España debería controlar el tránsito por su territorio de barcos de países susceptibles de utilizar estos barcos para transportar armas que serán usadas para violar los derechos humanos.
En días pasados Amnistía Internacional se dirigió de forma urgente a las autoridades españolas centrales, autonómicas y locales ante el desvío de su ruta del barco Saudí Bhari Yanbu y su parada en el puerto de Motril (Granada).
En la información y petición realizada a las autoridades se afirmaba que, según la información disponible, desde que en 2015 estalló la guerra en Yemen, buques de la naviera estatal Bhari han transportado armas por valor de cientos de millones de dólares estadounidenses a Arabia Saudí en diversos viajes desde EE. UU.
El último informe del Grupo de Expertos sobre Yemen del Consejo de Derechos Humanos de la ONU publicado en septiembre de 2020 confirmaba la existencia de un gran número de violaciones graves de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, muchas de las cuales pueden constituir crímenes de guerra, tal como ha documentado Amnistía Internacional desde 2015, en un conflicto que dura ya más de seis años, que se ha cobrado miles de víctimas civiles y que la ONU ha calificado como la peor crisis humanitaria en la actualidad.
Por todo ello, se pedía al gobierno español que:
- Nos informase de si estaba previsto que el barco saudí cargase material de defensa u otro material de empresas españolas durante su estancia en Motril.
- No autorizase el tránsito de este barco ni la eventual carga de armas en Motril debido al riesgo sustancial de uso para cometer o facilitar la comisión de crímenes de derecho internacional en Yemen por parte de Arabia Saudí en aplicación de las siguientes disposiciones del Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA) ratificado por España el 2 de abril de 2014:
- El artículo 6, párrafo 3, que establece la obligación de cada Estado parte de prohibir el tránsito o transbordo de armas convencionales y municiones en todo su territorio cuando podrían utilizarse para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad, infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949, ataques dirigidos contra bienes de carácter civil o personas civiles protegidas como tales, u otros crímenes de guerra.
- El artículo 2, párrafo 2, que establece que, a los efectos del TCA, las actividades de comercio internacional abarcarán la exportación, la importación, el tránsito, el transbordo y el corretaje, denominadas “transferencias”.
- De conformidad con el artículo 9, los Estados partes “tomarán medidas apropiadas” para regular el tránsito/transbordo de armas convencionales a través de su territorio “siempre que proceda y sea factible” y “de conformidad con el derecho internacional aplicable”, como en este caso.
Además, en Andalucía me gustaría resaltar que a petición de Amnistía Internacional Andalucía, el Parlamento andaluz el día 27/02/2013 emitió una declaración institucional en la que se exhortaba al Gobierno de España a seguir manteniendo su posición favorable al Tratado sobre el comercio de armas y utilizar todos los medios diplomáticos para que este tratado fuera una realidad, como ocurrió en el año siguiente.
Es más, la Cámara autonómica solicitaba dentro de este tratado que se incluyeran medidas como la prohibición de transferencia de armas cuando existiera riesgo sustancial de que dichas armas podían ser utilizadas para cometer o facilitar que se cometieran violaciones del Derecho Internacional y de los Derechos Humanos. Igualmente se pedía una cobertura amplia para ejercer un control eficaz sobre las transferencias de armas, municiones y materiales conexos y una regulación de los sistemas de concesión de licencias que asegurara la transparencia y el rigor correspondientes.
Se añadía que no existía una normativa Internacional para hacer frente a los graves problemas derivados del comercio no regulado de armas convencionales y a su desviación al mercado ilícito, lo que contribuía a los conflictos armados así como al desplazamiento de persona, la delincuencia organizada y el terrorismo, menoscabando la paz, la reconciliación, la seguridad, la estabilidad y el desarrollo económico y social sostenible.
Eso pedía el Gobierno Andaluz y eso es lo que desde Amnistía Internacional en Andalucía se recordaba a las autoridades autonómicas y locales. Seguiremos haciéndonos eco de las mismas palabras de nuestros representantes políticos y agradeciendo las tengan presentes a fin de garantizar el Tratado del Comercio de Armas que España firmó ese año 2014 y que fue respaldado por bastantes parlamentos autonómicos.
Francisco J Maroto Coordinador Amnistía Internacional en Andalucía
