ANDORRA PASAN COSAS (Y NO BUENAS)

26 marzo, 2023 por Amnistia Internacional Comunidad Valenciana

Derechos humanos

Raramente Andorra salta a las noticias; alguna vez por causa de personas muy mediáticas que han trasladado su domicilio fiscal al pequeño país vecino, poco más. Pero en esta ocasión, una triste noticia para quienes dedicamos buena parte de nuestra vida a la defensa de los derechos humanos nos llena de indignación. Una mujer, Vanessa […]

Raramente Andorra salta a las noticias; alguna vez por causa de personas muy mediáticas que han trasladado su domicilio fiscal al pequeño país vecino, poco más.

Pero en esta ocasión, una triste noticia para quienes dedicamos buena parte de nuestra vida a la defensa de los derechos humanos nos llena de indignación.

Una mujer, Vanessa Mendoza, se enfrenta a juicio en Andorra por defender el derecho al aborto, porque en ese país está prohibido abortar en todos los casos, ¡sí, en todos! Junto a Malta, es el único país en el continente europeo que se opone frontalmente al aborto y aplica una ley 100% estricta.

¿Y cuál es la consecuencia? No es difícil imaginarla, las mujeres que quieren abortar se desplazan a España o a Francia. O bien recurrir al aborto farmacológico en alguna farmacia cerca de la frontera y pagar unos 300 euros por un producto que vale 15 euros.

Vanessa Mendoza Cortés, psicóloga, es la presidente de la organización Stop Violències, que apoya a las mujeres que no tienen otra opción que salir del país para ejercer su derecho al aborto.

Y por esa lucha, la fiscalía de Andorra presentó cargos de difamación contra ella y la acusó del delito contra el prestigio de las instituciones andorranas, ya que el 2019 denunció en Naciones Unidas la prohibición del aborto en el país ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

En octubre de ese año, Vanessa asistió al cuarto informe periódico de Andorra del citado Comité donde habló sobre el impacto nocivo que tiene la prohibición total del aborto en las mujeres de Andorra, así como sobre otros motivos de preocupación en relación con los derechos de las mujeres.

En julio de 2020, el fiscal acusó a Vanessa de “calumnia con publicidad” (artículo 172 del Código Penal), “calumnia contra los copríncipes” (artículo 320 del Código Penal) y “delitos contra el prestigio de las instituciones” (artículo 325 del Código Penal). Se castiga a quien “con conocimiento de su falsedad o desprecio temerario hacia la verdad, realice públicamente imputaciones relativas a la actuación del Consejo General, el Gobierno, el Consejo Superior de la Justicia, los órganos judiciales, el Ministerio Fiscal o los comunes que puedan perjudicar su prestigio”[1].

¿Cuál es la consecuencia de tales acusaciones?

Una posible condena de hasta cuatro años de prisión, y multas de hasta 30.000 euros.

Tal vez temiendo repercusiones mediáticas – o bien porque las acusaciones eran desproporcionadas – la fiscalía retiró dos de los cargos que acarreaban penas de prisión en 2021. “Retiraron dos de los delitos porque en ese tiempo hicimos mucho ruido, pero llevan años linchándome”, explica a El Salto la activista[2]. “Se sienten muy ofendidos porque decimos que hay niñas violadas pariendo en Andorra, o porque hablamos de la amplia adopción que hay de niños y niñas que arrebatan de su entorno, o por cuestionar el papel del obispo”, indica[3].

Pero en octubre de 2022, un juez dictó acta de acusación formal contra ella por los citados “delitos contra el prestigio de las instituciones”, y esos “delitos” conllevan una cuantiosa multa y antecedentes penales, en caso de condena.

Sí, Vanessa ejerce el derecho a la libertad de expresión de todo ser humano cuando critica en medios de comunicación la postura contraria a la despenalización del aborto del obispo de Urgell y copríncipe de Andorra. La peculiar forma de organización del Estado andorrano incluye dos copríncipes (cuya existencia se remonta al siglo XIII): uno es el presidente de Francia, el otro es el obispo de la Seu d’Urgell. El obispo de Urgell ha expresado que renunciaría al cargo de copríncipe si se despenalizase el aborto (peligrando con ello la estabilidad del país). El partido ultraconservador llamado Terceravía se niega a hablar el tema a pesar de que el Partido Socialdemócrata se muestre partidario de iniciar un debate sobre la despenalización del aborto. La despenalización choca la “inconstitucionalidad” de la despenalización puesto que la Constitución recoge el “derecho a la vida en todas sus fases”.

Volviendo al tema de la “difamación” realizada por Vanessa, la utilización de leyes de difamación, que solo pretenden inhibir las críticas contra los gobiernos, violan el derecho a la libertad de expresión, ese derecho amparado por el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El ejercicio de ese derecho, sin temor ni interferencias indebidas, es esencial en una sociedad abierta y justa, en la que se pueda acceder a la justicia y disfrutar de los derechos humanos[4].

Es evidente que los gobiernos tienen el deber de prohibir los discursos que promueven el odio e incitan a la violencia, pero, abusando de su autoridad, muchos silencian la disidencia pacifica con leyes que criminalizan la libertad de expresión.

Las autoridades andorranas utilizan leyes de difamación con el fin de inhibir las críticas contra el gobierno violando así el derecho a la libertad de expresión garantizado por el artículo 19 de Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) de la ONU y por el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH).

En Andorra no se avanza en el derecho a la libertad de expresión, al contrario, en diciembre de 2022, el parlamento andorrano (Consell General) votó en contra de la derogación del artículo 325 del Código Penal (delitos contra el prestigio de las instituciones), que ahora se aplica contra Vanessa Mendoza Cortés.

Las tropelías contra la libertad de expresión en Andorra son conocidas. En 2021, durante el Examen Periódico Universal de la ONU (que evalúa el historial de derechos humanos de los Estados miembros de la ONU), se solicitó a Andorra que se abstuviera de llevar a cabo actos de acoso judicial, represalias e intimidación contra los defensores y defensoras de los derechos humanos, que reformara las leyes sobre difamación y que autorizara el acceso al aborto seguro y legal en el país. Nada de nada. Así siguen. La prueba: el caso de Vanessa Mendoza Cortés.

Se le debe permitir que Vanessa continúe su legítima labor de defensa del derecho al aborto seguro y legal y de los demás derechos humanos de las mujeres y las niñas, sin temor a represalias.

Y, por supuesto, que se garantice el acceso al aborto legal y seguro en Andorra.

Amnistía Internacional insta al Gobierno de Andorra a que retire los cargos contra la activista y a que elimine la difamación del Código Penal, un atentado contra la libertad de expresión, una auténtica anomalía democrática.

Puedes colaborar en esta acción a través de nuestro espacio de activismo en:

https://www.es.amnesty.org/actua/acciones/andorra-aborto-mar23/

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