Crónica de Ester Saiz Balbastre El pasado 7 de abril el grupo local Amnistía Internacional Valencia presentaba el “Informe 2020/21 Amnistía Internacional. La situación de los Derechos Humanos en el Mundo” en el Centre del Carme de València. El coordinador del grupo local, Natxo Gay, fue el moderador de un acto en el que también […]
Crónica de Ester Saiz Balbastre
El pasado 7 de abril el grupo local Amnistía Internacional Valencia presentaba el “Informe 2020/21 Amnistía Internacional. La situación de los Derechos Humanos en el Mundo” en el Centre del Carme de València. El coordinador del grupo local, Natxo Gay, fue el moderador de un acto en el que también participaron la activista de derechos humanos Isabelle Dudzinski y la periodista Lola Bañón, que puso en valor la labor de Amnistía Internacional, así como la necesidad de sus informes anuales, que sirven como herramientas de verificación del estado de los derechos humanos en el mundo.
Isabelle Dudzinski presentó este extenso informe, que contiene un análisis exhaustivo en materia de derechos humanos a nivel mundial y otro más pormenorizado tanto a nivel regional como sobre los distintos países.
Sobre el informe sobrevuela la pandemia, que ha dejado una huella en toda la población, al mismo tiempo que ha revelado los abusos de derechos humanos ya existentes y agravado las consecuencias de las crisis económicas que diezmaron los sistemas de protección social, los sistemas de educación, etc. en el mundo.
La respuesta a la crisis sanitaria se ha visto menoscabada por unos liderazgos que han sacado provecho de la crisis y utilizado la pandemia para reanudar violaciones a derechos humanos.
En este contexto, las personas más vulnerables, tales como las personas refugiadas, las mujeres, las personas de edad avanzada… se han llevado la peor parte.
Las políticas de austeridad, las políticas fiscales divisorias, el deterioro de los servicios públicos… también han contribuido a la crisis de los derechos humanos. Amnistía Internacional incide en que la falta de inversión adecuada en sistemas de salud y la desprotección de la población sin acceso a atención médica se convierte en un problema de derechos humanos. Tanto los estados, como las instituciones políticas e internacionales han demostrado no estar a la altura. Además, en esta crisis se ha demostrado que los estados no tienen capacidad de actuar por sí solos, que todos somos totalmente interdependientes.
En ese sentido es importante destacar que el informe pide un sistema de protección social basado en los derechos humanos. Hay que invertir en protección social para la pobreza y garantizar el acceso de todas las personas a la salud, especialmente a aquellas que sufren pobreza y marginación.
En esta pandemia deben destacarse tres constantes que se repiten en todo el mundo. Ha habido violaciones de derechos a la vida, a la salud y a la protección social. Todos los estados deberían garantizar esa protección y, sin embargo, se ha demostrado la vulnerabilidad añadida de las personas que ya eran vulnerables.
Otra de las constantes que se ha repetido ha sido el incremento de la violencia de género y la amenaza a los derechos sexuales y reproductivos. No solamente por las consecuencias de las medidas impuestas, sino porque, además, en algunos estados se utilizó la pandemia para declarar como no esenciales los servicios de asistencia a mujeres.
En ese sentido, el informe de Amnistía Internacional subraya que se deben abordar las causas fundamentales de la violencia y dar mayor importancia a la salud sexual y reproductiva en el mundo.
Finalmente, el uso de las normas anti-Covid se ha utilizado en muchos sitios para reprimir y silenciar la disidencia y la oposición. Además, la pandemia eliminó espacios de la sociedad civil, y en algunos casos se utilizó para reprimir la libertad de expresión y de derecho a las manifestaciones.
Sin embargo, tenemos que recordar que la pandemia ha sido el problema más grave de derechos humanos, pero el mundo siguió, y siguieron adelante los conflictos armados en África y Asia, los conflictos étnicos y los religiosos.
En muchos sitios se privó de asistencia sanitaria por discriminación religiosa y étnica. Han seguido violándose los derechos humanos vinculados a los derechos medioambientales y las consecuencias del cambio climático.
África
En África, donde más del 71% de la población depende de la economía informal, la situación de derechos humanos se puede resumir en una frase: Covid, langosta, cambio climático y conflictos armados. Los conflictos armados se han llevado centenares de vida y han supuesto casi dos millones de personas desplazadas.
Es cierto que en África no tenemos datos de las víctimas de la Covid. Muchos países han ocultado datos, han hecho caso omiso a las recomendaciones de la OMS y han hostigado al personal sanitario que denunciaba las malas condiciones de su trabajo.
Las Américas: norte, central y sur
Esta es la región del mundo con más desigualdades. Contiene algo menos del 15 % de la población mundial y, sin embargo, ha acumulado casi la mitad de todas las víctimas mortales de la Covid. Los países más afectados en la pandemia han sido Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, México y Perú. De hecho, también es la región que ha tenido más víctimas de personal sanitario. Más de 600.000 personas pertenecientes al personal sanitario han sufrido el virus.
Otro aspecto que también ha documentado Amnistía son las condiciones infrahumanas en las cárceles americanas. Las malas condiciones en las prisiones se han visto agravadas durante la pandemia y la mayoría de las personas no han tenido acceso a los servicios de salud. Esto ha provocado más de 90 motines en las distintas cárceles. Los más sangrientos han sido en Venezuela, con más de 50 muertos, y los de la cárcel de Bogotá, en Colombia.
También se ha visto afectada la libertad de expresión. Ha habido un uso excesivo de la fuerza policial en algunos países. Entre ellos destaca Brasil, donde la policía mató a más de 3000 personas en 2020. El 79 % de esas víctimas mortales eran personas negras. Asimismo, en Venezuela hubo más de 1000 víctimas en el contexto de operaciones de seguridad. Y en Estados Unidos más de 1000 personas muertas por actuaciones policiales.
En las Américas ha aumentado considerablemente la violencia de género. Sobre todo, la violencia intradomiciliaria. En ese sentido, el país donde más violencia han sufrido las mujeres ha sido México.
Asia
Asia es aparentemente la parte del mundo que menos víctimas ha tenido de la Covid-19. Sin embargo, la situación de los derechos humanos sigue siendo muy complicada en muchos países de este continente. Y se ha visto agravada debido a la intención de controlar la información en India, Sri Lanka o Bangladesh, o como vimos al principio de la pandemia, en China. En China ha habido hostigamientos, torturas, desapariciones… de activistas de derechos humanos que denunciaban la situación de la pandemia.
Además, se ha utilizado la excusa de la pandemia para hostigar a las minorías étnicas y religiosas, negándoles la asistencia sanitaria a algunas de ellas o demonizando a determinadas minorías como, por ejemplo, a la población musulmana en la India, acusándola de transmitir el virus.
Asia Central y Europa
El informe destaca que en numerosas ocasiones es difícil acceder a la documentación sobre algunos países de Asia central. Hay constancia de que muchos países de esta área han ocultado datos y han perseguido a los periodistas que han intentado informar, así como a las personas activistas que han intentado facilitar datos sobre la pandemia.
Sabemos que hay varios países, tanto en Asia central como en Europa, que han tenido numerosas muertes de personal sanitario. Entre ellos destacan Reino Unido, Rusia, Italia, Kirguistán y España.
10 países europeos dejaron sin efectos el convenio europeo de derechos humanos. Es decir, decidieron que, implantando las medidas de seguridad, se suprimían las normas europeas de derechos humanos.
Otra de las cosas que comenta el informe es el racismo institucional en numerosos países de Europa, que se ha demostrado a través de la implantación de las cuarentenas forzosas para algunos colectivos. Esto fue particularmente llamativo en Bulgaria, Chipre, Eslovaquia, Francia, Grecia, Hungría, Rusia y Serbia, donde se sometió a cuarentenas forzosas, tanto a personas solicitantes de asilo como a minorías étnicas como la gitana.
En todos los países se ha constatado un uso de fuerza excesiva en las manifestaciones. En Hungría, en Francia y en Turquía se ha aprovechado la crisis para reforzar las leyes restrictivas en aras de la seguridad nacional. También se ha ampliado la vigilancia en internet. Incluso se han dado casos del uso de softwares espías en varios países.
En varios países europeos – Polonia, Hungría y Turquía – se han denunciado ataques a la independencia del poder judicial.
En varios países de Asia central – Georgia, Abjasia, Osetia y Nagorno Karabaj – ha habido conflictos armados que están totalmente olvidados.
Igualmente, la violencia de género en Europa es un problema que se está agravando. Va en paralelo a la violencia contra las personas LGTBI. En Polonia, Hungría y Rumanía se han dado leyes contra las personas LGTBI y se ha agravado el acoso institucional.
Oriente medio y norte de África.
La situación del personal sanitario ha sido especialmente dura en algunos países como Irán o Egipto, donde se ha castigado incluso con penas de cárcel a los profesionales de la salud por denunciar la insuficiente respuesta por parte de las autoridades. En otros países se ha negado el acceso de algunas minorías a la sanidad. Asimismo, se ha puesto en evidencia la existencia de personas o poblaciones enteras que carecían de documentación, como por ejemplo en zonas del sur de Libia, a las que se les negaba la asistencia sanitaria por estar indocumentadas.
Israel practicó una discriminación institucionalizada de la población palestina. De hecho, distribuye vacunas solamente en Israel, dejando desprotegida a la población palestina en los territorios ocupados, a pesar de que es obligación de las fuerzas ocupantes asegurar la asistencia y la protección de la población del territorio ocupado.
Las autoridades israelíes han seguido con las demoliciones de viviendas en los TPO, dejando a más de 900 familias sin vivienda, y muchas veces sin medios de vida.
En esta región del mundo sigue habiendo millones de personas refugiadas. Solamente en Jordania, Turquía y Líbano viven en el limbo 5 millones de personas refugiadas sirias.
La situación es particularmente dura sobre todo en los países del golfo para la población trabajadora migrante sometida a la kafala, un sistema semifeudal que adscribe a la persona trabajadora al empleador, impidiendo cambios de trabajo o de domicilio sin la autorización de éste. Qatar el único país del golfo que la ha suprimido, con el fin de que los trabajadores puedan desplazarse por el país y no depender directamente del empleador.
España
La principal preocupación en el caso de España es la emergencia sanitaria. Los recortes de años pasados han debilitado el sistema de sanidad y han demostrado las grandes deficiencias del sistema de atención primaria, que ha afectado gravemente a toda la población y expuesto al personal sanitario a falta de protección. Además, las personas mayores en residencias y las que tienen mayores problemas de salud se han visto abandonadas.
El Estado de Alarma decretado en España en 2020 se ha traducido en un mayor poder para las fuerzas de seguridad, que han perpetrado algunos abusos. El informe de Amnistía ha documentado 61 casos de abusos y violaciones de derechos humanos en ese sentido durante el primer estado de alarma, de marzo a mayo de 2020 en cinco contextos diferentes: personas sin hogar o pertenecientes a grupos vulnerables, transeúntes denunciados con presencia legitimada en la vía pública, amenazas a periodistas realizando su trabajo, actuaciones policiales poco profesionales y acceso a domicilios sin órdenes judiciales previas.
Además, otra de las preocupaciones que revela el informe es la necesidad urgente de reformar la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana. En ese sentido, Amnistía indica la importancia de eliminar los artículos que limitan el ejercicio de derechos humanos como la libertad de reunión, manifestación, expresión e información.
El informe de Amnistía considera que algunas disposiciones del código penal sobre enaltecimiento del terrorismo, injurias a la corona, ofensas de sentimientos religiosos o aquellas suponen limitaciones indebidas en el marco de delitos de odio forman parte del articulado del código penal que restringe de forma innecesaria y desproporcionada la libertad de expresión en España y, por tanto, deben reformarse. De hecho, las instituciones internacionales también se están pronunciando en ese sentido.
Las personas migrantes han constituido uno de los colectivos más desprotegidos durante la pandemia y ha sido desatendido su derecho a la protección internacional. Esto se ha visto en Canarias, donde se cursaron órdenes de expulsión sin respetar la ley, o en Melilla, donde durante el confinamiento se recluyó a personas migrantes y refugiadas en centros masificados que no reunían las condiciones adecuadas.
Aun así, AI destaca también los elementos positivos. Las políticas referentes a las viviendas, con la aprobación de dos reales decretos que establecieron moratorias de tres meses y seis meses de pago de alquiler que facilitaron el acceso a vivienda a personas que vieron mermados sus recursos.
También se está trabajando en el proyecto de Ley Memoria Democrática, que va a reemplazar a la de Memoria Histórica, que Amnistía valora como un logro positivo, ya que constituye un avance respecto a la ley vigente.
En sus conclusiones, el informe también destaca a nivel global las cosas positivas dentro de todo lo malo. En ese sentido, podemos destacar el auge de los movimientos sociales, la movilización de la sociedad civil, la solidaridad que ha ido surgiendo en diferentes colectivos a nivel más o menos amplio. Ahí están los movimientos de Black Lives Matter, los movimientos #EndSARS de Nigeria, las reivindicaciones en internet de las mujeres de Camboya defendiendo el derecho a expresar su cuerpo libremente, los movimientos masivos que ha habido en países como Hungría o Polonia, etc.
Está claro que la sociedad mundial no tiene que volver a la normalidad anterior, porque consideramos que la normalidad dejó atrás a demasiadas personas. Por eso, Amnistía Internacional lanza el mensaje de que, si se trabaja en unión, se puede comenzar de nuevo y construir una sociedad más justa e igualitaria.
