Andalucía
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Artículo de Cristóbal Fábrega publicado en La Voz del Sur el día 26 de abril.

Los españoles nos hallamos en una encrucijada. Encerrados en casa pasando del miedo al aburrimiento. El llamado Covid-19 ha provocado en España más de 200,000 casos de contagio y casi 23.000 personas fallecidas lo que llevó al Gobierno a declarar el estado de alarma. Ha pasado de algo que ocurría a muchos miles de kilómetros a transformarse en el elemento fundamental de nuestra dinámica social.

Los mecanismos de respuesta a esta situación pueden afectar, sin duda, a los derechos humanos y no solo a la salud. Para Amnistía Internacional las violaciones de derechos humanos obstaculizan, en lugar de facilitar, las respuestas a la crisis. El gobierno chino ha realizado grandes esfuerzos para ocultar la información. Silenció a los médicos y los castigo por difundir rumores. Si no hubiera intentado minimizar el peligro, el mundo podría haber respondido más rápidamente a la propagación del virus. Se ha perseguido a gente que ha tratado de compartir información sobre el tema en las redes sociales, cuando las restricciones a la libertad de expresión deben ser proporcionadas, legítimas y necesarias.

El derecho a la salud establece el derecho a acceder a atención médica y a la información, la prohibición de la discriminación en la prestación de servicios médicos, la libertad para no recibir tratamiento médico no consentido y otras garantías importantes.

La extensión del virus también ha provocado rechazo y discriminación. Así se han publicado informes xenófobos antichinos en muchos países. Desde Amnistía Internacional creemos que sólo se podrá luchar contra este brote mediante la solidaridad y la cooperación y no con el rechazo y la xenofobia. Todos formamos parte del género humano y todos tenemos derecho a ser protegidos.

De acuerdo con los derechos humanos las cuarentenas, que restringen el derecho a la libertad de circulación, sólo pueden estar justificadas si son proporcionadas, tienen límites temporales, se imponen con fines legítimos, son estrictamente necesarias, voluntarias siempre que sea posible y se aplican de forma no discriminatoria. Deben respetarse y protegerse los derechos de las personas en cuarentena, incluida la garantía de acceso a atención médica, alimento y otras necesidades. No resulta de recibo mandar a cientos de personas a un centro de detención de inmigrantes en unas condiciones de tratamiento inhumanas, como ha ocurrido en Australia.

Sabemos que la prioridad máxima es controlar la pandemia pero hay que recordar que los derechos humanos son la base de todo y deben impregnar las decisiones que se tomen. Si los derechos humanos están en la base de las medidas a tomar, protegeremos también a las personas más vulnerables de la sociedad que son las que menos pueden presionar. Proteger a las mujeres, amparar a quienes estén en riesgo de pobreza o sufran una pérdida de trabajo o salario. Ayudar a las personas con discapacidad. Cuidar a los mayores que viven solos y atender a los distintos grupos de personas marginadas como los migrantes sen situación irregular. Garantizar que todas las personas tienen acceso al diagnóstico y tratamiento, y que nadie permanece sin atención sanitaria. Pero también debe ponerse sobre la mesa su lado más humano y generoso, respetando y amparando a los colectivos más débiles y excluidos.

Debemos combatir la propagación del virus y detenerlo. Pero ello no puede hacerse desconociendo los derechos de todos y especialmente de los más vulnerables. Queremos y necesitamos un mundo sano sin dejar de ser por ello un mundo más humano. Un mundo mejor. Un mundo para todos. Ese es nuestro deseo y esa será nuestra lucha.

Cristóbal Fábrega.

Coordinador de Amnistía Internacional Jaén.