Publicado por Juan Francisco Villar Caño, activista del equipo de MMCC de Amnistía Internacional Andalucía el día 3 de enero de 2020 el El Diario.
Cuando llegan estas fechas solemos hacer balance de qué ha sucedido en el año. Por eso nos preguntamos ¿Qué ha sucedido en 2019 en Andalucía en lo que a derechos humanos se refiere?
En este año 2019 se ha extendido hasta llegar a las instituciones cierto discurso del odio que en nada ayuda a la mejora de la situación de los derechos humanos en nuestra comunidad. Este discurso del odio se establece contra todo lo que se sale de una cierta concepción monolítica de lo que debe ser un ciudadano y acaba marcando a cualquiera que se salga de esa imagen que establecen quienes han instaurado ese discurso. Esta visión monolítica de las personas choca directamente con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece claramente ya en sus primeros artículos la igualdad de todas las personas, independientemente de su raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
El discurso del odio se dirige hacia los más débiles o los peor situados en la escala social: inmigrantes y refugiados, mujeres, comunidad LGTBI y contra los que trabajan por impedir la discriminación de esos grupos sociales. Y tiene graves consecuencias.
Violencia de género
En este año 2019 hemos asistido a la quema de murales de conmemoración del día contra la Violencia de Género en institutos, como sucedió en el IES Antonio de Ulloa de La Rinconada. Hechos como éste suponen un paso más allá en ese discurso del odio que se ha extendido por nuestras calles porque suponen llevar el odio hasta la escuela misma, suponen un intento de impedir que la escuela cumpla con su obligación de educar en la igualdad y en la promoción de los derechos humanos. En ese mismo sentido hace unos días conocimos la declaración ante el juez de un profesor del IES Luis Carrillo de Sotomayor, de Baena, como consecuencia de la proyección de un vídeo de Ana Orantes, la mujer que denunció en televisión la violencia que había sufrido a manos de su marido, y que por eso fue asesinada, quemada viva. Esa muerte supuso que nuestro país tomara consciencia del grave problema de la violencia de género y el vídeo de esa muerta se convierte en el primer incidente provocado como consecuencia de lo que sería el PIN parental. La situación del profesorado andaluz es ahora tan delicada que los propios sindicatos están editando guías de defensa ante ataques a su trabajo bajo la excusa del PIN parental. Y no son los únicos profesionales que se sienten perseguidos por su trabajo contra la violencia de género. No debemos olvidar que incluso hemos visto cómo se pedían los datos de los trabajadores que evalúan la violencia de género para amedrentarlos y depurarlos.
Todo ello a pesar de que la violencia de género sigue siendo una de las mayores violaciones de derechos humanos que se producen en nuestro país. Según datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y con datos actualizados a fecha de 18 de diciembre, habrían muerto en Andalucía 13 mujeres en 2019, una más que en todo 2018. Tenemos que irnos a 2011 para encontrar un número mayor de víctimas. Hasta el tercer trimestre se habrían producido 9218 denuncias, el número más alto de denuncias desde 2009, que es el primer año contabilizado. En cuanto a la tasa por mil mujeres que han sufrido violencia de género Andalucía es la quinta, con una tasa de 1,9, siendo La Rioja la primera con 2,4 y el País Vasco la última con 0,8.
También los profesionales sanitarios se han visto acosados ante la insistencia de algunos políticos en exigir que entregaran a la policía los datos de personas migrantes en situación irregular. El propio gobierno andaluz anunció esa cesión, lo que provocó la oposición de profesionales de la sanidad y de más de un centenar de organizaciones, incluida Amnistía Internacional, que amenazaron con denunciar al ejecutivo si lo hacían. Las movilizaciones de las organizaciones médicas ha sido también una constante ante una política sanitaria que, según denuncian estas organizaciones, está desmantelando la sanidad pública andaluza.
Contra menores migrantes
Ya hemos hablado del peligro que sufrirían los migrantes que acudieran a un hospital o centro de salud si se impusiera esa obligación de denuncia por parte del personal sanitario. Pero no es éste el único de sus problemas. Recordamos que este 2019 ha sido el año en que se ha hecho campaña electoral frente a las puertas de un centro de menores de Sevilla en un intento de criminalizar a un colectivo especialmente vulnerable. Los menores no acompañados son niños que, al estar solos, tienen que estar bajo la tutela de la administración. Bajo las siglas MENA se establece una categorización de estos menores, una categorización que los despersonaliza y los convierte fácilmente en un bloque al que se aplican determinadas características y los convierte en supuestos delincuentes. La propia Junta de Andalucía cifraba el pasado mes de junio en un 0,52 % el índice de delincuencia de los menores no acompañados bajo su tutela. Y ello a pesar de la grave situación en que se encuentran, hacinados en centros de acogida que acogen a más niños de los que pueden y sintiéndose marginados y perseguidos incluso por dirigentes políticos.
La precariedad y la temporalidad laboral, generalizada pero mayor entre los trabajadores inmigrantes, y especialmente grave entre trabajadores irregulares que son contratados ilegalmente, aumenta la siniestralidad, como denunciaba el sindicato UGT el pasado mes de noviembre. Según este sindicato hasta el mes de septiembre se habían producido 24 accidentes mortales más que el año anterior y afecta especialmente al sector de la agricultura. En estos últimos días hemos conocido noticias graves en la campaña de la recogida de la aceituna en la provincia de Jaén. Un trabajador irregular habría muerto de un infarto en Pozo Alcón, llevado muerto hasta el centro de salud y dejado allí; otro, en Orcera, habría recibido un navajazo de su empleador por negarse a realizar trabajos en una zona escarpada, especialmente peligrosa, sin la debida protección.
Los más pequeños tampoco han tenido mejor suerte. Según el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, durante el pasado curso 2018-19, se registraron 432 casos de acoso escolar en Andalucía que vinculan al “0,04% del total del alumnado”. No resulta fácil conocer la verdad sobre el alcance del acoso escolar porque las cifras oficiales recogen un porcentaje muy bajo de los casos que realmente se producen. Pero si estos datos que da el consejero se han sacado de la misma forma que los datos que el gobierno dio el 27 de septiembre de 2018, en respuesta a una pregunta del diputado socialista Antonio Hurtado, supondría un importante y grave aumento de casos de acoso escolar en nuestra comunidad. El año pasado el gobierno respondía al diputado Antonio Hurtado que entre 2012 y 2017 habría habido en España 5500 casos de acoso y que 2017 habría sido el peor año de la serie con 1054 casos. En ese 2017 Andalucía, con 255, habría sido la comunidad con más casos. Los datos que daba el consejero no se daban por año natural, sino por curso escolar, pero no deja de sorprender que en el año transcurrido entre el día 1 de septiembre de 2018 y el 31 de agosto de 2019 haya habido 432 casos, muy por encima de los 255 de 2017, pero también de los 260 de 2016 o los 266 de 2015. Ese aumento, si realmente fuera así, sólo se explicaría por ese discurso de odio que se ha instaurado en nuestra sociedad.
A tenor de todos estos datos, parece que 2019 ha sido para Andalucía un año negro y que podemos catalogarlo como el año del odio.
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