• La organización de derechos humanos solicita en una carta al presidente castellano-manchego que pida la libertad de las personas detenidas arbitrariamente en campos o prisiones y el gobierno chino ponga fin a la persecución de población uigur y otras minorías
Toledo.- Amnistía Internacional ha enviado una carta a Emiliano García-Page, Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que visita China junto a una delegación de miembros del gobierno y agentes sociales, con información sobre la situación de los derechos humanos en el país, en la que expone los motivos por los que los derechos humanos deben estar en el centro de un enfoque sólido y estratégico de las relaciones de la Unión Europea y sus Estados miembros, incluidas las Comunidades Autónomas, con la República Popular de China.
En los últimos años, las severas restricciones por la COVID-19 socavaron en ocasiones los derechos a la salud y a una alimentación adecuada en China. El gobierno continuó sofocando las críticas a sus políticas y acciones, deteniendo y recluyendo arbitrariamente a personas que lo criticaban, a defensores y defensoras de los derechos humanos, a activistas en favor de la democracia o a personas que practicaban una religión. Siguió la represión sistemática de las minorías étnicas en Xinjiang y Tíbet so pretexto de “antiseparatismo”, “antiextremismo” y “lucha contra el terrorismo”. Las mujeres continuaron sufriendo hostigamiento y violencia sexual y otras violaciones de sus derechos. Y, aunque se adoptaron algunos compromisos positivos, entre ellos incrementar el uso de las energías renovables, los objetivos de China en cuanto a la reducción de emisiones de carbono fueron calificados de muy insuficientes, y la producción de carbón aumentó.
La censura a la libertad de expresión online se hizo más omnipresente y sofisticada para acallar las críticas al gobierno, intensificándose en fechas de acontecimientos de gran repercusión, como los Juegos Olímpicos, y aniversarios importantes.
Las autoridades siguieron encarcelando a personas defensoras de los derechos humanos, sin garantías durante la detención, ni juicios que cumplan los estandares internacionales. Sigue vigente la forma de reclusión secreta denominada «vigilancia domiciliaria en lugar designado», frecuentemente utilizada contra quienes defienden los derechos humanos, en la que según los testimonios se utilizan la tortura y los malos tratos de forma habitual. La tortura es un problema endémico en el país, hasta el punto de tener instrumentos de tortura propios. A la falta de garantías durante la detención se suma la realización de juicios secretos o que no cumplen los estándares internacionales, como la carencia de asistencia letrada durante los meses previos al juicio. Incluso la abogacía que intenta hacer frente a esta situación se ve sometida a acoso detención y tortura.
Un caso extremo es el del abogado Gao Zhisheng que lleva mas de seis años en paradero desconocido tras denunciar las torturas de las que había sido objeto en anteriores detenciones.
Lamentablemente, el gobierno chino continuó clasificando como “secreto de Estado” las cifras relativas a ejecuciones y condenas a muerte. Se sigue aplicando la pena de muerte en China a 46 delitos, algunos de ellos no letales y que, por tanto, no se ajustaban al criterio de “los más graves delitos” establecido en el derecho y las normas internacionales.
Como consecuencia de todo lo expuesto, Amnistía Internacional pide al Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que, en el marco de sus relaciones con las instituciones chinas, pida a las autoridades chinas, entre otras cuestiones:
- Que las personas no sean perseguidas por la pacífica expresión de sus ideas;
- Que faciliten el acceso diplomático a la observación de juicios y realizar visitas a personas en prisión o centros de detención, así como transparencia en el uso de todas las formas de detención y suministro rápido de información a las familias de los detenidos;
- La eliminación de la tortura sea cual sea el motivo de detención;
- Así como la liberación de activistas y defensores y defensoras de derechos humanos, como Zhang Zhan, periodista ciudadana que cumple cuatro años de cárcel acusada de “provocar peleas y crear problemas” por informar sobre el brote de COVID-19; Gao Zhisheng, abogado de derechos humanos detenido y en paradero desconocido desde hace más de cinco años, después de denunciar torturas que sufrió en anteriores detenciones; Huang Qi, fundador y director del sitio web de derechos humanos de Sichuan “64 Tianwang”, que cumple una condena de doce años de prisión y, pese a su hipertiroidismo, no tiene acceso a atención médica; o Chow Hang-tung, activista y abogada de derechos humanos acusada de “incitar a otros a participar deliberadamente en una concentración prohibida” tras publicar en las redes sociales una nota pidiendo que se celebrara el 4 de junio, fecha conmemorativa de la represión en la plaza de Tiananmen, de manera privada.
Información adicional
Desde el inicio de la Legislatura desde Amnistía Internacional ha hecho llegar al Presidente García-Page nuestra petición de que se comprometiera a hacer de los derechos humanos una política transversal en su Acción Exterior en los programas de cooperación, viajes oficiales al exterior, acuerdos políticos y económicos, puesto que representan una excelente oportunidad para contribuir al respeto de los derechos humanos en el mundo.
Asimismo, le hicimos un llamamiento a realizar gestiones por la situación de los derechos de personas individuales ante las autoridades de sus países: presos de conciencia, mujeres y niños, condenados a muerte, activistas y personas en riesgo.
Viajes como el que en estos momentos está realizando a China, y otros que vaya a realizar en el futuro, son una excelente oportunidad para poner en práctica este compromiso.