📣[Madrid] El éxodo de la población Rohingya. Una crisis de derechos humanos sin resolver

Charla

Invitados por la  Asociación Vecinal Gunidalera por la Convivencia, con la participación de Andrés Zaragoza (Amnistía Internacional)

Tras conocerse, la semana pasada, que la Corte Penal Internacional (CPI) ha tomado la decisión de autorizar una investigación sobre los presuntos crímenes cometidos contra la población rohinyá de Myanmar, Nicholas Bequelin, director de Amnistía Internacional para Asia Oriental y el Sudeste Asiático, ha manifestado. “Aunque la acogemos con satisfacción, la decisión tomada hoy sólo permite a la CPI investigar algunos de los crímenes cometidos por los militares contra las minorías étnicas de Myanmar. Es por eso que continúa siendo esencial que el Consejo de Seguridad de la ONU remita la situación en el conjunto del país a la CPI. El hecho de que siga sin hacerlo representa una mancha en su credibilidad y una renuncia a asumir sus responsabilidades.”

Desde agosto de 2017, las fuerzas de seguridad de Myanmar vienen llevando a cabo una devastadora campaña de violencia contra la población rohinyá del estado septentrional de Rajine. Amnistía Internacional y otras organizaciones han documentado asesinatos, violaciones, torturas, inanición forzada, incendio selectivo de poblados rohinyás y uso de minas terrestres. Una misión de investigación de la ONU ha pedido que se investigue y juzgue a altos cargos por crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio.

El ejército de Myanmar continúa cometiendo graves violaciones del derecho internacional, incluidos crímenes de guerra, contra civiles en las zonas afectadas por el conflicto de los Estados de Kachin, Rajine y Shan. Este año, Amnistía Internacional ha documentado ataques ilegítimos en los que han muerto y han resultado heridas personas civiles, detenciones arbitrarias, tortura y malos tratos, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y trabajo forzoso.