Con motivo del primer aniversario de la Dana que arrasó diversas localidades de la Comunidad Valenciana hemos sabido, por el informe de Amnistía Internacional[1], que han sido arrasadas por ésta una gran cantidad de viviendas, especialmente en zonas humildes como el barrio de Xenillet y el barrio de la Mancha en Torrente, entre otras. También […]
Con motivo del primer aniversario de la Dana que arrasó diversas localidades de la Comunidad Valenciana hemos sabido, por el informe de Amnistía Internacional[1], que han sido arrasadas por ésta una gran cantidad de viviendas, especialmente en zonas humildes como el barrio de Xenillet y el barrio de la Mancha en Torrente, entre otras. También se han producido graves deterioros en aparcamientos y ascensores de muchísimos edificios, afectando gravemente la movilidad de personas con alguna discapacidad.
También sabemos que se están construyendo nuevas viviendas en zonas inundables (las autoridades autonómicas han diseñado un urbanismo exprés que flexibiliza los procedimientos para construir) poniendo en riesgo el derecho a la vivienda de las personas. Esto es así porque todavía no se ha reformado el PATRICOVA (Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre prevención del Riesgo de Inundación de la Comunidad Valenciana) ni se han reformado las normas estatales sobre gestión del riesgo de inundaciones.
Pero tras esto hay un problema mucho más grave. Los datos sobre vivienda nos hacen ver la dificultad de conseguir y mantener un lugar en donde desarrollar la vida para una gran parte de la sociedad. Por ello hace años que se formó la “Plataforma de Afectados por la Hipoteca” (PAH) que está integrada en un movimiento mayor: “Juntes per l´habitatge” en el que se integran múltiples asociaciones locales y vecinales y que recientemente han recabado y tienen el apoyo de sindicatos y de Amnistía Internacional. Son plataformas que luchan por el derecho a una vivienda digna y una protección frente a eventos dramáticos (como el COVID o la Dana, etc.) que puede dejar a cualquiera en situación de desahucio y pérdida del hogar, vamos, en la calle.
El pasado once de noviembre se realizó una reunión informativa en Elche a la que asistimos representantes de varias de estas entidades para poner en común e informar a los asistentes de la situación y reivindicaciones respecto al tema de vivienda. También pudimos compartir en primera persona las situaciones críticas de varias de las personas afectadas por estas situaciones y comprobar el papel de acogimiento, información y apoyo a todos los niveles de los integrantes de la PAH.
Este movimiento se forma y toma fuerza ante la reiterada negativa del gobierno de la Comunidad Valenciana a escuchar las reivindicaciones de estas plataformas sobre la vivienda. Porque el plan de protección estatal frente a desahucios por vulnerabilidad que se estableció con motivo del COVID y que se ha estado prorrogando, pronto terminará y debería constituirse en permanente y porque se están proponiendo medidas para evitar el desastre habitacional de la población que los gobernantes ignoran, en resumen se lucha para preservar el derecho a una vida digna: artículo 25 de la Declaración de los Derechos Humanos “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, incluyendo alimentación, vestido, vivienda, atención médica y los servicios sociales necesarios”. Por esto, desde Amnistía Internacional apoyamos a estas asociaciones.
Según datos de Amnistía Internacional entre 2013 y 2021 se produjeron 492.050 desalojos. De ellos, 290.513 por impago del alquiler, 178.090 por impago de hipoteca y 23.447 por otras razones.
La vivienda ha sido considerada en España como una inversión y no como un derecho humano.
En los últimos años, en España la vivienda de alquiler ha subido desde un 32% hasta un 41% mientras que el 18,8% de las personas trabajadoras cobra el salario mínimo (según datos del INE, 2021). Un 37% de la población que vive en una vivienda de alquiler, dedica a los gastos de vivienda más del 40% de sus ingresos, porcentaje sólo superado en la OCDE por Grecia, Macedonia, Montenegro, Bulgaria, Serbia y Rumanía.
Actualmente, en la provincia de Alicante la situación de la vivienda nos muestra que el 51% de viviendas se define como de uso habitual, el 12% están alquiladas y el 35% vacías, según recoge la estadística de viviendas declaradas en el IRPF publicada por la Agencia Tributaria. De los datos analizados se desprende que la rentabilidad de las viviendas alquiladas se sitúa entre el 6 y el 6,5%, que se corresponde a la media de la Comunidad Valenciana, algo más alto que la media nacional que sitúa la rentabilidad bruta en el 5,1%, en ambos casos la rentabilidad es notoria[2].
En Elche este proceso de incremento de los precios no se queda atrás, con todos los indicadores creciendo, no sólo en el alquiler, que lleva mucho tiempo al alza, sino para la compra de vivienda. Si en 2022 y 2023 había unos precios accesibles (en barrios humildes), lo cierto es que hoy el coste supone una barrera que va ascendiendo de trimestre en trimestre, con una variación interanual casi un 10% más respecto al mismo período de 2024. Como siempre esto cambia según zonas (más lujosas, más demandadas, más sube el precio), aunque en las zonas más humildes también ha subido.
En cuanto al alquiler, sigue subiendo hasta hacerse muy difícil llegar a asumirlo. Están en una media que va desde 700 a 1000 euros en cualquier barrio. Algunos de ellos son plantas bajas que se han reformado con el cambio de uso de local a vivienda y que ahora salen al mercado; y en la zona de la Universidad es frecuente ver ofertas de alquiler de pisos por habitaciones para uso exclusivo de estudiantes, lo que produce una mayor rentabilidad[3].
Otro gran inconveniente es la cantidad de requisitos que se suelen pedir para poder alquilar una vivienda: trabajo fijo, unos ingresos mínimos y/o una fianza importante, además del racismo más o menos explícito, es decir las personas migrantes lo tienen mucho más complicado que los nativos con los mismos recursos económicos.
La otra parte de los problemas de vivienda son los desahucios. La pérdida del trabajo, el divorcio, aparte de los reveses de la vida, pueden dejar a cualquier persona con una economía básica en situación de vulnerabilidad. Si no se paga regularmente la hipoteca o el alquiler, rápidamente aparece la amenaza del desahucio. O simplemente que aparezca un “fondo buitre” que compre un edificio completo y cambie las condiciones del alquiler hasta hacerlos inasequibles y así expulsar a vecinos que, probablemente, llevasen toda su vida viviendo ahí y sin recursos para buscar otro alquiler asequible, porque ya no quedan[4].
Porque cuando las cosas vienen mal dadas o simplemente no se tienen recursos suficientes para afrontar esos gastos de vivienda, tampoco hay viviendas sociales que palien el problema, lo que aboca al sinhogarismo y la exclusión social[5].
En España hay un parque de vivienda social que representa el 2,5% del total de viviendas. Está a más de 6,5 puntos porcentuales por debajo de la media de los países de la Unión Europea (9%). Además, hay más de tres millones de viviendas vacías (es decir, fuera del mercado del alquiler y sin uso residencial).
Todos estos datos justifican la necesidad de luchar por frenar los desahucios y generar alternativas de vivienda adecuadas a través de que las instituciones intermedien frente a grandes tenedores para controlar los contratos de alquiler. También que se controle el acoso a vecinos por parte de empresas de “desokupación”, el desahucio es un mecanismo legal, tiene su procedimiento y, en cualquier caso, debe protegerse a las personas vulnerables para que no se queden sin alternativa.
Otra demanda de las asociaciones por la vivienda digna es el control de las áreas tensionadas, es decir que se intervenga sobre las zonas sobrevaloradas, sobre todo por el boom de los pisos turísticos, que invaden barrios céntricos y expulsan de ellos a los vecinos de siempre.
Una demanda esencial es la creación de un parque público de viviendas, empezando por que el Estado compre todas las viviendas que asumió la SAREB y que siguen vacías y continuando con la construcción de las viviendas sociales necesarias.
Finalmente, estas asociaciones demandan ser escuchadas y participar de los acuerdos en estas materias. Volvemos a recordar que la vivienda digna es un Derecho Humano.
ÁREA DE COMUNICACIÓN AMNISTÍA INTERNACIONAL COMUNIDAD VALENCIANA
Maite Redondo Jiménez
Coordinadora de Amnistía Internacional Elche y Área Medios de Comunicación Comunidad Valenciana
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Amnistía Internacional Elche
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03202 Elche
[1]https://www.es.amnesty.org/fileadmin/user_upload/Inf.Vivienda_FIN2.pdf
[2] https://alicanteplaza.es/alicanteplaza/plaza-inmobiliaria-alicante/vision-alicantina-de-estadistica-de-viviendas-declaradas-en-el-irpf-2023
[3] https://alicanteplaza.es/alicanteplaza/elcheplaza/el-precio-de-la-vivienda-acelera-en-elche-y-aumenta-un-10-en-un-ano
[4] https://intranet.es.amnesty.org/comunicacion/posicionamientos-de-ai/posicionamientos-de-ai/desalojo-forzado
[5] https://www.20minutos.es/nacional/caritas-contabiliza-3-millones-casas-vacias-espana-ministra-vivienda-no-se-creia_6897383_0.html
