en Dominicana. Islandia prohibía las “terapias de conversión” y Finlandia permitía a las personas trans mayores de 18 años cambiar su género legal sin necesidad de un diagnóstico médico.
La resistencia más necesaria que nunca
Pese a los retrocesos, la respuesta de la sociedad y de los colectivos LGTBIQ+ sigue siendo cada vez mayor. Hemos visto manifestaciones multitudinarias en Argentina contrarias a los recortes de derechos que el Gobierno de Javier Milei está intentando imponer al colectivo. Y en Hungría, pese a la prohibición gubernamental de manifestaciones en defensa de los derechos de las personas LGTBIQ+, el 28 de junio se celebró el Orgullo en Budapest. A esta marcha se unieron más de 70 eurodiputados y eurodiputadas, representantes políticos de diferentes países, incluyendo España, así como activistas de Amnistía Internacional de varios países, entre ellos cinco activistas de Amnistía Internacional España que estuvieron apoyando al colectivo LGBTIQ+ en la capital húngara.
Hoy es más importante que nunca defender los derechos de las personas LGTBIQ+ en todo el mundo. Por eso, activistas de Amnistía Internacional participan con el lema Orgullo de Ser en las manifestaciones que tendrán lugar estos días en diferentes ciudades españolas. Ayer participamos en la manifestación que tuvo lugar en Mérida.
