● Al menos cuatro ayuntamientos de Castilla-La Mancha han aprobado la compra de armas táser: Talavera de la Reina, Fuensalida, Alcázar de San Juan y Albacete.
● A pesar de haber manifestado su preocupación a los ayuntamientos, la organización no ha recibido respuesta.
Amnistía Internacional ha denunciado la falta de información sobre la compra de armas táser y ha alertado sobre los riesgos de su uso por parte de las policías locales de cuatro ayuntamientos de Castilla-La Mancha: Talavera de la Reina, Fuensalida, Alcázar de San Juan y Albacete.
Las armas de electrochoque, conocidas comúnmente como armas táser, se están introduciendo en diversos cuerpos policiales de todo el mundo, en ocasiones sin una regulación y mecanismos de control que aseguren el respeto a los derechos humanos. Aunque Amnistía Internacional no se opone a que este tipo de armas de electrochoque forme parte del equipamiento de algunos cuerpos policiales, sí tiene algunas preocupaciones en relación a su uso y el respeto a los derechos humanos. A pesar de estar catalogadas como menos que letales, se ha demostrado que estas armas pueden llegar a causar graves daños o incluso la muerte.
Amnistía ha solicitado que estas armas estén sujetas al mismo criterio que se aplica al uso de las armas de fuego, debido a los riesgos que pueden tener sobre la integridad física y mental de la persona sobre las que se emplean. La organización ha documentado casos en los que la muerte de algunas personas ha estado relacionada con el uso de armas táser. Por otra parte, hay perfiles de personas que por determinadas condiciones físicas son más vulnerables frente a este tipo de armas (menores de edad, mayores, personas con riesgos cardiacos o embarazadas).
El ayuntamiento de Fuensalida, según declaraciones recogidas en el diario ABC, ha justificado el uso de estas armas para “incapacitar neuromuscularmente a individuos que opongan una resistencia y desobediencia activa a los agentes y que se encuentren bajo la influencia de drogas y análogos”, entre otros. Esto preocupa especialmente a Amnistía Internacional, dado que la experiencia acumulada de su uso en otros países permite identificar las personas bajo los efectos de las drogas o ciertos medicamentos asociados a dolencias psíquicas y los enfermos mentales como en los que se ha podido observar que se ha dado el mayor número de casos de muertes por el uso de las táser.
Amnistía considera que las armas táser deberían ser parte del armamento policial solo si existe una necesidad operativa real y su uso se limita a situaciones en las que exista un riesgo para la vida o integridad física del agente o de terceras personas. Además, deben elaborase protocolos públicos para su uso y garantizar que los agentes policiales que vayan a utilizarlas estén debidamente formados en su utilización y riesgos, así como en las precauciones que deben tomarse para evitarlos.
La organización se ha dirigido en dos ocasiones a los cuatro ayuntamientos para mostrarles su preocupación sobre el uso de las armas táser adquiridas o cuya compra se ha autorizado y solicitar más detalles sobre la formación previa de los agentes, los protocolos de uso y los mecanismos previstos para evaluar el uso de este tipo de armas y garantizar una correcta rendición de cuentas tras su uso, pero aún no ha recibido respuesta.