Encuentro con Virginia Laparra en Valencia 25 de febrero de 2025 Colegio Mayor Rector Peset de la Universitat de València. Virginia Laparra está en España en su exilio tras su segunda condena por su lucha contra la impunidad. En Madrid tuvimos ocasión de verla y escucharla por zoom en la sede de Amnistía Internacional el […]
Encuentro con Virginia Laparra en Valencia
25 de febrero de 2025
Colegio Mayor Rector Peset de la Universitat de València.
Virginia Laparra está en España en su exilio tras su segunda condena por su lucha contra la impunidad.
En Madrid tuvimos ocasión de verla y escucharla por zoom en la sede de Amnistía Internacional el 11 de febrero.
En este artículo recogemos información general sobre el caso Virginia Parra y su intervención e en Madrid retransmitida, así como la intervención de Amnistía Internacional Valencia en Radio Malva el 10 de febrero sobre su caso.
Virginia está visitando diversos países porque el 3 de febrero le han concedido en Londres el Premio internacional Sir Henry Brooke 2025 por su lucha contra la corrupción[1]. Le fue entregado por el expresidente de la Suprema Corte del Reino Unido. El premio se otorga una vez al año para reconocer y honrar a un/a profesional del derecho, defensor/a de los derechos humanos. La nominación de Laparra fue hecha por Fund for Global Human Rights(FGHR), y según el Comité de selección de La Alianza para Abogados en Riesgo, la exfiscal fue elegida por su trayectoria “contra la corrupción y el crimen organizado en Guatemala, que la llevó a ser encarcelada por ‘abuso continuo de autoridad’, y por su compromiso dedicado a defender el Estado de derecho”.
En su discurso, Laparra dijo que cuando decidió ser fiscal de la FECI (Fiscalía Especial contra la Impunidad), lo hizo con la esperanza y el sueño de poder contribuir a la sociedad y eligió la defensa de los derechos humanos. Su intención siempre fue la de ser parte de la solución al problema de la corrupción, de buscar la justicia en medio de la adversidad.
Pero ¿a qué se enfrentó?
A la corrupción y la impunidad por lo que su labor fue reprimida y perseguida.
Amenazas, persecución mediática, administrativa, política y penal. Tratada como perteneciente a una organización criminal como a cuantas personas se enfrentaban a la corrupción imperante en el Gobierno. Una política de acoso y derribo incesante. Una auténtica persecución en cadena.
Se le exigió que pidiera disculpas públicas escritas y verbales por sus acusaciones con un texto que se le impondría so pena de ser encarcelada. Se le exigió una aceptación de cargos, que aceptara que había cometido los delitos por los que se le acusaba. Se le exigió que pagara una indemnización por el daño causado en sus acusaciones y que reconociera que pertenecía a una organización criminal que inventaba hechos de corrupción. Todo ello en audiencias a puerta cerrada.
Sabía que tarde o temprano la detendrían a pesar de que las denuncias penales fueron desestimadas.
Capturada el 23 de febrero de 2022 a la salida de su trabajo con unas medidas de fuerza desproporcionadas, en plena calle, como si se tratara de una delincuente peligrosa.
Es enviada a una “carceleta”, calabozo de prisión preventiva de presos peligrosos.
Encarcelamiento durante dos años en condiciones terribles 23 horas al día, aislada, sin atención médica, sin higiene, sin luz ni ventanas en un recinto de 2,5 x 2,5 metros.
Por haber relatado estas condiciones fue trasladada al centro militar Mariscal Zabala, de máxima seguridad. Lugar donde estaban encerradas las compañeras que habían sido detenidas días antes. Las cinco quedan encerradas en la misma celda.
Precedentes
Laparra, fiscal desde 2006, había sido nombrada Jefa de la Unidad de la Fiscalía Especial contra la impunidad, FECI. ¡Qué paradoja! Con este nombramiento empezó su investigación en cargos del Gobierno, jueces incluso. El problema empezó cuando en 2018 investigó un proceso contra un juez por corrupción. Dicho juez, Castellanos, presentó denuncia contra ella con el pretexto de que había revelado secretos, y la juez encargada del caso la envió a la cárcel en 2022.
Es el momento en que Amnistía Internacional inició su investigación respecto a su detención; comprobó que no había pruebas contra ella respecto a la acusación de abuso continuado de autoridad. Fue condenada a cuatro años y se inició una campaña de difamación contra ella.
En enero de 2024, Laparra fue liberada de prisión y puesta bajo arresto domiciliario. Sin embargo, en julio de 2024, se enfrentó a un segundo juicio en el que fue declarada culpable de revelar información confidencial, recibiendo una sentencia de cinco años de prisión y una multa de 50,000 quetzales, además de una inhabilitación de diez años para ejercer cargos públicos.
No podemos obviar el componente misógino de esta campaña, frecuente en Guatemala.
La campaña de difamación se extendió a otros profesionales, que fueron igualmente perseguidos. Los exilios de abogados y fiscales se multiplicaron.
El exilio de Laparra se suma al de más de 50 operadores de justicia, periodistas, líderes indígenas y activistas guatemaltecos que, entre 2019 y 2023, han abandonado el país denunciando persecución política por parte del Ministerio Público.
Amnistía Internacional la declaró presa de conciencia en noviembre de 2022, argumentando que su detención se debía únicamente a su labor en la lucha contra la corrupción y la impunidad en Guatemala.
El grupo de Amnistía Internacional Valencia ha estado trabajando incansablemente para conseguir su liberación junto con otros grupos y organizaciones de derechos humanos.
En junio de 2023, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria consideró su detención como arbitraria y solicitó su liberación inmediata.
Naciones Unidas ha exigido que cese la persecución judicial en su contra y en contra de todos los profesionales de la justicia que luchan por los derechos humanos.
Laparra es un símbolo de los desafíos a los que se enfrentan quienes se atreven a cuestionar las estructuras de poder en países con instituciones democráticas frágiles.
¿Qué está pasando con los derechos humanos en Guatemala y parte de América Latina?
Las denuncias internacionales han sido claves para dar visibilidad a estas detenciones de operadores de justicia y periodistas que se enfrentan a persecuciones y acusaciones arbitrarias.
Desde 2018 se han venido exiliando por las amenazas contra su seguridad.
¿Qué derechos humanos se infringen en Guatemala?
Derecho a la vida y seguridad – La violencia, el crimen organizado y la impunidad siguen siendo problemas graves.
Derechos de los pueblos indígenas – Representan más del 40% de la población, pero enfrentan discriminación, falta de acceso a justicia y conflictos por la tierra.
Libertad de expresión y prensa – Aunque existe formalmente, periodistas y activistas son objeto de amenazas y persecución.
Acceso a la justicia – La impunidad es alta, y las instituciones judiciales han sido cuestionadas por falta de independencia.
Derechos de la mujer y equidad de género – Guatemala tiene una de las tasas más altas de feminicidios en América Latina.
Derechos laborales y sociales – Muchas personas trabajan en condiciones de explotación, especialmente en sectores agrícolas y maquilas.
Derechos de la niñez y adolescencia – Hay altos niveles de desnutrición infantil y explotación infantil.
Derecho al medio ambiente sano – Las comunidades indígenas y rurales luchan contra proyectos extractivos que afectan sus territorios sin consulta previa.
La corrupción en Guatemala es un problema sistémico que ha afectado profundamente al país, debilitando sus instituciones democráticas y socavando la confianza pública. A lo largo de los años, diversos escándalos han implicado a altos funcionarios gubernamentales, exacerbando la percepción de corrupción en el país.
La administración del presidente Bernardo Arévalo, que asumió en enero de 2024, ha enfrentado obstáculos significativos en su lucha contra la corrupción. A pesar de las promesas de reformas y de combatir la impunidad, las investigaciones son frecuentemente obstruidas.
La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que operó entre 2007 y 2019, desempeñó un papel crucial en la investigación y desarticulación de redes criminales dentro del Estado. Sin embargo, desde su salida, ha habido un retroceso en los avances logrados, con un aumento en la persecución de fiscales, jueces y periodistas que investigan casos de corrupción.
Virginia Laparra agradece con emoción las cartas recibidas de Amnistía Internacional, las tarjetas de “regala tus palabras” de personas lejanas desconocidas que la han alentado para que no desfalleciera. Palabras de solidaridad que se traducen en una transmisión de fortaleza, un aliento de esperanza.
¿Qué sentido tendría ceder, rendirse tras todo el infierno que había pasado? Tuvo que pagar un precio muy alto por defender la justicia y lo pagó, lo sigue pagando en el exilio. Un compromiso con su país y con los derechos humanos como otras tantas personas guatemaltecas.
Virginia hace suyo el lema de Amnistía “nadie puede cambiar el mundo solito”.
Prender la vela es la diferencia entre morir de frío o poder calentarse.
“Yo no voy a cambiar el mundo, pero la parte que a mí me toque hacer va a estar bien hecha”. Por ello pide que las personas que la escuchen hagan lo que esté en sus manos para que nadie tenga que pasar por lo que ella ha pasado.
“El exilio es una decisión obligada cuando no queda nada más para salvar la vida”.
A pesar de que su salida del país podría parecer una derrota, la libertad en Guatemala puede conseguirse y lograr una reconstrucción del estado de derecho con la que todas las personas exiliadas pueden retornar a su país.
El mundo puede cambiar, pero no va a cambiar solo.
Los defensores de los derechos humanos dentro y fuera de Guatemala siguen luchando.
ENLACES
(a partir del minuto 1.05.05)
https://www.amnesty.org/es/location/guatemala
[1] https://prensacomunitaria.org/2025/02/virginia-laparra-recibio-el-premio-sir-henry-brooke-2025-por-su-lucha-anticorrupcion/
