VIOLENCIA INSTITUCIONAL, BRASIL El 22 de febrero de 2019, el Instituto de Seguridad Pública de Brasil señaló que la policía mató a 160 personas en enero, un aumento de 82 por ciento con respecto a la cifra de diciembre, según informó brasil.estadao.com [1]. El alarmante número de muertes en enfrentamientos con la policía coincidía con el […]
VIOLENCIA INSTITUCIONAL, BRASIL
El 22 de febrero de 2019, el Instituto de Seguridad Pública de Brasil señaló que la policía mató a 160 personas en enero, un aumento de 82 por ciento con respecto a la cifra de diciembre, según informó brasil.estadao.com [1]. El alarmante número de muertes en enfrentamientos con la policía coincidía con el primer mes de Bolsonaro y Witzel en funciones[2]. Ambos asumieron sus respectivos cargos el 1° de enero y prometieron implementar tácticas policiales de disparar a matar[3].
Amnistía Internacional (AI) considera la legalización de la pena de muerte como una violación del derecho a la vida. Considera que es una forma cruel, inhumana y degradante de penalizar a las personas[4]. Además se conculca el trato igualitario de las personas por serlo, al aplicarse con más frecuencia sobre las personas más vulnerables, o afecta al derecho de manifestación política o la libertad de expresión cuando se aplica a los oponentes políticos.
Habitualmente asociamos la pena de muerte a la legalidad, lo que aparta de la atención el fenómeno frecuente de las ejecuciones extrajudiciales, o las muertes por tiroteos policiales sin causa justificada de defensa personal. En estos casos, las personas son ejecutadas sin haber tenido la oportunidad de defenderse en un juicio justo. AI pide a los países que realizan este tipo de prácticas, generalmente países autoritarios, o con tendencias autoritarias, que dejen a un lado las políticas represivas, fomenten los juicios justos, implementen medidas preventivas, acaben con la impunidad y ofrezcan información fidedigna sobre la violencia institucional y la inseguridad ciudadana.
La violencia institucional suele ejercerse sobre todo sobre sectores de población discriminados o estereotipados negativamente. Para AI es inaceptable que un gobierno que se diga democrático o humanista ejerza la violencia contra la población excluida. Algunos de estos gobiernos ejercen una estrategia de mano dura con la delincuencia que justifica la acción violenta de la policía, pero que en realidad afianza la criminalización de la pobreza. En muchos países democráticos los agentes del orden, los cuerpos de seguridad o grupos paramilitares practican una violencia institucional, matando a supuestos criminales, que el gobierno apoya etiquetando estas acciones como homicidios resultantes de la intervención policial en legítima defensa. Son actos que se clasifican como de resistencia, lo que dificulta su investigación y una valoración distanciada e imparcial sobre si el uso de la fuerza era necesaria y proporcional.
La impunidad con que se dan estas acciones permite sospechar que son realizadas bien como expresión de un prejuicio cultural sobre grupos estigmatizados, bien como encubrimiento intencionado de ejecuciones extrajudiciales.
Otras violaciones de derechos humanos, como amenazas e intimidaciones a los testigos y defensores y defensoras de derechos humanos, alimentan el ciclo de violencia e impunidad.
AI considera que las ejecuciones extrajudiciones son inaceptables. Deberían investigarse y respetar el derecho de las víctimas y sus familiares a pedir justicia, verdad y reparación.
EQUIPO COMUNICACIÓN COMUNIDAD VALENCIANA
Enlaces consultados 18-6-2019
[1] https://brasil.estadao.com.br/noticias/rio-de-janeiro,policia-do-rio-matou-160-pessoas-em-janeiro-segundo-maior-patamar-para-o-mes-desde-1998,70002732566?utm_source=twitter:newsfeed
[2] Jair Messias Bolsonaro, presidente de Brasil. Wilson Witzel, gobernador de Río de Janeiro.
[3] https://www.theguardian.com/world/2019/jan/04/wilson-witzel-rio-police-security-shoot-to-kill
[4] https://www.amnesty.org/es/what-we-do/death-penalty/death-penalty-your-questions-answered/
