“Un único centro público no garantizará el acceso efectivo y en igualdad al aborto en Castilla-La Mancha”

• El acceso al aborto es un derecho humano y no puede depender del lugar de residencia ni obligar a las mujeres a recorrer largas distancias para ejercerlo.
• Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, el 100% de las interrupciones voluntarias del embarazo practicadas en Castilla-La Mancha en 2024 se realizaron en clínicas privadas. Además, alrededor del 60% de las mujeres que han decidido abortar en Castilla-La Mancha en los últimos 15 años se han visto obligadas a desplazarse fuera de la comunidad autónoma para poder ejercer este derecho.

Ante las declaraciones del consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, afirmando que “estamos a punto de tener un centro público donde se puedan practicar abortos en Castilla-La Mancha”, Amnistía Internacional CLM considera que este anuncio es positivo pues puede representar un avance, pero advierte de que un único centro público, sumado a los dos centros privados concertados existentes, no garantizará por sí solo el acceso efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en condiciones de igualdad y proximidad geográfica.

Para la organización, el anuncio realizado por el consejero debe traducirse en una red pública accesible en todas las provincias y áreas sanitarias de Castilla-La Mancha, con recursos suficientes y garantías reales de atención cercana. El acceso al aborto es un derecho humano y no puede depender del lugar de residencia ni obligar a las mujeres a recorrer largas distancias para ejercerlo.

Amnistía Internacional recuerda que Castilla-La Mancha continúa siendo una de las comunidades autónomas con mayores barreras de acceso al aborto dentro de la sanidad pública. Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, el 100% de las interrupciones voluntarias del embarazo practicadas en Castilla-La Mancha en 2024 se realizaron en clínicas privadas. Además, alrededor del 60% de las mujeres que han decidido abortar en Castilla-La Mancha en los últimos 15 años se han visto obligadas a desplazarse fuera de la comunidad autónoma para poder ejercer este derecho. Esta situación contrasta con otras comunidades autónomas como Galicia, donde 21 centros públicos y 2 concertados realizaron IVEs en 2024, o Cataluña, con 69 centros públicos y 14 concertados.

La organización subraya que habilitar un único centro público para toda Castilla-La Mancha no resolverá las graves desigualdades territoriales existentes. Actualmente, muchas mujeres y personas gestantes continúan viéndose obligadas a desplazarse cientos de kilómetros, a otras provincias e incluso a otras comunidades autónomas, para poder acceder a esta prestación sanitaria. Esta situación supone una vulneración del principio de proximidad geográfica recogido en la legislación y genera obstáculos especialmente graves para mujeres jóvenes, con menos recursos económicos, migrantes sin redes de apoyo o residentes en entornos rurales. No garantizaría un “reparto geográfico adecuado”, como exige la reforma de 2023, en una comunidad extensa, rural y dispersa territorialmente.

Además, Amnistía Internacional Castilla-La Mancha, junto a otros colectivos, recibió recientemente respuesta del SESCAM a una solicitud de información presentada a través del Portal de Transparencia. En dicha resolución, el Servicio de Salud evita facilitar el número de profesionales objetores de conciencia registrados en Castilla-La Mancha, alegando la confidencialidad del registro, pese a que la solicitud no pedía datos personales sino únicamente cifras globales. La información resulta especialmente relevante dado que el Gobierno regional ha venido justificando durante años la ausencia de IVEs en hospitales públicos afirmando que existía objeción de conciencia generalizada entre los profesionales sanitarios.

Asimismo, el SESCAM tampoco concreta medidas, centros de referencia ni calendarios específicos para implantar la prestación en la red pública, limitándose a señalar que “continúa desarrollando actuaciones organizativas y de planificación necesarias” y que actualmente la prestación “se realiza a través de centros concertados”.

Amnistía Internacional lleva años denunciando esta situación y reclamando a la Junta de Comunidades que garantice el cumplimiento efectivo de la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, especialmente tras la reforma de 2023, que obliga a las administraciones sanitarias a asegurar esta prestación dentro de la red pública.

Este trabajo se ha desarrollado en alianza con otros colectivos feministas, organizaciones sociales y sindicales comprometidas con la defensa de los derechos sexuales y reproductivos en Castilla-La Mancha, que vienen alertando desde hace años de las desigualdades territoriales y de los obstáculos que enfrentan muchas mujeres para acceder a esta prestación sanitaria en condiciones dignas.