Tres activistas de Amnistía Internacional han sido identificadas en virtud de la ley mordaza sobre la que protestaban por notificación inadecuada de la concentración. La policía nacional informó que realizarían una propuesta de sanción en virtud del artículo 37.1, articulo criticado por la organización por contravenir las normas internacionales de derechos humanos. El 8 de […]
Tres activistas de Amnistía Internacional han sido identificadas en virtud de la ley mordaza sobre la que protestaban por notificación inadecuada de la concentración. La policía nacional informó que realizarían una propuesta de sanción en virtud del artículo 37.1, articulo criticado por la organización por contravenir las normas internacionales de derechos humanos.
El 8 de noviembre, entre las 19 y las 20 horas, organizaciones de derechos humanos y defensa de la libertad de expresión de Valencia se concentraron en el ayuntamiento de Valencia para exigir una vez más la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como “Ley Mordaza”, en un momento en que los grupos parlamentarios siguen sin llegar a un acuerdo que ponga fin a una norma que lleva siete años poniendo en peligro el derecho de protesta. El acto se unía así a otros similares que se celebran en numerosas localidades de todo el país y a la iniciativa que tuvo lugar a lo largo 12 horas frente al Congreso de los Diputados en Madrid. Las organizaciones y colectivos han denunciado el bloqueo parlamentario durante toda la legislatura y han expresado que el actual borrador de la Ley de Seguridad Ciudadana mantiene “siete puntos preocupantes” que seguirían suponiendo una amenaza para el derecho a la protesta en España.
Alrededor de 100 personas de distintos colectivos permanecieron calladas durante 10 minutos como señal de protesta. Posteriormente portavoces de las distintas organizaciones (Federación Unión Africana de Valencia, grupo de apoyo a las protestas en Irán, P.A.H., Ecologistas en acción, M.O.C. (antimilitaristas), Acció Ecologista Agró, Jarit, Valencia saludable/Ciutat port y Bebes robados) tomaron la palabra para comentar como la ley mordaza les dificulta el trabajo por los derechos humanos y reivindicar la importancia de la protesta en la salud democrática del país. Finalmente, una activista de Amnistía Internacional leyó el manifiesto donde se denuncia la falta de voluntad para realizar una reforma adecuada a la protección de los derechos humanos.
Al inicio de la manifestación varios agentes de la policía nacional exigieron la disolución de la concentración bajo la amenaza de sanción en virtud del artículo 37.1 de la ley de seguridad ciudadana. Este artículo permite sancionar con infracciones leves (de 100 a 600 euros) la celebración de reuniones en lugares de transito público que no han sido debidamente notificadas. El grupo local de Amnistía Internacional Valencia incide en que se trata de un mero error formal y que la intención de llevar a cabo la concentración había sido difundida de forma pública, varios días antes, y a través de varios medios. De hecho, la policía nacional era consciente, como lo demuestran la presencia organizada de dos furgones policiales al inicio del evento y la presencia policial durante los 60 minutos de la actividad.
Las Directrices de la OSCE/OIDDH señalan que las reuniones espontáneas deben ser legales y deben considerarse como un rasgo previsible (en lugar de excepcional) de una democracia saludable. El Relator de la ONU sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y asociación, señala que la falta de notificación previa de los organizadores a las autoridades no debe motivar la disolución automática de la reunión, ni la imposición a sus organizadores de sanciones penales o administrativas consistentes en el pago de multas o la privación de libertad. Finalmente, la Comisión de Venecia ha recomendado que la futura ley de seguridad ciudadana especifique de forma expresa que los organizadores o promotores de una manifestación no serán objeto de sanción por incumplir el requisito de notificación previa en el caso de manifestaciones espontáneas, y que este principio de “tolerancia” debe extenderse también a las acciones de la policía durante estos eventos. Es decir, que la policía no debería disolver este tipo de manifestaciones por el mero hecho de que no hayan sido comunicadas, e igualmente debería tolerarse la posible perturbación que la manifestación cause en la vida de la ciudad.
La policía nacional exigió a todas las personas identificadas con el peto de Amnistía internacional (alrededor de 15 activistas) la documentación por considerarlas promotoras de la concentración, en virtud del artículo 30.3 de la ley de seguridad ciudadana. Amnistía Internacional ha cuestionado los amplios poderes que la ley de Seguridad Ciudadana vigente otorga a los agentes de policía para determinar quién es la persona promotora u organizadora de una protesta, y también el hecho de que cualquier señal que pueda indicar que una persona encabeza una protesta o es aquella a quien “obedecen” las demás se considere suficiente para realizar esa determinación. Amnistía Internacional lamenta que la Proposición de Ley y la Propuesta de Reforma mantenga esta discrecionalidad para decidir quién es la persona promotora u organizadora de una manifestación a efectos de atribuirle responsabilidad por infracciones a la seguridad ciudadana. Aunque una persona reclamó ser la principal organizadora explicitando claramente que constara en el atestado policial, se llevó a cargo la identificación de tres personas activistas. La policía nacional tras advertir a las personas identificadas que emitiría una propuesta de sanción, permitió el desarrollo de la actividad, que se realizó en la plaza del ayuntamiento sin ocasionar ningún incidente y que finalizó a las 19:55h con la lectura del manifiesto.
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Nota adicional:
El pasado jueves, 3 de noviembre, Amnistía Internacional publicó el informe “Derecho a la protesta en España: siete años, siete mordazas que restringen y debilitan el derecho a la protesta pacífica en España”. Amnistía Internacional presenta una visión completa de las diferentes mordazas y obstáculos que el derecho a la protesta pacífica enfrenta en España, tras siete años de restricciones indebidas justo en el momento en el que hay abierto en el Congreso un debate sobre libertad de expresión, reunión y manifestación, con la propuesta de modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana (LOSC).
