La base racial de los ataques contra los rohingya y su claro objetivo de segregación y aislamiento de esta población, ha motivado que los rohingya estén abandonando un régimen de apartheid de Myanmar.
- El coordinador regional de AI en Castilla-La Mancha, Alfonso Sánchez, ofrecerá una charla sobre los crímenes de lesa humanidad contra la comunidad rohingya en el Aula Magna de la Facultad de Letras de la UCLM en Ciudad Real el miércoles 21 a las 18h.
- Hasta ahora se han realizado charlas en el IES Bernardo de Balbuena de Valdepeñas los días el 13 y 15 de marzo y están previstas más en centros de Secundaria, como en el IES San Isidro de Talavera de la Reina el 21 de marzo.
Con más de 1,1 millones de personas, la comunidad rohingya es una minoría étnica musulmana, que vive en el estado de Rajine, al oeste de Myanmar (Birmania), fronterizo con Bangladesh.
El estado de Myanmar ha discriminado y perseguido a la comunidad rohingya durante décadas. Las autoridades de Myanmar deniegan a los rohingya el acceso a los campos y mercados de arroz, roban su ganado y restringen su acceso a la ayuda humanitaria.
El ejército incendia de forma selectiva pueblos enteros rohingya, tortura, viola, secuestra a las mujeres y a las niñas rohingya. Estas “operaciones de limpieza”, caracterizadas por amplias y sistemáticas violaciones de los derechos humanos, incluyen detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, matanzas. El ejército de Myanmar tiene un largo historial de violaciones de derechos humanos contra minorías étnicas y religiosas que quedan impunes.
La base racial de los ataques contra los rohingya y su claro objetivo de segregación y aislamiento de esta población, ha motivado que los rohingya estén abandonando un régimen de apartheid de Myanmar. Durante esta huida, continúan los abusos: las fuerzas de Myanmar les roban su dinero y posesiones en los puestos de control, sistemáticamente asaltan a las mujeres buscando bajo su ropa el dinero o posibles joyas escondidas, las acosan sexualmente.
Amnistía Internacional ha denunciado que las fuerzas de seguridad de Myanmar colocaron minas antipersonas a lo largo de la frontera con Bangladesh. Minas que están prohibidas por la Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersonales de 1997.
El éxodo rohingya empezó en 1970. Tras la crisis de finales de 2017, la ONU estimó que más de 688.000 personas refugiadas rohingya habían huido a Bangladesh. Llegan heridas, hambrientas, traumatizadas, necesitan con urgencia ayuda humanitaria, alimentos, cobijo y atención médica.
Amnistía Internacional presentó una comunicación oral al Consejo de Derechos Humanos en la que informaba sobre el apartheid en Myanmar y la impunidad en la que se está cometiendo. El 5 de diciembre de 2017, en su sesión extraordinaria, el Consejo adoptó una resolución que condena estas violaciones de los derechos humanos en Myanmar.
Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades de Myanmar que:
- Garanticen el acceso libre y sin restricciones al Estado de Rajine –y las regiones del Norte- a todas las organizaciones humanitarias internacionales y locales, a los periodistas independientes y a los observadores internacionales.
- Se comprometan a que las personas refugiadas y desplazadas pueden regresar a sus hogares voluntariamente y de manera segura y digna, sin discriminación de ninguna clase, de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos.
- Inicie con la máxima celeridad una investigación imparcial, independiente y eficaz de todas las denuncias creíbles de violaciones de derechos humanos internacionales y crímenes de derecho internacional.
- Libere de inmediato a las personas que han sido secuestradas o detenidas de algún otro modo, a menos que sean acusadas de un delito internacionalmente reconocible y remitidas por un tribunal civil independiente.
- Se detenga inmediatamente el uso de minas antipersona.
- Se condene inequívocamente toda apología del odio nacional, racial o religioso que conlleve la incitación a la discriminación, hostilidad o violencia y tome medidas eficaces para abordarlas y contrarrestarlas.
- Revise todo el marco legislativo para garantizar que ningún ciudadano sufra ninguna discriminación basada en la raza, color, origen étnico, género, lengua o religión; y que se garantizará el derecho de movimiento y los derechos económicos y sociales, en concreto, a la asistencia sanitaria, a la educación, a una alimentación adecuada, a instalaciones de agua potable e higiene, o el derecho a la participación en la vida pública.
- El ejército cese de inmediato su campaña de violencia y violación de los derechos humanos contra la población civil en el Estado de Rajine.
