Ghosting es un nuevo vocablo (de origen inglés, que le da un toque moderno) que se ha puesto de moda, especialmente en las relaciones personales (cuando en una pareja, uno de los dos miembros decide romper la relación sin dar explicaciones, ni siquiera comunicando su decisión, es decir ignorando, borrando al otro, que se queda […]
Ghosting es un nuevo vocablo (de origen inglés, que le da un toque moderno) que se ha puesto de moda, especialmente en las relaciones personales (cuando en una pareja, uno de los dos miembros decide romper la relación sin dar explicaciones, ni siquiera comunicando su decisión, es decir ignorando, borrando al otro, que se queda en un vacío absurdo sin saber qué ha sucedido o qué ocurre, esto es reduciéndolo a la nada, como podemos ver esto es un atentado a la propia dignidad y autoestima del individuo).
Pues este concepto lo podemos trasladar también a otras circunstancias y ámbitos. Por ejemplo y muy grave, el Ghosting que sufrió el pueblo Valenciano por parte de su principal representante, la Generalitat Valenciana cuando ignoró o minimizó los avisos y alertas que se produjeron el día 29 de octubre de 2024.
Según el informe de Amnistía Internacional se produjo una gestión negligente de la emergencia que infringe el derecho a la información, según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que establece la obligación del Estado de salvaguardar vidas y de informar adecuadamente a la población sobre cualquier emergencia potencialmente mortal. Esto está recogido en los artículos 2 y 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, así como en los artículos 6 y 19 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y en otros acuerdos internacionales y, cómo no, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que recogen el derecho a la vida, a la seguridad o al derecho a emitir y recibir información. También se han infringido las normativas estatal y autonómica de protección civil, que reconocen el derecho de las personas a ser protegidas en caso de catástrofes y a ser informadas de los riesgos y de las medidas de seguridad a adoptar para hacerles frente (1).
Otra forma de Ghosting institucional es la omisión en la aplicación del derecho a una educación inclusiva en aulas ordinarias. Los colectivos de personas con discapacidad y neurodivergencia denuncian la falta de recursos de apoyo y la segregación. La Generalitat Valenciana recoge formalmente el objetivo de fomentar actitudes para promover la igualdad y la no discriminación hacia personas con discapacidad, pero en la práctica carece, en gran medida, de planes y proyectos adecuados para materializar estos fines. Tampoco la Administración pone mucho empeño en fomentar las actitudes de inclusión en la atención a los niños y niñas con discapacidad, esto se lleva a cabo fundamentalmente a través de entidades privadas y ONGs (2).
Nuestras instituciones tampoco pueden hacer oídos sordos a los discursos de odio, que han logrado que las agresiones homófobas se hayan triplicado en los dos últimos años porque estos discursos dan legitimidad al acoso, a la discriminación y a las agresiones. En algunos casos, específicamente en las comunidades y ayuntamientos en que existen gobernantes con ideologías extremas se está tratando de invisibilizar y borrar de la vida cotidiana el hecho de la diversidad de género, ¿Cómo? Pues, además de retorcer algunas leyes para suprimir derechos o, al menos, dificultar el acceso a ellos, directamente ignorando (más bien impidiendo) la visibilidad a los colectivos. Prueba de ello es el no exhibir banderas LGBTIQ+ en los balcones institucionales, retirando las ayudas a la promoción de esos derechos de los presupuestos económicos o si se da alguna, renombrándola para que no sea notorio, etc. (3).
Y así podríamos seguir analizando prácticamente todo el recorrido de la defensa de los derechos humanos en los países que nos consideramos más progresistas, porque en los países menos “progresistas” lo que hay es una vulneración explícita y violenta por parte de las instituciones de los derechos humanos.
Porque ese Ghosting institucional parece que es el modo hipócrita de algunos gobiernos de saltarse las legislaciones y convenciones internacionales que garantizan los derechos humanos.
ÁREA DE COMUNICACIÓN AMNISTÍA INTERNACIONAL COMUNIDAD VALENCIANA
Maite Redondo Jiménez
Coordinadora de Comunicación Amnistía Internacional Comunidad Valenciana y de Amnistía Internacional Elche
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