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Amnistía Internacional (AI), fundada en 1961, ha ido ampliando su espectro de defensa de los derechos humanos (DDHH), como movimiento de personas que trabajan por personas, a víctimas de multitud de abusos además de la libertad de expresión, la tortura, las detenciones arbitrarias, la violencia de género, las desapariciones forzadas… AI defiende también a las […]

Amnistía Internacional (AI), fundada en 1961, ha ido ampliando su espectro de defensa de los derechos humanos (DDHH), como movimiento de personas que trabajan por personas, a víctimas de multitud de abusos además de la libertad de expresión, la tortura, las detenciones arbitrarias, la violencia de género, las desapariciones forzadas… AI defiende también a las personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas, desplazadas o víctimas de trata, a la población civil en los conflictos armados y a la discriminación de las personas sin recursos.

Hoy queremos comentar la presencia de AI en los foros de la defensa del medio ambiente por las repercusiones que tiene el atentado contra la naturaleza en tantas zonas del mundo. “La militarización de los recursos, especialmente en la Amazonía, rica en minerales y biodiversidad, no es un fenómeno nuevo, como tampoco lo es la participación de agentes estatales en la criminalización, hostigamiento e incluso asesinato de activistas medioambientales”[1] .

Grandes intereses económicos se concentran en explotar zonas del planeta pasando por encima de los derechos de quienes han vivido y tienen derecho a seguir viviendo en ellas. Los pueblos indígenas, desprovistos de protección de sus gobiernos, se encuentran desvalidos frente a las empresas explotadoras de recursos naturales y los territorios son diezmados en detrimento de sus habitantes. Dichos gobiernos cómplices de la explotación de territorios optan por criminalizar a sus defensores. Los gobiernos de América Latina acordaron proteger a esos defensores medioambientales por medio del tratado LAC P10 en septiembre de 2018, Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales, que establece que toda persona deberá tener acceso adecuado a la información así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones y tener acceso efectivo a procedimientos judiciales y administrativos[2] . Pero estos acuerdos solo fructificarán si se produce hay una movilización general en todas partes del mundo.

Los tres pilares son: la participación ciudadana, el libre acceso a la información (que motiva a las personas a participar en el proceso de toma de decisiones) y el acceso a la justicia que permite hacer valer el derecho a detener a los contaminadores responsables.

“No hay metal ni piedra preciosa que valga la vida humana o la destrucción de los delicados ciclos ecológicos de los que dependemos todas las personas para el ejercicio fundamental de derechos humanos”[3] .

[1] https://www.amnesty.org/es/latest/news/2018/11/the-deadly-cost-of-defending-the-environment (consultado 1/03/2019).

[2] https://www.lacp10.org/inicio (consultado 1/03/2019).

[3] https://www.amnesty.org/es/latest/news/2018/11/the-deadly-cost-of-defending-the-environment (consultado 1/03/2019).

 

Equipo de Comunicación de la Comunidad Valenciana

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