VISITA DE LOS FAMILIARES DE VÍCTIMAS DE LA REPRESIÓN EN PERÚ A LA SEDE DE AMNISTÍA INTERNACIONAL VALENCIA

21 noviembre, 2024 por Amnistia Internacional Comunidad Valenciana

Derechos humanos

A casi dos años de la violenta represión contra las protestas que se dieron entre diciembre 2022 y marzo 2023, la búsqueda por justicia, memoria y reparación continúa. Amnistía Internacional recogió información de víctimas así como examinó diversos medios probatorios como fotos, videos, informes periodísticos y otros que se encuentran en la carpeta fiscal, y […]

A casi dos años de la violenta represión contra las protestas que se dieron entre diciembre 2022 y marzo 2023, la búsqueda por justicia, memoria y reparación continúa.

Amnistía Internacional recogió información de víctimas así como examinó diversos medios probatorios como fotos, videos, informes periodísticos y otros que se encuentran en la carpeta fiscal, y pudo concluir en el informe “Racismo Letal” [1] que el estado peruano hizo uso de la fuerza de manera ilegal y desproporcionada, disparando munición real contra manifestantes y transeúntes, teniendo domo resultado cientos de personas heridas y la muerte de 50 personas en confrontaciones directas con agentes estatales, en las cuales habrían presuntas ejecuciones extrajudiciales en al menos 20 casos. La represión recayó principalmente en regiones donde predomina la población indígena y campesina, históricamente discriminada y excluida en Perú y estuvo acompañada de expresiones de estigmatización hacia las personas que ejercieron su derecho a la protesta. Estas expresiones se repetirían hasta 18 meses después de las protestas.[2]

Para la investigación fiscal se abrieron dos líneas, una dirigida por el Equipo Especial para casos con víctimas durante las protestas sociales (EFICAVIP), contra los presuntos autores directos; y la segunda orientada a la investigación del actuar de los altos mandos civiles como la Presidenta de la República y varios de sus exfuncionarios de alto rango. A pesar de algunas dificultades durante el primer año de las investigaciones fiscales contra efectivos policiales y militares, el EFICAVIP ha formalizado la investigación preparatoria en la gran mayoría de carpetas. En el caso del proceso contra altos mandos, desde Amnistía Internacional publicamos en julio de 2024 el informe “¿Quién disparó la orden?[3], que revela una serie de acciones y omisiones desde las más altas esferas del Estado peruano que habrían tenido consecuencias letales durante las protestas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. En julio de 2024 la Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional contra la Presidenta de la República y ministros por la represión de las protestas 2022/23, y queda en manos del Congreso que la investigación pueda continuar.

Todo este proceso estuvo signado por avances de grupos de poder conservadores, enclavados en el ejecutivo y en el Congreso, e inestabilidad institucional en las entidades que velan por el cumplimiento de los derechos humanos como la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Constitucional. El sistema de justicia también se ha visto afectado por la destitución de magistrados de la Junta Nacional de Justicia y los intentos de cambio de normatividad para el nombramiento de los magistrados, considerando que se trata de la institucionalidad que controla la independencia y probidad de la magistratura, y la garantía de cumplimiento del derecho a la verdad, justicia y reparación de víctimas de vulneraciones a los derechos humanos.[4]

Se puede identificar también el cierre del espacio cívico peruano. En los últimos seis meses se han propuesto normas que afectan el espacio cívico: solo en los últimos meses, el Congreso ha tramitado seis proyectos de ley que podrían restringir el trabajo de organizaciones de la sociedad civil e instituciones que reciben fondos de cooperación internacional. Entre otras consecuencias, limitarían la capacidad de las ONG para proponer o cuestionar políticas públicas o proyectos de ley, pues propone sanciones administrativas desproporcionadas y arbitrarias que abrirían la puerta a la disolución de estas asociaciones sin causa justa y sin un debido proceso.[5]

La gira estará compuesta por dos representantes de las organizaciones de familiares y una representante del equipo de Amnistía Internacional:

Yovana Mendoza es vicepresidenta de la Organización Nacional de Víctimas de las protestas 2022/23 y Presidenta de la Asociación de Familiares de los Asesinados y Heridos de Ayacucho. Yovana es hermana de Jhon Henrry Mendoza Huarancca, quien murió el 15 de diciembre de 2022 en Ayacucho, luego de recibir un balazo en las inmediaciones del Aeropuerto local. Ayacucho fue la única ciudad donde la protesta fue reprimida por las fuerzas armadas.
Mario Ilaquita es padre de Reynaldo Ilaquita Cruz, quien recibió un balazo a los 19 años en las inmediaciones del Aeropuerto de Juliaca, Puno, el 09 de enero de 2023. Originarios de la comunidad de Muni, el día que Reynaldo murió estaba regresando de jugar fútbol con sus amigos. Fueron ellos quienes le contaron Mario que vieron que un grupo de policías empezó a perseguir a manifestantes. En cuestión de segundos se vieron envueltos en el caos y se echaron a correr. Escucharon un disparo y vieron cómo Reynaldo cayó al suelo.

De acuerdo con el Informe Pericial de Balística Forense 01-2023 del 16 de enero, se trata de “un proyectil de fusil calibre 7.62 mm (…) aprovechable para un estudio microscópico comparativo”, compatible con los fusiles AKM utilizados por la PNP y las Fuerzas Armadas que actuaron en Juliaca