LA JUSTICIA AMENAZADA

Los acuerdos de paz realizados por el Gobierno colombiano y la guerrilla dieron un atisbo de esperanza a la sociedad de ese país. Pero mientras avanza la paz con las guerrillas, se consolidan y se arraigan los grupos criminales, las llamadas Bacrim que, procediendo de diversos orígenes, mantienen un importante pulso con la justicia de ese país, persiguiendo y amenazando a jueces y fiscales, así como a sus familias.
Estamos ante grupos armados organizados de origen variado. En unos casos se remonta a grupos de seguridad privada que precedieron a las Autodefensas Unidas de Colombia, grupos de derecha que fueron creados como respuesta a los ataques guerrilleros contra élites locales. Los ejércitos privados al servicio de narcotraficantes. Los grupos que surgieron de la desmovilización parcial de las AUC creados por jefes desmovilizados para mantener el control en sus zonas de influencia o continuar con el narcotráfico. Estos grupos reclutan a funcionarios públicos e integrantes de las Fuerzas Armadas para favorecer sus actividades. Esta implicación de las Bacrim con los poderes militares y estatales a los que corrompen los hace muy difíciles de combatir.
Por ello, en la lucha contra esta delincuencia, la justicia está en peligro. Según las estadísticas de la Corporación Fasol (Fondo de Solidaridad con los Jueces colombianos) entre 1979 y 2018 fueron asesinados 393 trabajadores de la justicia, entre jueces, fiscales e investigadores en el país. Los jueces y fiscales colombianos arriesgan con su trabajo sus vidas y las de sus familiares. A 548 los amenazaron; 205 fueron víctimas de atentados; 46 siguen desaparecidos; 78 fueron secuestrados; 51 debieron desplazarse de su lugar de trabajo.
Los jueces y los fiscales se ven obligados a enfrentarse con frecuencia en su labor cotidiana contra la corrupción, la intimidación y las amenazas. Sobre todo en el campo, la justicia se encuentra sin protección y a la merced de las maquinaciones de bandas criminales.
Además se amenaza también a sus familias por lo que al estar dirigida a un círculo de personas más grande es más difícil de proteger. No en todos los casos termina con la renuncia del cargo de la persona, sino que se puede prolongar por un tiempo indefinido, intimidando así a familias enteras. Sobre todo por bandas criminales que no pertenecen a ninguna guerrilla política, sino que solo buscan un beneficio de carácter económico, se aprovechan del desamparo de la justicia en las áreas rurales, para así imponer su dominio.
Es particularmente trágica la historia de una fiscal del departamento del Valle del Cauca. Los criminales asesinaron a dos de sus hermanos y poco después su madre apenas se salvó de otro intento de asesinato. La fiscal y su familia tuvieron que abandonar su pueblo por miedo a perder sus vidas y han terminado exiliándose de su país. A la vehemente fiscal le afecta muy duro el que no pueda continuar ejerciendo su carrera y sufre de una depresión severa. No recibe apoyo alguno por parte del estado. FASOL es el único lugar de donde ella recibe ayuda alguna. Y no es la única. Enfrentarse a las bandas criminales es enfrentarse, también, a parte de los poderes del Estado que están infiltrados por los mismos. Carecen de apoyo del Estado y se enfrentan solos a poderosos enemigos con solo las armas de la ley. Los que en España ejercemos su misma labor no podemos dejar de sentirnos solidarios con ellos.
En Colombia la vida de los que luchan por la justicia no vale nada. Pero todavía hay personas que conocen lo que supone ser una persona digna. Y, sin duda, estos vencerán.