La situación en España sigue esta tendencia global Estados y empresas fabrican, publicitan y venden material de descarga eléctrica que se utiliza para infligir tortura y otros malos tratos, afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe, en el que pide un tratado global y jurídicamente vinculante que regule la producción y el comercio descontrolado del […]
La situación en España sigue esta tendencia global
Estados y empresas fabrican, publicitan y venden material de descarga eléctrica que se utiliza para infligir tortura y otros malos tratos, afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe, en el que pide un tratado global y jurídicamente vinculante que regule la producción y el comercio descontrolado del material utilizado para hacer cumplir la ley.
“Todavía no puedo dormir por las noches”: El abuso global del material de descarga eléctrica documenta que los organismos encargados de hacer cumplir la ley utilizan de forma intrínsecamente abusiva armas de descarga eléctrica por contacto directo —como pistolas paralizantes y porras eléctricas— en la calle, en las fronteras, en centros de detención de personas migrantes y refugiadas, en instituciones de salud mental, en comisarías de policía y en prisiones y en otros lugares de detención.
Estos dispositivos intrínsecamente abusivos, que administran dolorosas descargas con sólo pulsar un botón, se han utilizado contra manifestantes, estudiantes, opositores políticos, mujeres (incluso embarazadas), niños y niñas, defensores y defensoras de los derechos humanos, entre otras personas. Las personas supervivientes han sufrido quemaduras, entumecimiento, abortos, disfunciones urinarias, insomnio, agotamiento y profundos traumas psicológicos.
En el informe también se analiza el creciente uso inadecuado de las armas de proyectiles paralizantes, que pueden tener una función legítima en la aplicación de la ley, pero que a menudo se utilizan de forma indebida. Son ejemplos de ello el uso innecesario y discriminatorio contra grupos vulnerables, que da lugar a lesiones graves y, en algunos casos, incluso provoca la muerte.
“Las armas de descarga eléctrica por contacto directo pueden causar sufrimiento grave, discapacidad física duradera y trastornos psicológicos. Su uso prolongado puede incluso provocar la muerte”, ha declarado Patrick Wilcken, investigador de Amnistía Internacional sobre Asuntos Militares, de Seguridad y Policiales.
“Las armas de proyectiles paralizantes se utilizan contra personas que no presentan ningún riesgo de violencia, simplemente para castigarlas u obligarlas a cumplir órdenes. También se utilizan en el modo de contacto directo (en lo que se conoce como ‘aturdimiento por conducción’), que debería prohibirse. Pese a los claros riesgos para los derechos humanos asociados a su uso, no existe una normativa global que controle la producción y el comercio del material de descarga eléctrica. Las armas de descarga eléctrica de contacto directo deben prohibirse de inmediato y las armas de proyectiles paralizantes deben estar sometidas a estrictos controles comerciales basados en los derechos humanos”.
Este extenso informe se basa en la investigación llevada a cabo por Amnistía Internacional entre 2014 y 2024 en más de 40 países de todas las regiones del mundo en las que se han documentado casos de tortura y otros malos tratos con dispositivos de descarga eléctrica.
Grupos vulnerables contra los que se dirigen armas de descarga eléctrica
Los testimonios recopilados por Amnistía Internacional son desgarradores.
Durante la sublevación “Mujer Vida Libertad” de 2022 en Irán, el batallón Basij de la Guardia Revolucionaria Islámica obligó a varios niños a permanecer de pie con las piernas separadas en una fila con detenidos adultos y les administraron descargas eléctricas en los genitales con pistolas paralizantes.
En otro caso, varios niños en edad escolar fueron secuestrados por escribir en un muro la consigna de protesta “Mujer Vida Libertad”. Uno de los niños contó a Amnistía Internacional: “Me pegaron en la cara con la culata de una pistola, me aplicaron descargas eléctricas en la espalda y me golpearon con la porra en la planta de los pies y en las manos […]”.
Las armas de proyectiles paralizantes a menudo se han utilizado de facto como armas de descarga eléctrica en modo de “aturdimiento por conducción”.
Una persona detenida procedente del África subsahariana recuerda así una redada de la guardia de fronteras en el centro de detención de Medininkai, en Lituania, el 2 de marzo de 2022: “Estaba tirado en el suelo y aun así me dispararon con pistolas Taser tres veces, al mismo tiempo que me golpeaban con las porras”. Otra persona describió que unos agentes de policía la amenazaron, le colocaron una “pistola Taser” en la frente y le dijeron: “¡Cállate o te disparo!”.
“Incluso cuando se utilizan a distancia, las armas de proyectiles paralizantes se han relacionado con lesiones graves y muertes”, ha afirmado Patrick Wilcken. “Entre ellas figuran laceraciones y penetración por dardos en el cráneo, los ojos, los órganos internos, la garganta, los dedos y los testículos; quemaduras, convulsiones y arritmias inducidas por descargas eléctricas, y diversas lesiones y muertes asociadas a caídas”.
El informe de Amnistía revela constantes de uso discriminatorio de armas de proyectiles paralizantes contra grupos racializados y marginados, como son los hombres jóvenes negros. En abril de 2024, durante una manifestación de solidaridad con Palestina, se grabó a la policía de Atlanta, Georgia (Estados Unidos), utilizando una pistola Taser directamente contra la pierna de un manifestante negro, al que tres agentes de policía mantenían inmovilizado en el suelo y esposado.
“Dados los altos riesgos de lesiones primarias y secundarias, el uso de las armas de proyectiles paralizantes debe regirse por parámetros rigurosos. Estas armas sólo deben utilizarse en situaciones que impliquen amenaza para la vida o riesgo de lesiones graves que no puedan contenerse con opciones menos extremas”, ha explicado Patrick Wilcken.
Necesidad urgente de establecer prohibiciones y regular el comercio
Al menos 197 empresas de todas las regiones fabricaron o publicitaron dispositivos de descarga eléctrica por contacto directo para la aplicación de la ley entre enero de 2018 y junio de 2023, en su mayoría con sede en países como China, India y Estados Unidos.
Según la empresa estadounidense Axon Enterprise, Inc., sus modelos de la marca Taser son actualmente utilizados por más de 18.000 agencias de aplicación de la ley en más de 80 países.
“Se precisa con urgencia un tratado jurídicamente vinculante que prohíba los equipos de descarga eléctrica intrínsecamente abusivos y controle de forma estricta el comercio de armas de proyectiles paralizantes”, ha declarado Patrick Wilcken.
“Las empresas deben implementar medidas sólidas de diligencia debida y mitigación en materia de derechos humanos para garantizar que sus productos y servicios no se utilizan sistemáticamente con fines de tortura u otros malos tratos, lo que incluye el cese de la fabricación de dispositivos de descarga eléctrica de contacto directo y la eliminación del modo de ‘aturdimiento por conducción’ en las armas de proyectiles paralizantes”.
Amnistía Internacional, junto con una red global de la sociedad civil integrada por más de 80 organizaciones en todo el mundo, lleva a cabo una campaña para que se negocie un Tratado sobre el comercio sin tortura que introduzca prohibiciones y controles globales sobre una amplia gama de material de aplicación de la ley, incluidos los dispositivos y armas de descarga eléctrica.
Las armas de electrochoque en España siguen la tendencia global con un uso extendido y sin regulación estatal. Amnistía Internacional ha expresado en múltiples ocasiones su preocupación por el uso y la regulación de las pistolas Taser en España. La incorporación de estas armas en el equipamiento policial debería ir precedida de una evaluación exhaustiva sobre las necesidades operativas que justifican su adquisición, debido a los riesgos que conllevan de causar lesiones graves o incluso la muerte, y la posibilidad de abusos en su utilización.
Actualmente, en España, Amnistía Internacional tiene conocimiento de que la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Ertzaintza, los Mossos de Esquadra y agentes de la Policía Local de al menos 62 municipios correspondientes a 13 Comunidades Autónomas cuentan con dispositivos de descarga eléctrica.
“Son armas potencialmente letales que además son particularmente nocivas cuando se utilizan frente a grupos identificados como especialmente vulnerables a sus efectos, como personas con cuadros de crisis mental, bajo los efectos del alcohol y/o bajo los efectos de las drogas. Y precisamente algunos cuerpos policiales están justificando la adquisición de las Taser para hacer frente a estos grupos, algo muy preocupante”, asegura Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.
En España, cada vez más fuerzas policiales están adquiriendo armas Taser en los últimos años, evidenciando preocupaciones claras para Amnistía Internacional en lo referente a los criterios en los que se basan las decisiones para incorporar este armamento en el equipamiento policial y a los protocolos de uso.
- Los criterios en los que se basan las decisiones para adquirir este armamento no responden por lo general a necesidades operativas conforme a los principios de necesidad y proporcionalidad, si no a justificaciones vagas y genéricas. Por ejemplo, la necesidad de actualizar el equipamiento con las últimas innovaciones tecnológicas disponibles (Policía Nacional), o para colmar un supuesto vacío entre la defensa policial y el arma de fuego (Mossos d’Esquadra) o para hacer frente a personas con problemas de salud mental o drogodependientes (policías locales de Oviedo, Marbella o La Bañeza).
- Los protocolos de uso permiten la utilización de Taser en circunstancias y supuestos que van más allá de lo que permiten los estándares internacionales. Por ejemplo, los protocolos de Policía Nacional o Mossos d’Esquadra permiten el uso de Taser para la protección de la seguridad ciudadana, pero este umbral es demasiado bajo para un arma potencialmente letal como el Taser, cuyo uso debe estar restringido únicamente a situaciones de amenaza inminente para la vida y de lesiones graves. Tampoco lo prohíben en el contexto de manifestaciones ni en el caso de grupos vulnerables como personas con cuadros de crisis mental. El protocolo de la policía local de Oviedo contempla el uso de Taser en modo aturdidor (drive-stun), directamente contra la piel, un modo de uso que debería estar prohibido. El protocolo de la policía local de Seseña (Toledo) permite el uso de Taser si una persona manifiesta intención de ofrecer resistencia a la detención. Hay policías locales que directamente no cuentan con protocolo, como Castrillón en Asturias, o Aguilar de Campoo o Toral de los Vados en Castilla y León.
En los últimos cinco años, Amnistía Internacional ha tenido conocimiento de la utilización de Taser contra personas con algún problema de salud mental, que son especialmente vulnerables a este tipo de armas, como la muerte de un hombre, en noviembre de 2021 en Badalona, tras recibir seis descargas por parte de agentes de los Mossos d’Esquadra; el de una mujer que recibió tres descargas en Sabadell, en noviembre de 2020, en un centro de atención primaria, también por agentes de Mossos d’Esquadra, y más recientemente, en 2024, en Pontevedra, cuando se utilizaron contra una persona que padecía una enfermedad de salud mental, por agentes de la policía local de Poio (Pontevedra).
Amnistía Internacional ha pedido reiteradamente a las autoridades españolas que avance en la creación de una legislación estatal que contenga las correspondientes garantías y salvaguardas en la introducción y utilización de este tipo de armas. Es esencial garantizar una formación adecuada para los agentes, establecer protocolos claros y asegurar mecanismos de evaluación y rendición de cuentas para prevenir posibles abusos.
Información adicional en España
Las preocupaciones sobre armas Taser han sido trasladas por Amnistía Internacional en Cataluña a los Mossos d’Esquadra, que usan Taser desde 2018, y a la Guardia Urbana de Barcelona, que está en proceso de incorporar este armamento y a cuyo protocolo ha hecho comentarios la organización. También en Asturias la organización ha hecho comentarios al protocolo de la policía local de Oviedo y se ha dirigido a la Dirección General de Custodia del Territorio e Interior instando a la estandarización de los protocolos conforme a estándares internacionales. En Castilla y León Amnistía Internacional se ha dirigido a los ayuntamientos de Burgos, Valladolid, Aguilar de Campoo (Palencia), Toral de los Vados (León) y La Bañeza (León). En Castilla la Mancha, se ha dirigido a los ayuntamientos de Toledo, Talavera de la Reina, Fuensalida, Alcázar de San Juan, Albacete, Guadalajara, Seseña y Ciudad Real. En Galicia, a la Policía Nacional en Vigo y al Ayuntamiento de Redondela. Y en Euskadi, al Ayuntamiento de San Sebastián.
Información complementaria sobre la campaña global
- En septiembre de 2017, la Unión Europea, Argentina y Mongolia presentaron la Alianza Mundial por un Comercio sin Tortura en un acto paralelo a la Asamblea General de la ONU (AGNU) celebrada en Nueva York. La Alianza la conforman actualmente 62 Estados de todas las regiones del mundo, que se comprometen a “actuar conjuntamente para continuar previniendo, restringiendo y poniendo fin al comercio” con productos empleados especialmente para infligir tortura y otros malos tratos. En octubre de 2023, la relatora especial de la ONU sobre la tortura presentó un informe temático sobre el comercio de tortura en la Asamblea General, que abogaba por un instrumento jurídicamente vinculante para regular la producción y el comercio de equipos de aplicación de la ley e incluía listas de productos considerados como prohibidos y controlados.
- Este informe pertenece a una serie de investigación detallada que pone de manifiesto el impacto devastador de los materiales de aplicación de la ley sobre los derechos humanos; informes anteriores se centraron en el gas lacrimógeno, las porras policiales, las balas de goma y el comercio de armas menos letales para reprimir protestas.