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GUANTÁNAMO. CASI 20 AÑOS DE INJUSTICIA Cuando nos acercamos a sus veinte años de existencia y con un nuevo presidente electo en la Casa Blanca, Joe Biden, que prestará juramento el próximo 20 de enero, Amnistía Internacional ha elaborado un informe analizando la injusticia global que supone la existencia del centro de detención de Guantánamo[1]. […]

GUANTÁNAMO. CASI 20 AÑOS DE INJUSTICIA

Cuando nos acercamos a sus veinte años de existencia y con un nuevo presidente electo en la Casa Blanca, Joe Biden, que prestará juramento el próximo 20 de enero, Amnistía Internacional ha elaborado un informe analizando la injusticia global que supone la existencia del centro de detención de Guantánamo[1].  El informe documenta un catálogo de violaciones de derechos humanos cometidas contra las personas recluidas indefinidamente en el campo sin juicio con las debidas garantías[2].

La Bahía de Guantánamo está ubicada en la provincia de Guantánamo en el extremo suroriental de Cuba. Los Estados Unidos asumieron el control territorial sobre la porción sur de la bahía de Guantánamo en virtud del Tratado cubano-estadounidense de 1903. En la base naval se encuentra la prisión. En 2002, una porción de la base fue usada para prisioneros sospechosos de nexos con Al-Qaeda y el ejército talibán capturados en Afganistán fundamentalmente relacionados con los atentados del 11 S en Nueva York y detenidos en Afganistán al invadirlo George W. Bush. Por el estatus legal de Guantánamo, al residir la base en Cuba, EEUU permitía argumentar que los detenidos carecían de los derechos constitucionales de EEUU. Sin embargo, en 2004, una decisión histórica del Tribunal Supremo rechazó la detención indefinida sin proceso para los detenidos[3].

El presidente Barak Obama prometió cerrarlo, pero durante su gobierno solo se logró reducir el número de detenidos en Guantánamo, en parte por la engorrosa burocracia y la política partidista. El  Congreso de Estados Unidos prohibió el uso de fondos públicos para el traslado de los presos de Guantánamo. Joe Biden, siendo vicepresidente, dijo ante la Conferencia de Seguridad de Múnich en febrero de 2009: “defenderemos los derechos de aquellos a los que llevemos ante la justicia. Y cerraremos el centro de detención de la bahía de Guantánamo”[4]. El 25 de agosto de 2016 declaró que esperaba que la prisión militar estuviera cerrada antes del fin del mandato del presidente, Barak Obama, en enero; “esa es mi esperanza y mi expectativa”[5]. Pero el gobierno de Obama, aunque redujo el número de detenidos en Guantánamo, permitió que los trámites se atascaran y su sucesor redobló la noción de que “los terroristas no son meros criminales, son combatientes enemigos ilegales” y ordenó que el centro permaneciera abierto[6].

En estos momentos, Joe Biden tiene en su mano emitir una orden ejecutiva para que se cierre sin demoras el centro de detención y resolver todos los casos de los detenidos. Asimismo, debería garantizar que los procedimientos que se lleven a cabo tengan en cuenta todo el tiempo real de detención, las torturas y violaciones de derechos humanos que cada detenido haya sufrido.

También tendría que designar un alto cargo que supervise el cierre del centro de detención y la resolución legal de las detenciones. Así como detener los intentos de imponer la pena de muerte a detenidos. Es imperativo también que se haga todo lo necesario para llevar a los presuntos autores de torturas y desapariciones ante la justicia y, más globalmente, Biden deberá comprometerse a llevar a cabo una evaluación de la relación de EEUU con el derecho internacional para revertir la situación creada por su antecesor.

En ese informe, Amnistía Internacional presenta una recapitulación de cómo empezaron las detenciones. Se cometieron crímenes de derecho internacional como tortura y desaparición forzada contra detenidos recluidos deliberadamente fuera del alcance del escrutinio judicial en centros secretos gestionados por la CIA en otros países o en Guantánamo.

Se analiza también cómo bajo el mandato de Bush se aprobó la Ley de Comisiones Militares (2006) para proporcionar impunidad a los responsables de violaciones de derechos humanos (altos cargos, militares, miembros de la CIA, “interrogadores” en general) al tiempo que se intentó mantener las detenciones fuera del control judicial, autorizando juicios injustos ante comisiones militares y seguir permitiendo las desapariciones forzadas.

No fue hasta 2008 cuando la Corte Suprema de EEUU resolvió que los detenidos de Guantánamo podían impugnar la legalidad de su detención ante un tribunal federal. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones, que es el órgano al que podían apelar, ha actuado como una barrera a la hora de que prosperen los recursos.

En otro apartado del informe se examinan las comisiones militares  (introducidas en el sistema por la administración de Bush) que eran y siguen siendo tribunales ilegítimos en virtud del derecho internacional y carecen de la independencia e imparcialidad necesarias para administrar justicia.

Estas comisiones fueron creadas para dar cobertura a unos juicios cuyos acusados habían sido sometidos a tortura y desaparición forzada por parte de sus captores antes de que se formulasen cargos contra ellos.

Amnistía Internacional también destaca en otro apartado la ausencia de rendición de cuentas por crímenes de derecho internacional cometidos contra los detenidos. Por ejemplo, en un caso, el de Abu Zubaydah, que lleva detenido sin cargos ni juicio casi 19 años y cuya petición de hábeas corpus presentada en 2008, sigue sin resolverse.

En sus recomendaciones, Amnistía Internacional pide al gobierno entrante que cierre el centro de detención de la bahía de Guantánamo de una vez por todas. Todas las personas que permanecen recluidas en él deben ser transferidas a otro lugar y puestas en libertad o, si existen pruebas admisibles suficientes en virtud del derecho internacional para enjuiciarlas por delitos comunes reconocibles internacionalmente, procesarlas en juicios justos ante un tribunal federal sin recurso a la pena de muerte. Los detenidos son considerados combatientes enemigos ilegales y no prisioneros de guerra por lo que se considera que no tiene por qué aplicárseles la Convención de Ginebra, que regula el derecho internacional humanitario que protege a las víctimas de los conflictos armados, y se les puede detener indefinidamente sin juicio y sin derecho a la representación de un abogado; la situación de los prisioneros se encuentra en un vacío legal.

No se trata sólo del tema de las 40 personas que siguen recluidas en Guantánamo, sino de los crímenes de derecho internacional cometidos en el pasado y la falta de rendición de cuentas y de remedio para estos crímenes. El presidente Biden tiene la oportunidad de revertir la situación.

Ayúdanos a cerrar Guantánamo.

https://www.amnesty.org/es/get-involved/take-action/close-guantanamo/

EQUIPO COMUNICACIÓN AMNISTÍA INTERNACIONAL COMUNIDAD VALENCIANA

Maite Redondo & Emma Sopeña

Imagen de Tayeb Mezahdia en Pixabay


[1] https://www.amnesty.org/es/documents/amr51/3474/2021/es/

[2] https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/estados-unidos-nuevo-informe-de-amnistia-internacional-detalla-violaciones-de-derechos-humanos-que-persisten-en-el-centro-de-detencion-de-guantanamo/

[3] https://www.fidh.org/es/region/americas/estados-unidos/Una-decision-historica-del

[4] https://www.amnesty.org/es/documents/amr51/3474/2021/es/

[5] https://www.dw.com/es/biden-espera-el-cierre-de-guant%C3%A1namo-antes-de-enero/a-19503156

[6] Presidente Donald Trump, Discurso sobre el Estado de la Unión y Orden Ejecutiva 13823, Protecting America Through Lawful Detention of Terrorists, 30 de enero de 2018.  

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