En los últimos meses, el Reino Unido ha sido protagonista en las noticias por la forma en que está tratando el flujo de inmigrantes y refugiados que llegan a su territorio diariamente. El enfoque mediático refleja una ola de discusiones políticas que implican retrocesos jurídicos y sociales. Algunos puntos de énfasis en las discusiones han […]
En los últimos meses, el Reino Unido ha sido protagonista en las noticias por la forma en que está tratando el flujo de inmigrantes y refugiados que llegan a su territorio diariamente.
El enfoque mediático refleja una ola de discusiones políticas que implican retrocesos jurídicos y sociales.
Algunos puntos de énfasis en las discusiones han sido:
1. El debate sobre la creación de una nueva ley migratoria (“Illegal Migration Bill”).
2. Un acuerdo entre el Reino Unido y Ruanda para deportar solicitantes de asilo del país
europeo hacia el país africano.
3. La instalación de solicitantes de asilo en un barco anclado en la costa.
Aquí, nos centraremos precisamente en la discusión número 3.
Hace algunas semanas, se difundió en las noticias que el Reino Unido planea alojar a quinientos solicitantes de asilo en el barco Bibby Stockholm.
No es la primera vez que se realizan este tipo de prácticas en Europa, el mismo barco fue utilizado previamente por los Países Bajos para fines migratorios.
Pero esta práctica no es legítima como parece creer el Gobierno del Reino Unido.
Tener una prisión flotante para «acoger» a los solicitantes de asilo no es admisible en una sociedad guiada por los valores democráticos y humanos. Existen graves problemas en la gestión del sistema de asilo en Reino Unido, y dicha gestión no respeta los derechos humanos.
Hay que sanar las deficiencias del sistema, no aumentarlas creando alternativas peores.
La mayoría de los barcos no están equipados para albergar a un gran número de personas durante un período de tiempo prolongado. Además, alojar a los refugiados en barcos no les permite integrarse adecuadamente en la sociedad local. En realidad, está muy claro que se pretende aislar a esa población e impedir que haya una mayor circulación en las ciudades.
Si el coste para acoger a los solicitantes de asilo en hoteles es muy alto, como alega el Gobierno británico, existen otras alternativas que no implicarían la privación de libertad. Es necesario buscar soluciones humanitarias, como la creación de centros adecuados, con acceso a servicios básicos y oportunidades de integración social y económica.
En definitiva, la idea de acogida en barcos es un atentado contra la libertad y la dignidad de las personas solicitantes de asilo.
Como Comunidad Internacional y defensores de los derechos humanos debemos reflexionar sobre las consecuencias de esta relativización de derechos y posicionarnos contra este movimiento retrógrado.
Mariana Augusto Bandeira
Activista en Amnistía Internacional Valencia
