Bernardo y su comunidad protestaron cuando una empresa autorizada por el gobierno guatemalteco represó el río Cahabón, en territorio maya q’eqchi, para construir dos centrales hidroeléctricas. Uno de los ríos más largos de Guatemala, y la comunidad depende de él para su vida. Con sus acciones se ganó la enemistad de la empresa y las […]
Bernardo y su comunidad protestaron cuando una empresa autorizada por el gobierno guatemalteco represó el río Cahabón, en territorio maya q’eqchi, para construir dos centrales hidroeléctricas. Uno de los ríos más largos de Guatemala, y la comunidad depende de él para su vida.
Con sus acciones se ganó la enemistad de la empresa y las élites económicas y políticas del país. Bernardo fue difamado con reiteradas acusaciones infundadas y, en 2018, condenado a más de siete años de cárcel tras ser declarado culpable sin ninguna prueba.
Bernardo fue considerado preso de conciencia por Amnistía Internacional[1] y liberado, aunque todavía tiene una causa pendiente.
Ha estado visitando varias ciudades en España, a Valencia ha venido en dos ocasiones.
Esta vez, acompañado por María Chaqués, abogada activista de Amnistía Internacional Valencia, ha sido entrevistado el 8 de abril en Radio Malva donde la Organización tiene un espacio mensual.
Resumimos la mayor parte de la entrevista.
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En Guatemala existen 23 pueblos mayas y 23 idiomas y uno de ellos es de donde procedo, el q’eqchi.
Un pueblo que ha vivido con mucha tranquilidad relacionado con la naturaleza, la madre tierra que es la que nos proporciona la alimentación porque en la tierra se siembra el maíz, el frijol, la patata… y las frutas. Para mi cultura, para nuestra forma de ver el mundo, se le debe guardar respeto. Los ríos son como las venas, las arterias de esta madre tierra, y ocasionarle daños ocasiona dolor por parte de quienes habitamos en ese territorio.
Hace algunos años llegó maquinaria, grandes camiones y excavadoras para desviar un río muy importante para mi pueblo y el Gobierno, que siempre está al servicio de las empresas que ocasionan estos daños, dio permiso a una empresa para construir varias centrales hidroeléctricas en ese río, permisos para 50 años.
Cuando nos dimos cuenta, empezamos algunas acciones siempre dentro de la legalidad, iniciando recursos de amparo con el fin de poder detener las licencias para las que no se nos consultó ni siquiera se nos informó. Y somos quienes vivimos alrededor de ese río. No informar infringe el Convenio 169 de la OIT, una ley ratificada por Guatemala.
El resultado fue que se criminalizaron las protestas y se persiguió a quienes protestaban y se atrevieron a hablar abiertamente defendiendo los derechos de miles de habitantes. Así fue como me persiguieron por comunicar lo que estaba ocurriendo, yo soy el vocero de las comunidades que han delegado en mí esta responsabilidad. Hay que mencionar que el Gobierno de Guatemala es quien otorga las licencias a estas empresas y hay que decir que una de ellas es de origen español, la empresa Cobra ASS del club de Florentino Pérez.
Gracias a manejar los medios de comunicación realizan campañas de difamación en mi contra y con dos órdenes de captura; una de ellas logré que se retirara aportando documentos ante el juez, pero “fabricaron” otros delitos y se estableció otra orden de captura que no pude eludir por delitos de robo agravado de cables de la empresa hidroeléctrica y fui condenado a 7 años y 4 meses.
La finalidad de tal condena es ofrecer un escarmiento y asustar a las comunidades para que no reclamen el río.
Pero no lo lograron ni lo lograrán, porque mi encarcelamiento fortaleció a las comunidades, y el caso llegó a conocerse internacionalmente, gracias a Amnistía Internacional que siguió el proceso y pidió una copia del expediente. Expertos de la Organización realizaron un estudio del caso y determinaron que no hay delito por lo cual se me declaró preso de conciencia a nivel internacional.
En la prisión estuve resistiendo y la lucha de mi pueblo se fortaleció.
La finalidad de tenerme encarcelado era terminar de construir los proyectos.
Al salir de prisión durante un año tenía que presentarme ante los tribunales cada 15 días. Salí de prisión en 2022 y durante 2023 debía presentarme porque existía otro proceso en mi contra. Al final me absolvieron por lo que en 2024 hemos agendado con Amnistía Internacional seguir realizando visitas para dar a conocer el caso de empresas que con la confabulación con el Gobierno inventan delitos para realizar un despojo y un saqueo de nuestras comunidades indígenas.
Los medios de comunicación al servicio del Gobierno y comprados por empresas están amordazados, por lo que es imprescindible tener medios de comunicación alternativos como esta emisora Radio Malva que nos da la oportunidad de dar a conocer estos casos de injusticia. Los medios amordazados satanizan a defensores como yo y manipulan la información para hacer creer que somos criminales.
Oponerse a la destrucción de la naturaleza le llaman “oponerse al desarrollo”. Además, que la energía que se fabrica en esas empresas no será para las comunidades indígenas, sino que es transportada en cables para ciudades y empresas cuando en tantos lugares en Guatemala no hay electricidad. ¿Desarrollo? Sí, pero solo para un sector de la población.
Hay más de 1000 órdenes de captura contra defensores de los pueblos indígenas “matados” civilmente. En mi caso, mientras no se terminen los procesos penales que tengo no puedo recuperar mi trabajo de maestro.
Y la estigmatización permanece. Los antecedentes penales quedan, lo que impide encontrar trabajo. Por haber reclamado derechos colectivos.
Pero no me arrepiento porque hay que seguir luchando.
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Para Bernardo, la defensa de los derechos humanos y la naturaleza es su forma de vivir.
Lamentablemente, en Guatemala se sigue criminalizando a quienes alzan la voz para defender sus derechos.
Pero Caal Xol lo tiene claro: “soy un preso político que se encuentra en esta situación por denunciar el secuestro de los ríos, por declarar que los están matando, por dar a conocer el saqueo del territorio del pueblo Q’eqchi”[2].
RADIO MALVA
EQUIPO DE COMUNICACIÓN AMNISTÍA INTERNACIONAL COMUNIDAD VALENCIANA
A.Emma Sopeña Balordi
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[1] Amnistía Internacional define como presos de conciencia a aquellas personas que sin haber utilizado la violencia ni haber promovido o su uso son encarceladas o sometidas a otras restricciones de su libertad a causa de su opinión política, religión u otras creencias, su origen étnico, sexo, color, idioma, origen nacional o social, orientación sexual o identidad de género, u otro estatus. Bernardo Caal es el primer preso de conciencia que declara la organización en Guatemala desde la firma de los Acuerdos de Paz que pusieron fin al conflicto armado interno en el país en 1996.
[2] https://www.alianzaporlasolidaridad.org/casos/libertad-para-bernardo
