Comunidad Valenciana
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Hoy, miércoles 1 de julio: 11 años de la entrada en vigor de la Ley Mordaza. Desde Amnistía Internacional Valencia, volvemos a presionar para que de una vez por todas la mayoría del Congreso cumpla con su compromiso de acabar con las vulneraciones de derechos de la Ley Mordaza. El 1 de julio de 2026 […]

Hoy, miércoles 1 de julio: 11 años de la entrada en vigor de la Ley Mordaza.

Desde Amnistía Internacional Valencia, volvemos a presionar para que de una vez por todas la mayoría del Congreso cumpla con su compromiso de acabar con las vulneraciones de derechos de la Ley Mordaza.

El 1 de julio de 2026 se cumplen once años desde que entró en vigor la reforma de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, conocida como la Ley Mordaza. Durante estos años se han impuesto cientos de miles de sanciones que han afectado sobremanera a quienes se movilizan en la defensa de los derechos humanos. También miles de voces en la sociedad civil se han alzado contra esta norma que vulnera derechos humanos, tejiendo una de las campañas más persistentes y diversas en defensa de las libertades públicas en la historia reciente del Estado español.

Para ver dónde estamos, merece la pena volver al 29 de abril de 2018, poco antes de la moción de censura contra Mariano Rajoy enmarcada por los casos de corrupción. Ese día el entonces candidato Pedro Sánchez, aparte de denunciar la corrupción, anunció que “si llego al Gobierno, las dos primeras leyes que impulsaré serán la derogación de la Ley Mordaza y una ley de vivienda que garantice el derecho a techo en España.” Quizá la única salida digna de este gobierno sea cumplir de una vez por todas con sus compromisos originales.

El Gobierno tiene que revertir sin mayor demora el paquete represivo de la sociedad civil que constituye la Ley Mordaza. En lugar de permitir que se siga socavando el derecho a la protesta, el gobierno debe actuar ya para poner en valor, proteger y agradecer la labor de quienes dedican su tiempo en la defensa de los derechos humanos.

A día de hoy aún existe una mayoría parlamentaria que durante años mostró su oposición a la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015. Ya sea por convicción, compromiso o valores, por una mirada estratégica a largo plazo o una más táctica a corto plazo, tras 11 años de vulneraciones de derechos de la Ley Mordaza, ¡es hora de que cumplan! 

En un contexto de auge de conflictos, desigualdad e injusticias exigimos poder reclamar derechos en paz sin amenaza de represión por parte de funcionarios de seguridad del Estado.

La Ley Mordaza y la represión que permite están marcando a fuego a quienes participan en protestas justas, en manifestaciones necesarias y en reclamaciones urgentes. Y también, a través de La Ley Mordaza, se provoca indefensión, desmovilización, persigue y criminaliza a activistas, a periodistas y a movimientos sociales que llevan a cabo acciones de protesta pacífica. 

En estos 11 años se han impuesto cientos de miles de sanciones en base a los artículos: “resistencia, desobediencia o negativa a identificarse» y «faltas de respeto a la autoridad», suponiendo la mayoría de las sanciones impuestas en materia de seguridad ciudadana.

Queremos una Ley de Seguridad Ciudadana que haga honor a su nombre garantizando el derecho a la protesta y a la reunión pacífica sin actuaciones arbitrarias de las fuerzas de seguridad. Las actuaciones policiales deben poder ser documentadas.

En particular, Amnistía Internacional desde el inicio de esta Ley, mostró preocupación por el aumento del poder discrecional que la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (Ley Mordaza) otorga a los miembros de los cuerpos policiales para valorar qué conductas pueden considerarse como desobediencia, falta de respeto o resistencia a la autoridad sin establecer adecuados mecanismos de control y rendición de cuentas, y, por lo tanto, abriendo la vía a una mayor arbitrariedad e indefensión de la ciudadanía por la prevalencia de la posición de la administración en el ámbito sancionador.

Igualmente, Amnistía Internacional, denunció que el texto introdujese nuevas sanciones a formas legítimas de protesta y libertad de expresión e información, además de incrementar la cuantía de otras que ya habían sido objeto de preocupación de la Organización en el pasado.

Y reclamamos que se garantice el derecho a la libertad de expresión, información y reunión pacífica.

¡Exijamos que deroguen de una vez por todas la Ley Mordaza!

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