Extremadura
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23-11-2018

La violencia sexual en sus múltiples manifestaciones constituye una forma de violencia por razón de género, una forma de discriminación y una vulneración de derechos humanos, cuyas secuelas físicas y psicológicas, en algunos casos, pueden persistir de por vida. Las violencias sexuales, incluida la violación, afectan de manera desproporcionada a las mujeres, representando formas de agresión y dominación por razón de género que se producen de manera sistémica en todos los contextos políticos, culturales y sociales, ejerciéndose tanto en la vida privada como en la vida pública, siendo también perpetrada por el Estado o sus agentes.

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Ayer, 20 de septiembre, Amnistía Internacional participó en las manifestaciones nocturnas que se celebraron en las principales ciudades extremeñas, convocadas por la Plataforma 8M y otras organizaciones feministas, para visibilizar la “emergencia feminista” e iluminar las calles y plazas de violeta. Esta convocatoria respondía a la escalada de violencia contra las mujeres que ha tenido […]

Ayer, 20 de septiembre, Amnistía Internacional participó en las manifestaciones nocturnas que se celebraron en las principales ciudades extremeñas, convocadas por la Plataforma 8M y otras organizaciones feministas, para visibilizar la “emergencia feminista” e iluminar las calles y plazas de violeta.

Esta convocatoria respondía a la escalada de violencia contra las mujeres que ha tenido lugar en los últimos tiempos. El verano de 2019 ha dejado los peores datos en violencia de género de la década. Así, en el mes de julio, una mujer ha sido asesinada cada dos días, y la violencia sexual en los meses de julio y agosto ha aumentado un 50%.

Se recordaron las 1017 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas desde 2003, un número superior al de las víctimas de ETA en sus 60 años de existencia. En esta cifra no aparecen, sin embargo, las mujeres asesinadas por hombres que no son parejas o exparejas, que ha quedado corregido a partir de 2019, cuando empezaron a contabilizarse todas las víctimas de violencia machista, independientemente de su relación con el agresor.

También se exigió seguridad para las mujeres que sufren violencia física o sexual por parte de sus parejas o exparejas o por otros hombres sin esa vinculación sentimental.

Amnistía Internacional lleva años denunciando la persistencia de múltiples obstáculos para la protección e identificación de las víctimas, y subrayando que no basta con la legislación. Hacen falta recursos humanos y materiales para poner en práctica y evaluar –con la participación de víctimas, familiares y expertas en género– las medidas legales, el funcionamiento de los juzgados especializados en violencia machista, la aplicación de los mecanismos de protección. Hace falta formación a todos los niveles para prevenir el maltrato institucional de las víctimas en ámbitos policiales y judiciales. Y hace falta concienciación social, como reivindicaron ayer todas y todos los participantes en las manifestaciones extremeñas.

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