LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN CHINA

12 julio, 2023 por Amnistia Internacional Comunidad Valenciana

Derechos humanos

El artículo 35 de la Constitución China establece que “Los ciudadanos de la República Popular China tienen libertad de palabra, de prensa, de reunión, de asociación, de desfiles y de manifestaciones”[1]. En la práctica, nada de esto se cumple. El Partido Comunista de China ha desarrollado un fuerte aparato tecnológico y humano a fin de […]

El artículo 35 de la Constitución China establece que “Los ciudadanos de la República Popular China tienen libertad de palabra, de prensa, de reunión, de asociación, de desfiles y de manifestaciones”[1].

En la práctica, nada de esto se cumple. El Partido Comunista de China ha desarrollado un fuerte aparato tecnológico y humano a fin de asegurar el control total sobre la información tanto online como en cualquier otro ámbito.

Evolución

Tras el periodo de la Revolución Cultural China de Mao Zedong (1966-1976), el Partido Comunista Chino (PCCh) decidió abordar políticas de apertura y reforma que se vieron acompañadas de una reevaluación del extremo control de la prensa que había imperado en los años anteriores. Esto significó incluir en la Constitución China de 1982 el concepto de “libertad de expresión” aunque el PCCh continuó controlando los medios de comunicación.

En los años 90 y la primera década de este siglo, China experimentó un desarrollo mediático inusitado impulsado por la expansión de los medios digitales. No obstante, China desarrolló, de forma paralela, un sistema de controles técnicos y legislativos sobre Internet (conocido como el “gran cortafuegos”). Esa progresión en las reformas se interrumpió por los eventos de 1989. La represión del movimiento democrático del 4 de julio supuso la vuelta al fuerte control del discurso público bajo el mandato de Jian Zemin.

A lo largo de los años 90, el gran desarrollo económico que experimentó fue acompañado de un gran desarrollo mediático, que supuso un aumento de la actividad profesional en los medios chinos, incluso la aparición del periodismo de investigación, aunque la directiva de “formación de opinión pública” seguía en vigor.

Al mismo tiempo, desde el poder se creó el “gran cortafuegos”, un fuerte sistema de controles técnicos y legislativos sobre Internet para bloquear el acceso al mundo exterior y censurar los contenidos internos.

Desde el mandato de Xi Jinping se han intensificado los controles sobre la prensa e Internet, llegando a confirmar la supremacía del PCCh (Partido Comunista Chino) sobre todos los medios de comunicación.

David Bandurski (periodista, profesor honorario del China Media Project[2]) nos dice que los funcionarios a menudo señalan que “la libertad de expresión no significa libre expresión”, dando a entender que la información debe supeditarse al interés general, el interés del PCCh[3].

Ya en 2017, Amnistía Internacional remitió un informe comentando la ley de supervisión de contenidos (Draft Law)[4] creado por el Comité permanente del Congreso Popular Nacional, instándole a realizar enmiendas para que fuese compatible con la obligación de China de respetar los derechos humanos en sus leyes nacionales[5].

La ley afirma que está en línea con la Constitución y demás leyes, pero no menciona si ello también incluye las obligaciones legales internacionales de China.

En segundo lugar, choca frontalmente con el mandato constitucional, que define el papel de los juristas y los tribunales (art.37) “Ningún ciudadano puede ser detenido sin la autorización o decisión de una fiscalía popular o la decisión de un tribunal popular, y la detención no puede ser ejecutada sino por los organismos de seguridad pública”[6].

A pesar de que la Draft Law dice que en caso de detención se notifique de ella a la familia, también establece excepciones que permiten detenciones arbitrarias hasta de 6 meses y sin asistencia letrada ni conocimiento de la familia y proporciona un completo control para iniciar y supervisar investigaciones a una parte importante del personal de servicios públicos. Lo cual significa un sistema extrajudicial que tiene un poder que puede fácilmente infringir los derechos humanos.

Esto significa que se produzcan detenciones y arrestos en cualquier lugar sin garantías de acceso a los familiares ni abogados, hasta un período de 6 meses, que atenta al derecho a asesoramiento legal y facilita la tortura y llegar mediante ella a que se firmen “confesiones”.

El derecho a cuestionar la legalidad de la detención queda, pues, gravemente deteriorado, ya que solo se puede ejercer tras los tres o seis meses que pueden pasar antes de que el detenido deje de estar incomunicado.

La Draft Law supone, por lo tanto, un paso atrás en Derechos Humanos.

En conclusión, Amnistía Internacional, ya en esas fechas, instó a que la Draft Law prohibiese la detención arbitraria e incomunicada y estableciese salvaguardas específicas para la libertad y seguridad de las personas[7].

Han pasado 34 años desde la represión de Tiananmen[8]. A pesar de ello tanto China como Hong Kong siguen reprimiendo la conmemoración de aquellas protestas que desembocaron en una matanza el 4 de junio de 1989. Ocho personas han sido detenidas cerca del parque Victoria de Hong Kong, según la policía por “mostrar artículos de protesta con textos sediciosos, entonar lemas y cometer actos ilegales”[9]. Eran manifestantes pacíficos que recordaban la represión de Tiananmen. Ni estas protestas son delito y tampoco lo fueron las del 4 de junio.

Kerry Allen, en una publicación de BBC News, explica cómo China evita la difusión de las noticias sobre las protestas que se produjeron por todo el país a raíz de la estricta política de Covid cero que aplicaron en la pandemia, que ocasionó escasez de alimentos y dificultades en el acceso a la atención médica de emergencia en las zonas confinadas[10].

Dado que la vacunación no alcanzó a la mayoría de la población, a partir del 8 de enero de 2023 aumentaron exponencialmente los contagios y muertes por COVID19, contribuyendo a ello la escasez de medicamentos. Para sortear la censura, los ciudadanos fueron creando palabras nuevas para referirse a las protestas. Palabras como “Shanghai” y “Urumqi” (ciudades donde ha habido manifestaciones) se han añadido a la lista de palabras censuradas en las principales plataformas de Internet en China. Al final, en las protestas, los ciudadanos se manifestaron con un papel en blanco como símbolo de todo lo que no se les permitía decir y que podría llevarlos a la cárcel. Para eludir la censura empezaron a utilizar términos como “papel blanco” y “A4” en las redes, pero también esos términos se están censurando[11].

Además, se está intentando culpar a los extranjeros occidentales de los disturbios, acusándoles de alimentar las protestas. Los medios de comunicación chinos han omitido las protestas centrándose en noticias optimistas y en las que muestran los logros de China en el espacio.

Otro intento de “normalizar” la situación en el país fue la organización de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de invierno en febrero y marzo de 2022, con el compromiso de China de acometer mejoras en materia de derechos humanos en el país, aunque no lo hizo. Con la organización de los Juegos el Gobierno Chino pretendió mostrar lo que se ha progresado desde los Juegos Olímpicos de verano de 2008 para desviar la atención sobre el lamentable estado de los derechos humanos, especialmente desde que Xi Jinping llegó al poder en 2013.

Con motivo de estos Juegos Olímpicos, Amnistía Internacional pidió a las autoridades chinas que retirasen todos los cargos contra personas detenidas o que estuvieran siendo procesadas solo por ejercer su derecho a la libertad de expresión y las liberasen, entre otras cosas[12].

Amnistía Internacional pidió al Comité Olímpico Internacional que se ocupase debidamente de los derechos humanos e hiciese públicas sus políticas y prácticas según las normas internacionales para identificar, prevenir, mitigar y abordar de manera oportuna las consecuencias adversas para los derechos humanos en todas sus actividades, relaciones comerciales y cadenas de suministro, tanto en la preparación como en el desarrollo del evento.

Además de la censura que China establece en Internet, es flagrante el control que se ejerce sobre los periodistas y los medios de comunicación chinos, así como sobre abogados de derechos humanos y minorías étnicas y religiosas ayudados de las más avanzadas técnicas de vigilancia[13].

Todo este control y consiguiente castigo de lo “inapropiado” establece a su vez un clima de autocensura en el que las personas, conscientes del riesgo que corren, adecúan sus opiniones a lo establecido para evitar cruzar las “líneas rojas”, aunque incluso así, el concepto de “seguridad nacional” que aplican las autoridades es tan impreciso que les da manga ancha para reprimir cualquier tipo de disidencia.

Esta censura no solo se impone en China; cualquier periodista extranjero que escriba artículos críticos con las autoridades del país cada vez tiene más difícil conseguir la renovación de su visado e incluso corre el riesgo de ser expulsado. También se ha censurado a personas extranjeras que viven fuera de China por pronunciarse sobre las violaciones de derechos humanos de este país[14].

La censura de todo tipo es omnipresente en China como herramienta para sofocar las críticas al gobierno, y, por supuesto, se intensifica en fechas de acontecimientos de gran repercusión y aniversarios importantes. Las detenciones en el aniversario de Tiananmen evidencian la intensificación de la represión. “A partir de 1989 ha sido habitual que se detenga y se acuse de “subversión” o de “provocar peleas” a activistas de China continental que conmemoran a las personas asesinadas, piden la libertad de presos o critican la actuación del gobierno durante la represión de Tiananmen”[15].

Imagen de Pete Linforth en Pixabay

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