Los varios proyectos de acogida de los MENA’s en España han fracasado y es importante erradicar las insolvencias de las primeras tentativas generando unos nuevos planes de acción susceptibles de subsanar los lastres de las antiguas estrategias llevadas a cabo desde la firma del Memorándum en Madrid en el año 2003
LOS MENAS, ESTADO DE LA CUESTIÓN DE UNA REALIDAD ESTREMECEDORA
El fenómeno migratorio es considerado como un problema, pero cuando los inmigrantes son menores y son africanos y necesitan estudios y conocimiento del idioma, se estima que son delincuentes por su simple situación de vulnerabilidad y desamparo.
Estos menores se hallan en una condición de desprotección social incontestable y su regulación es muy complicada debido a la presión ejercida sobre las autoridades competentes al estar regulados por tres políticas con distintos propósitos: la ley orgánica de Extranjería, la ley del menor en España y la Declaración universal de los derechos de la infancia.
Los varios proyectos de acogida de los MENA’s en España han fracasado y es importante erradicar las insolvencias de las primeras tentativas generando unos nuevos planes de acción susceptibles de subsanar los lastres de las antiguas estrategias llevadas a cabo desde la firma del Memorándum en Madrid en el año 2003. Un acuerdo tras el cual -en vistas a la presencia significativa de MINA’s en el país (tengamos en cuenta que España es el segundo país de la Unión Europea con más MINA’s)-, Marruecos y España deciden oficiar un nuevo acuerdo. A pesar del modelo adecuado de éste, en la práctica, los preceptos que recoge este documento no se ejecutan pues encontramos una gran cantidad de anomalías sobre todo en los procedimientos de repatriación.
Estos procedimientos tienen por “criterio rector” el principio de reagrupación del menor y, por lo tanto, infringirlos “supone una vulneración de los derechos humanos”. A modo de ejemplo, en el acuerdo se especifica que “las partes llegarán a un acuerdo previo sobre el caso de menores que puedan ser objeto de regreso y asimismo sobre su número”, esto supone que los casos de cada uno no se ven estudiados particular y detalladamente, sino nos encontramos con “repatriaciones genéricas”.
La repatriación del menor supone su entrega a las autoridades fronterizas de Marruecos y esto implica que éste se ve en la obligación de volver a su país y vivir en un centro de internamiento de menores.
La repatriación del menor supone su entrega a las autoridades fronterizas de Marruecos y esto implica que éste se ve en la obligación de volver a su país y vivir en un centro de internamiento de menores. Estos centros son construidos en Marruecos con fondos españoles destinados a la Cooperación y el Desarrollo. Según el informe publicado en 2013 por el Consejo Nacional marroquí de Derechos Humanos, en los centros de internamiento de menores de Marruecos se manifestó una clara falta de alimentación e higiene y “casos generalizados de castigos corporales”.
El porcentaje de MINA’s procedentes de Marruecos es del 75% o 92% (según dos estudios diferentes) esto supone que tantos menores se pueden encontrar en unas condiciones tan execrables y completamente contrarias a cualquier fundamento de los derechos humanos, ni de los derechos de la infancia, ni de la Ley del menor en España.
A 30 de diciembre de 2018 son 12.500 MENA’s solos en España. La mayor concentración de éstos se da en los centros de internamiento de Melilla y Ceuta y en centros de otras CC.AA especialmente en Andalucía. De hecho, en Melilla se estima que, en noviembre de 2018, son 1.400 MENA’s los que están en una ciudad en la que se pueden atender únicamente a 200 y donde se atienden a 1.000. Unas cifras estremecedoras.
Pero lo que más afecta a los Derechos Humanos es que estas políticas desconocen las legislaciones protectoras con los menores y los transforman en excluidos en nuestra sociedad. No se les trata como niños, cuando niños son. Se hace prevalecer las políticas de extranjería. ¿Vamos a seguir permitiéndolo?
Kamelia Temsamani. Activista de Amnistía Internacional Jaén.
Publicado en el Diario Jaén el 30 de junio de 2019
