Extremadura
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Desde Amnistía Internacional Extremadura hemos compartido con el Consejero de Sanidad, José Mª Vergeles Blanca, y con las portavoces de los cuatro partidos políticos de la Asamblea de Extremadura nuestras preocupaciones sobre la Sanidad Pública y las recomendaciones que hemos elaborado a partir del informe de Amnistía Internacional “La Década Perdida”(https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/reportajes/decada-perdida-sanidad/). Amnistía Internacional recomienda a […]

Desde Amnistía Internacional Extremadura hemos compartido con el Consejero de Sanidad, José Mª Vergeles Blanca, y con las portavoces de los cuatro partidos políticos de la Asamblea de Extremadura nuestras preocupaciones sobre la Sanidad Pública y las recomendaciones que hemos elaborado a partir del informe de Amnistía Internacional “La Década Perdida”(https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/reportajes/decada-perdida-sanidad/).

Amnistía Internacional recomienda a las autoridades sanitarias centrales y autonómicas la adopción de las siguientes medidas:

• Dar prioridad de manera urgente al aumento de las asignaciones presupuestarias para el Sistema Nacional de Salud para, como mínimo, devolver lo antes posible el gasto total y per cápita en salud a los niveles existentes antes de la imposición de las medidas de austeridad e incrementar la inversión de manera progresiva en dinero constante (sin tener en cuenta la inflación).

• Llevar a cabo una evaluación del impacto en los derechos humanos antes de que se aplique cualquier futura medida destinada a mejorar la rentabilidad y la eficacia de los sistemas de salud autonómicos y garantizar la adecuada participación y consulta de los grupos afectados respecto a la forma en que tales medidas se desarrollan y aplican.

• Dar cumplimiento a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y priorizar en la asignación de recursos la inversión en la atención primaria, reforzando así su capacidad de asistencia, a través de la contratación de más recursos humanos y medios materiales.

• Garantizar mecanismos de consulta y participación efectiva del sector profesional sanitario y de la población afectada y tener en cuenta sus propuestas en el diseño de la estrategia de refuerzo del Sistema Nacional de Salud.

• Reforzar los mecanismos de rendición de cuentas ante potenciales medidas de restricción de gasto sanitario que puedan tener impacto en los derechos humanos.

Y les hemos enviado nuestra mascarilla Yo defiendo la Sanidad Pública.

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