Hoy 5 de junio se celebra el día del medio ambiente para sensibilizar sobre la importancia de cuidar nuestra biodiversidad y proteger nuestro ecosistema. Amnistía Internacional alerta de la situación actual y rinde homenaje a las personas que ponen en juego su libertad y su vida por este derecho. Con fecha 5 de Junio se […]
Hoy 5 de junio se celebra el día del medio ambiente para sensibilizar sobre la importancia de cuidar nuestra biodiversidad y proteger nuestro ecosistema. Amnistía Internacional alerta de la situación actual y rinde homenaje a las personas que ponen en juego su libertad y su vida por este derecho.
Con fecha 5 de Junio se celebra todos los años el Dia Mundial del Medio Ambiente, instituido por la ONU en la Primera Conferencia sobre el Medio Ambiente en Estocolmo en el año 1972 [1].
En dicha Conferencia, los participantes adoptaron una serie de principios en el marco de la Declaración de Estocolmo, que colocó las cuestiones ambientales en el primer plano de las preocupaciones internacionales y marcó el inicio de un diálogo entre los países industrializados y en desarrollo sobre el vínculo entre el crecimiento económico, la contaminación del aire, el agua y los océanos y el bienestar de las personas de todo el mundo.
En 1976 se recogería el derecho a un medioambiente sano en el pacto de derechos económicos, sociales y culturales (artículo 12) que afirma: “el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, entre las medidas que deberán adoptar los estados, se encuentra la mejora en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medioambiente” [2], y en la constitución Española el artículo 45 establece que “Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo” [3].
A día de hoy, si bien el derecho a un medioambiente saludable está reconocido jurídicamente en más del 80% de los Estados miembros de la ONU a través de constituciones, leyes, sentencias judiciales y tratados regionales, las preocupaciones plasmadas en Estocolmo hace exactamente 50 años, aún siguen vigentes, y por eso cobra relevancia este día de reconocimiento mundial que se ha convertido en una de las mayores plataformas de promoción de las grandes causas ambientales, a fin de sensibilizar a nivel global la necesidad de vivir de forma sostenible, en armonía con la naturaleza, teniendo presente que el planeta es nuestro único hogar y es nuestra responsabilidad salvaguardar sus recursos finitos [4].
Los dramáticos efectos del cambio climático han puesto al descubierto, con una claridad devastadora, hasta qué punto un medioambiente saludable es parte integral del disfrute de todos nuestros demás derechos. Es fácil no valorar nuestro planeta hasta que vemos el costo humano de su degradación: hambre, desplazamiento, desempleo, carencia de hogar, enfermedades y muertes
Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional
La inacción ante cambio climático
El pasado 28 de febrero de este año 2022, el grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático (IPCC) mostró pruebas claras de la falta de medidas por los gobiernos para reducir rápidamente las emisiones y analizó en su informe las consecuencias que está habiendo y que vendrán a causa del cambio climático [5].
El análisis, destacaba la mayor vulnerabilidad de las poblaciones más marginadas que están en primera línea del cambio climático. Entre 2010 y 2020, las muertes causadas por inundaciones, sequías y tormentas eran 15 veces superiores en las regiones de mayor vulnerabilidad climática respecto a las de menor vulnerabilidad. El análisis mostraba los efectos del cambio climático en el derecho alimentación: detectando una ralentización del crecimiento de la producción agrícola, en el derecho al agua: ya que actualmente la mitad de la población mundial sufre en la actualidad una grave carestía de agua, y en el derecho a la vida y la salud: debido al efecto de las olas de calor extremas o las enfermedades que se propagan en relación al clima.
Se calcula que para 2050, más de 250.000 personas morirán cada año- más de la mitad en África- debido al calor, la desnutrición, la malaria, y enfermedades diarreicas por culpa del cambio climático.
El pasado 26 de octubre, Amnistía Internacional publicó un informe sobre la situación que padecía la población de Madagascar [6]. En este informe AI documenta el efecto de la sequía para la población del Gran sur de Madagascar, donde el 91% de la población vive por debajo del umbral de pobreza. Amnistía Internacional alertó que de no reducir al menos un 45% las emisiones sobre los niveles de 2010 antes de 2030, las consecuencias ya existentes en estas regiones serían aún más graves. Alrededor de 1,14 millones de persones se enfrenten a altos niveles de inseguridad alimentaria (según la FAO), ya que la mayoría dependen de la agricultura, la ganadería y la pesca. Las precipitaciones de los últimos años, por debajo de la media, ha causado una grave reducción de la producción de alimentos básicos, así como la merma del ganado.
Uno tenía un año y dos meses, y el otro tenía ocho meses. Murieron hace un año […] Porque no teníamos nada que comer.
Hombre entrevistado por Amnistía Internacional, recogido en el informe de 2021
Ante esta situación Amnistía internacional exige a los países que se comprometan con unos objetivos de reducción de emisiones ambiciosos que impidan que alcancemos un aumento de temperatura global mayor de 1,5 grados, pero también que apoyen a quienes ven afectados sus derechos, implementando un mecanismo global que permita que los países ricos asuman los gastos mediante financiación nueva y adicional no sujeta a reembolso.
Empresas y medio ambiente
El respeto al medioambiente no es siempre una variable a tener en cuenta cuando las empresas optimizan los parámetros de sus negocios para maximizar sus beneficios económicos. Los países deben desarrollar la legislación suficiente para garantizar que la actuación de las empresas no vulnere el derecho al medio ambiente, pero tampoco ningún otro derecho humano, incluidos los económicos, civiles y culturales.
Por un lado las empresas y los gobiernos deben cumplir con el respeto al derecho a un medio ambiente sano, evitando la concentración de contaminación en los ambientes urbanos. El 22 de noviembre de 2019 emitimos una acción urgente para denunciar la situación de los habitantes de Lahore [7]. La calidad del aire en Lahore, una ciudad Pakistaní con más de 10 millones de habitantes, ha llegado a alcanzar niveles «nocivos» en noviembre de 2019, lo que implica que los sistemas de medición de calidad del aire aconsejan a la población que eviten toda actividad física al aire libre.
Informes publicados demuestran que la exposición prolongada o intensa al aire contaminado puede causar problemas de salud graves —como asma, daño pulmonar, infecciones bronquiales y problemas cardiacos— y reducir la esperanza de vida, por lo que pone en peligro los derechos a la vida y la salud de la población. Lo que se conoce como “temporada de niebla tóxica” tiene lugar de octubre a febrero, y es cuando la mala calidad de los combustibles, las emisiones incontroladas y la quema de cosechas empeoran la calidad ya insalubre del aire. Según un informe publicado en 2015 en la revista médica británica The Lancet, más de 310.000 personas mueren cada año en Pakistán por culpa de la mala calidad del aire.
Otro ejemplo donde los intereses comerciales han afectado a los derechos humanos de parte de la población lo documentamos en Brasil, también en noviembre de 2019. En el informe describe como los intereses ganaderos han favorecido las confiscaciones ilegales de tierras en las reservas y territorios indígenas de la Amazonía Brasileña, alimentando la deforestación en la zona [8]. Amnistía Internacional documentó la violación de zonas protegidas mediante imágenes por satélite, y entregó junto con líderes indígenas una petición al gobierno de Bolsonaro para que actúe.
Unos dos tercios de las zonas de la Amazonía deforestadas entre 1988 y 2014 han sido valladas, quemadas y convertidas en pastos: casi 500.000 km2, una zona que en total equivale a cinco veces el tamaño de Portugal.
Finalmente no hemos de olvidar que las nuevas tecnologías para reducir las emisiones de gas invernadero también deben ser analizadas para respectar los derechos humanos. En el caso de las baterías, Amnistía Internacional lleva tiempo documentando posibles vulneraciones de derechos humanos durante su fabricación:
En enero de 2016 publicamos un informe documentando como las baterías de productos eléctricos de Apple, Samsung y Sony, podían haber sido producidas utilizando mano de obra infantil [9]. En el informe se rastrea la venta del cobalto, utilizado en las baterías de iones de litio, que se extrae de minas en la república democrática del Congo donde trabajan en peligrosas condiciones niños de hasta tan sólo siete años, además de adultos.
La RDC produce al menos el 50 por ciento del cobalto del mundo. Uno de los mayores procesadores de mineral del país es la filial CDM de Huayou Cobalt. Más del 40 por ciento del cobalto que adquiere Huayou Cobalt es de la RDC. Al menos 80 mineros artesanales murieron en los túneles en el sur de la RDC sólo entre septiembre de 2014 y diciembre 2015. Se desconoce la verdadera cifra, pues muchos accidentes no se registran, y se dejan los cadáveres enterrados bajo las rocas.
Los niños entrevistados por Amnistía Internacional dijeron que trabajaban hasta 12 horas diarias en la mina, llevando pesadas cargas, para ganar entre uno y dos dólares al día. En 2014 había alrededor de 40.000 niños trabajando en minas en todo el sur de la RDC, muchas de ellas de cobalto, según UNICEF.
No todo son malas noticias, la Campaña que realizamos en octubre de 2021 para que la unión Europea asegure una regulación adecuada para la transición ecológica [10] ha podido tener una cierta influencia en el anteproyecto de ley que cuenta con el respaldo del Parlamento Europeo, y que implica que Las baterías producidas o comercializadas en la Unión Europea (UE) deberán cumplir nuevas normas y controles ambientales para garantizar que sus materias primas han sido obtenidas de manera responsable [11].
Las consecuencias de defender el medio ambiente
Defender los derechos ambientales no es fácil. Especialmente cuando se enfrentan colectivos especialmente vulnerables a grandes corporaciones empresariales. A pesar del reto que implica, existen cientos de personas que arriesgan su libertad, e incluso su vida para defender el derecho a un medio ambiente saludable. Desde Amnistía internacional hemos tratado siempre de defender y apoyar a cada una de las personas defensoras de estos derechos. Algunos ejemplos son:
- Berta Cáceres fue una prominente líder indígena de Honduras, cofundadora y coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) asesinada en 2016 por su oposición a la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, una represa en el río Gualcarque, que es un lugar sagrado y vital para las comunidades nativas de esa zona del noroeste hondureño [12].
- Julían Carrillo era luchador incansable en defensa de sus tierras y bosques ancestrales contra la minería, la tala y los cultivos ilícitos. Lo asesinaron el 24 de octubre de 2018, cuando regresó por una cuestión familiar. Apenas le dio tiempo a presionar inútilmente su botón del pánico al sentir el peligro, lo que dejaba en evidencia las deficientes medidas de protección. Y su muerte se sumó al dramático capítulo de crímenes contra su familia: el 5 de febrero de 2016 fue abatido su hijo Víctor Carrillo; el 31 de marzo de 2017, su sobrino Antonio Alberto Quiñones; el 30 de julio de 2017, otro sobrino, Guadalupe Carrillo Polanco; y el 1 de julio de 2018, su yerno Francisco Chaparro Carrillo [13].
- La colombiana Jani Silva es defensora de los derechos ambientales. Jani enfrenta graves amenazas por dedicarse en cuerpo y alma a proteger el Amazonas y los derechos de las más de 1.200 personas que viven en la Zona de Reserva Campesina de La Perla Amazónica en el Putumayo. Frente a los intentos de grupos armados y empresas multinacionales de apoderarse de su territorio, ella ha liderado programas de reforestación y abogado por la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre las FARC-EP y el gobierno [14].
