Andalucía
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No es casual que no hayamos querido nunca nombrarlos por su nombre y les hayamos otorgado unas simples siglas. Simples y frías. Unas siglas que los invisibilizan, que los hacen desaparecer incluso como personas para empezar a ser sólo un número. Las siglas categorizan a las personas a las que se las aplicamos: los VIP, los MENA, dejan de ser personas de carne y hueso para convertirse en el prototipo de triunfador los unos o de desecho social los otros.

Las cosas existen cuando las nombramos. Mientras no las nombramos están ahí, en el limbo de lo posible pero no real.

No es casual que no hayamos querido nunca nombrarlos por su nombre y les hayamos otorgado unas simples siglas. Simples y frías. Unas siglas que los invisibilizan, que los hacen desaparecer incluso como personas para empezar a ser sólo un número. Las siglas categorizan a las personas a las que se las aplicamos: los VIP, los MENA, dejan de ser personas de carne y hueso para convertirse en el prototipo de triunfador los unos o de desecho social los otros.

Por eso, tenemos que empezar a decir que no son MENA, tenemos que individualizarlos porque son niños y niñas, personas que necesitan una especial protección porque ni siquiera tienen capacidad legal para decidir por sí mismos. Son niños y niñas con todos los derechos que les otorgan la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración de los Derechos del Niño y que están bajo la tutela de la administración.

Sabemos que hay niños y niñas, especialmente niños, que atraviesan nuestras fronteras en busca de un futuro que no tienen en su país, que se juegan la vida colgados de los bajos de camiones, en barcas de juguete o entre los hierros de las atracciones de feria. Y una vez que llegan aquí, muchos de ellos son expulsados como adultos sin comprobar, sin que haya la menor duda razonable, que se trata de adultos y no de niños. A estos niños se les niegan así sus derechos más básicos. Otros sí son considerados niños y la administración se hace cargo de ellos pero, tan pronto como alcanzan la mayoría de edad, se deshace de ellos sin cumplir con la obligación que tiene, como su tutor legal, de darles las herramientas, la educación necesaria para poder vivir como adultos.

Sabemos también que hay niñas víctimas de trata de blancas, esclavizadas al lado de la puerta de nuestras casas. También a ellas les hemos negado todos sus derechos y las hemos lanzado fuera del mundo que les corresponde. Si por un hecho azaroso consiguen salir de ahí también pueden acabar llevando la misma suerte que sus compañeros varones, serán ingresadas en centros de acogida de los que saldrán el día que cumplan 18 años sin los conocimientos, las herramientas y la ayuda necesaria para no volver a caer en la misma red.

En este pasado fin de semana nos hemos encontrado en la Línea de la Concepción activistas de Amnistía Internacional de toda Andalucía. Y con nosotros han estado tres personas que conocen de primera mano la realidad de los menores no acompañados: Jacqueline Carvalho da Silva, investigadora del Instituto de Criminología de la UMA y del proyecto Premece (Prevención de la delincuencia de menores extranjeros solos en las calles de Ceuta); Juan Antonio Carrasco Aragón, educador social en el Centro de Protección de Menores del Cobre, de Algeciras, y José Villahoz Rodríguez, presidente de Algeciras Acoge.

Jacqueline Carvalho conoce bien la situación de los menores en Ceuta. Se trata de menores que están, cuando lo están, en centros como el de la Esperanza, con casi 400 niños para un centro preparado para acoger a apenas 90, pero que en muchos casos malviven en las calles de la ciudad autónoma. Muchos de ellos son niños que entraron legalmente en España, atravesando la frontera y acompañados de sus padres. Pero una vez en Ceuta algunos se quedan para poder intentar el sueño europeo, con la esperanza de llevar algo de dinero a su familia.

Juan Antonio Carrasco asegura que el sistema, que él conoce bien porque forma parte del mismo, no puede atender adecuadamente a estos menores porque no existen suficientes recursos de tutela y de asistencia social y porque la legislación vigente no salvaguarda suficientemente sus derechos como menores y la propia legislación los deja en una especie de limbo jurídico. Muchos de estos niños llegan a nuestro país, especialmente a Andalucía, después de haber sufrido todo tipo de abusos, incluida la esclavitud, y a los 18 años entran en un vacío legal que no les permite regularizar su situación.

José Villahoz también vive en Algeciras y conoce de primera mano el drama de los inmigrantes que mueren en el estrecho, y el de los que consiguen llegar a España. Desde que en 1988 apareció el primer inmigrante muerto en las costas de Cádiz, ha habido muchos muertos. Y desde que en 1991 fundó la asociación Algeciras Acoge, de la que es el presidente, se ha enfrentado muchas veces al drama de los menores no acompañados. Dice José Villahoz que sólo en patera han entrado en España 7028 menores no acompañados.

Dice también que ante el menor no acompañado la administración sólo se fija en que es extranjero y no en que es menor y, como las políticas migratorias están orientadas casi exclusivamente a la eliminación de los extranjeros, lo primero que se hace con los menores no acompañados es intentar saber si son menores. Y casi siempre se resuelve que son mayores, aunque en muchos casos se demuestre posteriormente que no lo son. Para los que consiguen entrar en el sistema de acogida no ha acabado el problema. Tendrán que depender de personas que, en muchos casos, no están capacitados para tratar con menores extranjeros. Y, una vez dentro, entran en una situación kafkiana, ya que con 16 años no se les permite trabajar como a cualquier otro menor, pero el día que cumplen 18 años, quienes han ejercido su tutela los abandonan a su suerte, casi siempre sin estudios, sin oficio y, en muchos casos, hasta sin permiso de residencia, por lo que no podrán quedarse en nuestro país legalmente, sólo podrán ser repatriados.

Y a todo esto tenemos que añadir el estigma de estar marcado con la etiqueta de MENA, de ser blanco de un discurso de odio que, cada vez más, los criminaliza simplemente por ser niños que están solos, sin su familia, en un país extraño que ni los quiere ni les facilita la integración. Y ante este discurso del odio nosotros debemos esgrimir los derechos humanos y los derechos del niño. Porque estos niños y niñas no son MENAson sólo niños solos.

Juan Francisco Villar Caño es activista del equipo de Medios de Comunicación de Amnistía Internacional Andalucía.

Publicado en La Voz del Sur el 1 de noviembre de 2019

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