El pasado 26 de junio, en la sede de Amnistía Internacional Elche se desarrolló la charla coloquio sobre la libertad de expresión y la “ley mordaza” Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana[1]. Para ello contamos con la intervención de Tomás Muñoz, periodista de El Salto y, como moderadora, […]
El pasado 26 de junio, en la sede de Amnistía Internacional Elche se desarrolló la charla coloquio sobre la libertad de expresión y la “ley mordaza” Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana[1].
Para ello contamos con la intervención de Tomás Muñoz, periodista de El Salto y, como moderadora, Alexandra Murcia, responsable de comunicación de Amnistía Internacional Elche.
Tomás Muñoz, es editor y responsable de la edición valenciana de Elsaltodiario.com. Con anterioridad trabajó para el periódico Diagonal y la Cadena SER. Implicado en la defensa de los derechos humanos, participó en el movimiento estudiantil contra la reforma de Bolonia, el Patio Maravillas, el 15 M y fue uno de los impulsores de Juventud Sin Futuro y la Oficina Precaria.
La charla se realizó en homenaje al Día Internacional de la Libertad de Prensa (el 3 de mayo) y con motivo del décimo aniversario de la entrada en vigor de la llamada “ley mordaza” (el 1 de julio de 2015), como apoyo a los medios de comunicación que son objeto de la restricción o la abolición de la libertad de prensa y de recuerdo para los periodistas que perdieron la vida en la búsqueda de una información o una historia.
En un primer momento, Alexandra recordó el décimo aniversario de la aprobación de la ley y su impacto sobre la libertad de expresión y la libertad de prensa.
Entre 2015 y 2023 se han impuesto más de 429.000 sanciones por supuestas infracciones de seguridad ciudadana, más del 76% por desobediencia y faltas de respeto a la autoridad, los artículos de la ley son criticados por los organismos internacionales. Estamos viendo que limita el trabajo periodístico, penaliza la grabación de agentes policiales y afecta al derecho a la información[2].
A continuación, Tomás nos puso en contexto sobre cómo surgió la ley. A partir de una serie de protestas ciudadanas no violentas que causaron incomodidad en el gobierno del momento, se impulsó esta norma que limita y coarta la libertad de los periodistas tanto como la libertad de expresión de cualquier ciudadano. Nos explicó que son tres artículos en concreto los más polémicos, la falta de desobediencia, que pasa de ser un delito a ser una falta. Parece que se minora la gravedad de este supuesto, pero no es así, porque ante un delito se tienen toda una serie de garantías judiciales, entre las que figura el derecho a la defensa, pero cuando se comete una falta, el Estado da el principio de veracidad a las fuerzas del orden (quienes han denunciado), se puede reclamar pero no es un proceso con todas las garantías, de hecho hay muy pocas denuncias que se hayan podido echar para atrás. Lo que suele pasar es que, al ser multas discrecionales que aprueba la delegación del Gobierno, al pasar el tiempo ésta deja de exigir el cobro de la denuncia.
También comentó cómo ha impactado la ley en el trabajo cotidiano de los periodistas, porque concede capacidad al agente policial de determinar arbitrariamente qué es esa desobediencia. y pone como ejemplo el caso de bastantes compañeros y compañeras que han sido sancionados por saltarse una línea imaginaria (no física ni siquiera establecida formalmente) que los separa del personaje a quien quieren preguntar o fotografiar y que determinan los policías que establecen el cordón en una manifestación.
El segundo artículo polémico es el relativo al uso de las imágenes de los agentes policiales. Este artículo es deliberadamente ambiguo porque esa prohibición del “uso” se ha ido extendiendo a que los agentes lo entiendan como prohibición de tomar imágenes a la policía en la calle cuando están actuando (que es el apartado que más multas acumula). Si se prohibiera tomar imágenes de forma explícita en la ley sería muy fácil demostrar que choca frontalmente con la Constitución y el derecho a la información y libertad de prensa porque cuando en la calle se toman imágenes de abuso policial, se ejerce el derecho de documentar un abuso, un derecho de informar de un suceso. Realmente este apartado tiene una segunda parte que dice “en el caso en el que se pongan en riesgo la integridad de los agentes policiales, sus familias”.
Con este tipo de faltas, lo que se está produciendo es una inhibición en la documentación de un suceso por temor a multas. Se sabe porque en los años anteriores (2011-2015) de que se instaurara esta ley mordaza, hay gran cantidad de grabaciones (se pueden ver en internet) relativas a la represión violenta de las manifestaciones pacíficas, coincidiendo con la eclosión de las redes sociales y la grabación de vídeos con las cámaras de teléfono. En esa época estos actos de violencia policial quedaban impunes, porque tampoco era obligatorio la identificación policial, y aunque se produjera esa documentación, no se investigaba si se sancionaba al o a los autores porque no se identificaba a esa persona.
Nada más instaurarse esta norma, empezó a aplicarse masivamente en cualquier contexto. Además, hay otro aspecto de la “ley mordaza” y es que permite a los policías incautarse de cualquier elemento que consideren relacionado con la obtención de esos documentos, y así pueden borrar las fotos, cosa que no deberían hacer más que con una orden judicial puesto que tienen la misma inviolabilidad que un correo o el terminal. La cuestión es que ante la petición del terminal o las fotos, si el periodista se niega, entonces se le aplica la falta de desobediencia, si se permite que el policía acceda a las imágenes y las borre, tampoco se libra de la aplicación de la multa, porque ha habido casos que ha sido así.
Todo ello condiciona drásticamente la labor del periodista. Esto también sucede con la población general, que teme la aplicación de las sanciones, que pueden resultar muy onerosas, sobre todo cuando se producen repetidamente, por ejemplo, con aquellas personas que trabajan por los derechos humanos, ONGs contra los desahucios, etc.
Además, la policía debería tener unos controles para que se pudiera fiscalizar efectivamente sus actos represivos.
Con esta ley se abre un campo en el que no hay garantía para ese derecho de expresión y libertad de prensa, esto condiciona a los periodistas y por tanto afecta al derecho a la información del resto de la población, algo en lo que todas las entidades sociales han estado de acuerdo desde el principio de aprobarse esta ley.
En el terreno particular, también inhibe en muchos casos la participación en manifestaciones y/o protestas ciudadanas. Se genera una autocensura por miedo a ser multados, no en todas las personas, pero sí en muchas.
Incluso en algunos medios de comunicación se deja de publicar ciertas fotos o vídeos por miedo a las sanciones.
Las organizaciones que protestan contra la ley consideran que las autoridades deben garantizar el derecho a la protesta sin temor a represalias ni criminalización ya que no es una cuestión partidista, sino una obligación en materia de derechos humanos.
Una década ya de regresión en derechos humanos durante la cual el Gobierno y diversos grupos parlamentarios han prometido su derogación o reforma integral en varias ocasiones, sin que hasta la fecha se haya materializado. Dos intentos de reforma inconclusos, un tercero iniciado en mayo 2024.
Mientras, se sigue criminalizando la protesta.
Y las organizaciones (además de Amnistía Internacional, Defender A Quien Defiende, Greenpeace, Irídia, Legal Sol, No Somos Delito, Novact, CGT, Rights International Spain y Red Acoge) reiteran su compromiso de lucha contra esta ley injusta que no respeta como debiera los derechos humanos.
Maite Redondo Jiménez
Coordinadora de Amnistía Internacional Elche y Área Medios de Comunicación AICV
Amnistía Internacional Elche
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[1] https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-3442
[2] https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/ley-mordaza-diez-anos-de-vulneraciones-de-derechos-humanos-y-promesas-incumplidas/
