Convocada per Amnistia Internacional i altres quaranta entitats
En el primer aniversari de la tragèdia de Melilla, Amnistia Internacional Illes Balears, juntament amb Oxfam, la Plataforma Les Balears Acollim, Metges del món, Andiara i així fins a prop de quaranta entitats, varen dur a terme un acte de repulsa, denuncia i en memòria de les víctimes, davant la Delegació de Govern, a Palma.
Recordem que el 24 de juny de 2022, durant un intent de salt de la tanca de la frontera de Melilla, rebujada de forma violenta per les forces de seguretat d’Espanya i del Marroc, en el que presumiblement es varen produir delictes contra el dret internacional humanitari, van morir un mínim de 37 persones negres, 77 varen rebre ferides de diversa consideració i 470 varen ser expulsades de forma col·lectiva i sumària.
Avui, un any després, cap autoridad política ni policial, ni espanyola ni marroquí han comparagut davant la justícia i tots aquells fets es volen amagar i fer oblidar baix un mant de silenci.
L’acte va comptar amb la participació d’una batucada a càrrec de Tambor per la Pau. A continuació es va llegir el manifest per diferents representants d’algunes de les entitas convocants i va finalitzar amb un minut de silenci en record de totes les víctimes de la tragèdia,així com de les recents ocorregudes en aigües de la Meditarrània i de la costa africana a l’Atlàntic.
Reclamam: VERITAT, JUSTÍCIA i REPARACIÓ, així com que s’adoptin les mesures per tal que fets com aquests puguin tornar a succeir.
Text del manifest llegit
Melilla, un año de impunidad
Hoy se cumple un año de la tragedia de Melilla. Un año de impunidad a un lado y al otro de la frontera sur de Europa: España y Marruecos. Y en medio quedaron 37 cadáveres (o más). 37 personas que fueron agredidas brutalmente por fuerzas policiales de ambos países, golpeadas, asfixiadas con gas lacrimógeno en espacios sin salida y luego amontonadas, mientras unos morían y otros ya habían muerto, sin ser atendidas durante horas, bajo el Sol de Melilla. Un año sin que nadie haya comparecido ante la justicia por estos hechos: ni autoridades políticas, ni mandos policiales.
En lugar de llevar a cabo una investigación, durante el último año el Gobierno del Estado español ha incumplido sistemáticamente su deber de debida diligencia, negándose a esclarecer los hechos, depurar responsabilidades, promover la rendición de cuentas y reparar el daño causado.
Se han puesto obstáculos a la búsqueda de personas desaparecidas y se ha encubierto el entierro de los cadáveres. Familiares y amigos de, al menos 77, personas siguen buscando el paradero de sus seres queridos, sin que hayan recibido información alguna desde que los vieron por última vez ese día, bajo custodia de las autoridades del Estado español.
La masacre del 24 de junio evidencia el fracaso de las políticas migratorias europeas y del enfoque de la gestión fronteriza de Marruecos y España, que incumplen las leyes internacionales de protección de personas migrantes y refugiadas. No existe ninguna posibilidad digna de mención para que los refugiados puedan acceder a funcionarios españoles, para pedir que les dejen entrar y solicitar asilo en el puesto fronterizo de Beni Enzar, único paso fronterizo internacional oficial para entrar en Melilla.
Al contrario, la disposición adicional de la Ley de Seguridad Ciudadana permite expulsiones automáticas y sumarias a personas refugiadas en territorio español por los agentes de fronteras sin el debido proceso, en Ceuta y en Melilla; vulnerando abiertamente el principio de no expulsión, una piedra angular del derecho internacional.
La impunidad de estas tragedias refleja el racismo institucional y la deshumanización de las personas migrantes. Por todo ello,
Exigimos:
Una investigación que incluya el estudio de los motivos racistas y discriminatorios detrás de estos actos.
Hacer rendir cuentas a los responsables y elaborar directivas y normativas que impidan que se repitan este tipo de violaciones.
Asegurar la correcta formación de los funcionarios encargados, sobre los reglamentos internacionales de uso de fuerza, protección de personas refugiadas; así como implementar sistemas de vigilancia para garantizar su observancia.
Garantizar a las víctimas el acceso a información, justicia y reparación por los daños sufridos y cumplir con la obligación de investigar el paradero de sus seres queridos.
Poner fin a las devoluciones en caliente.
Un sistema de acogida justo, eficiente y seguro que se adecue a las necesidades reales de las personas.
La masacre de Melilla, como la del Tarajal y otras que la antecedieron, demuestra el carácter racista y colonial de las políticas migratorias diseñadas por la Unión Europea y ejecutadas por los estados miembros, así como por terceros países subcontratados, con el objetivo de dificultar e impedir la movilidad internacional del Sur al Norte global y de ejecutar el expolio de bienes y recursos en la dirección opuesta.
Es hora de acabar con esta política que permite y alienta violaciones graves de derechos humanos. Ya no vale mantener el statu quo porque la sangre y la vergüenza salpican.
