Ortega no puede seguir fingiendo buscar el diálogo mientras persiste esta estrategia de represión. Al negarle a su pueblo su derecho a la vida y a la libertad de expresión, está traicionando los ideales que le llevo a levantarse contra Somoza al que hoy imita.
Cuando yo era aún un adolescente, a finales de los años 70 y principios de los 80, seguí con mucho interés la revolución que tenía lugar esos años en Nicaragua. Llegué a admirar al General Sandino como icono de esa revolución y me emocioné oyendo a Mejía Godoy cantando aquello de
» Nicaragua sos mas dulcita
Que la mielita de tamagas,
Pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita
Yo te quiero mucho más».
Por ello hoy me cuesta comprender lo que está ocurriendo en ese país.
Tras la pérdida de las elecciones de 1990, el Frente Sandinista, artífice de la Revolución, fue abandonado por dirigentes e intelectuales que lucharon contra la dictadura somocista. En 2007 Daniel Ortega con el Frente regresó al poder. La población necesitaba un cambio y creyeron que utilizando los símbolos de la revolución nacional podían crear cambios positivos para el país. Pero no fue así. Ortega y su esposa Rosario Murillo se apropiaron de la simbología del sandinismo pero no para llevar adelante una política sandinista. El pueblo no se ha levantado contra aquel partido que organizó una de las mejores cruzadas de alfabetización en la historia contemporánea. Hoy el enfrentamiento es contra una familia que utiliza a su conveniencia el poder. Las decisiones arbitrarias del matrimonio gobernante han hecho que los estudiantes salgan a las calles pacíficamente. Las autoridades, por su parte, arremetieron con mano de hierro contra los estudiantes. Un punto de inflexión fue el 16 de abril de 2018, cuando el gobierno anunció una nueva reforma del Instituto Nacional del Seguro Social que perjudica a la población trabajadora nicaragüense. Pero los problemas son varios, como el incremento de la gasolina y la electricidad, la poca inversión a condiciones dignas y de calidad para cualquier estudiante, el temor que provoca una policía que violenta a la población en cada momento del año, robándoles indiscriminadamente. En diversos departamentos la población se ha movilizado para visibilizar su malestar, pero la Policía Nacional ha organizado a delincuentes que portan cuchillos, tubos, palos, piedras, para reprimir a los ciudadanos. A 18 de septiembre, al menos 322 personas habían perdido la vida, en su mayoría a manos de agentes estatales, y más de 2.000 habían resultado heridas. Entre las personas fallecidas 22 eran policías. Según informes, a 18 de agosto las autoridades nicaragüenses habían presentado cargos contra al menos 300 personas por participar en las protestas. Amnistía Internacional ha documentado seis posibles ejecuciones extrajudiciales y destaca siete casos de detención arbitraria, así como violaciones del debido proceso, que fueron parte de la estrategia del gobierno para disolver el movimiento de protesta. También revela que las autoridades emplearon la tortura para castigar a quienes protestaban, fabricar pruebas y obtener información sobre la organización y el liderazgo de quienes se manifestaban.
Existen informes de que los hospitales públicos se niegan a tratar a personas heridas en las protestas. Las autoridades tampoco cumplieron con su obligación de realizar autopsias después de varios de los homicidios, y en varios casos, antes de entregar los cadáveres a las familias, las hicieron firmar un documento por el que desistían de denunciar a la policía por las muertes.
Ortega no puede seguir fingiendo buscar el diálogo mientras persiste esta estrategia de represión. Al negarle a su pueblo su derecho a la vida y a la libertad de expresión, está traicionando los ideales que le llevo a levantarse contra Somoza al que hoy imita.
Más información:
Cristóbal Fábrega. Coordinador de Amnistía Internacional Jaén.
Publicado en Diario Jaén el 11 de noviembre de 2018
