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Amnistía Internacional Castilla y León presenta recomendaciones con enfoque de derechos para el Anteproyecto de Ley de Atención Residencial

Desde la Junta de Castilla y León han anunciado la intención de elaborar un proyecto de ley de atención residencial

Amnistía Internacional Castilla y León ha recogido en un documento recomendaciones para que la elaboración de la futura Ley de Atención Residencial tenga un enfoque en los Derechos humanos. La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León ha anunciado su intención de elaborar un Proyecto de Ley por la que se regula la acogida y atención residencial de personas mayores y personas con discapacidad en Castilla y León. Amnistía Internacional valora muy positivamente esta iniciativa y considera que es una oportunidad para asegurar que la política de atención residencial de la Comunidad Autónoma se adapte a los estándares internacionales de derechos humanos, de manera que queden suficientemente garantizados los derechos de todas las personas mayores y/o con discapacidad alojadas en residencias.

El pasado mes de enero se presentó un informe sobre la situación de las residencias de personas mayores durante la pandemia. En dicho documento se recogían algunos de los fallos y situaciones vividas durante la primera ola y que deberían haberse evitado, así como una serie de recomendaciones, a corto, medio y largo plazo, para proteger los derechos de un colectivo especialmente vulnerable.

Ahora, desde Amnistía Internacional Castilla y León, se vuelven a proponer al gobierno de la Junta de Castilla y León algunas recomendaciones a tener en cuenta a la hora de elaborar este anteproyecto de ley asistencial.

Recomendaciones 

  1. Asegurar que la ley autonómica es una ley con perspectiva de derechos humanos y de género, en línea con los estándares internacionales, que establezca un modelo residencial que garantice los derechos de las personas residentes en toda la Comunidad Autónoma; en particular el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la no discriminación, el derecho a la vida privada y el derecho a la vida familiar.
  2. Garantizar la representación y participación adecuadas de las personas mayores en el sector de servicios sociales, dependencia, salud y residencias en la planificación y procesos de toma de decisiones relacionadas con asuntos que les afectan.
  3. Desarrollar políticas públicas adecuadas para la gestión sanitaria de las residencias, garantizando los derechos de las personas mayores, incluido el derecho humano a la salud, realizando para ello consultas con la sociedad civil, familiares y residentes.
  4. Asegurar que las residencias estén facultadas para desarrollar protocolos de visitas que respeten y cumplan con los derechos humanos de las personas mayores residentes y que les dan voz y agencia, a sus familias y/o sus tutores legales, y que se garantice la seguridad de los residentes, visitantes y del personal. 
  5. Dar cumplimiento de manera efectiva a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y priorizar en la asignación de recursos la inversión en la atención sanitaria (en especial, la atención primaria) a personas mayores y personas con discapacidad, reforzando así su capacidad de asistencia, a través de la contratación de más recursos humanos y medios materiales.
  6. Revisar el sistema de inspecciones de centros residenciales de personas mayores, para asegurar que la actuación inspectora se lleva a cabo de manera efectiva para velar por el respeto de los derechos de las personas residentes.

A finales del año 2020, y según los datos proporcionados por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, en nuestra comunidad autónoma casi el 97% de las personas fallecidas eran mayores de 60 años y hasta un 47% vivían en residencias. Además, las medidas adoptadas por las autoridades españolas para responder a la pandemia fueron inadecuadas y vulneraron los derechos de las personas que vivían y viven en residencias; en concreto el derecho a la salud, a la vida y a la no discriminación. Por ello, queda claro que es necesaria, no solo la aprobación de una ley de asistencia en residencias, si no que esta cuente con un enfoque de derechos humanos que garantice que los derechos de estas personas no se van a volver a vulnerar y que no van a ser objeto de discriminación.

NOTA: Para acceder al documento con las recomendaciones para una Ley de Atención Residencial con enfoque de derechos humanos haga clic aquí.

Descubre la Mesa Redonda que realizó Amnistía Internacional Castilla y León, el pasado 18 de marzo de 2021, presentando el informe «Abandonadas a su suerte. La desprotección y discriminación de las personas mayores en residencias durante la pandemia COVID-19 en España».

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