Artículo de Juan Francisco Villar publicado en La Voz del Sur el día 15 de julio de 2020
En abril de 2018 Amnistía Internacional publicaba un informe sobre salud en España. El título, La receta equivocada1, era revelador. Para el estudio que dio origen al informe se analizaron casos reales de dos comunidades autónomas gobernadas en ese momento por dos partidos distintos, Galicia y Andalucía. Pretendía ser un reflejo del impacto de las medidas de austeridad en el derecho a la salud en España y llegaba a la conclusión de que la receta de la austeridad había resultado absolutamente equivocada. Estas medidas de austeridad en el Sistema Nacional de Salud habían tenido como consecuencia un deterioro de la accesibilidad, la asequibilidad y la calidad de la salud en España. Las consecuencias también alcanzaron a las propias condiciones laborales del personal sanitario, con un aumento de las horas y la carga de trabajo y una disminución de los salarios.
Y, como suele suceder, el impacto negativo de esta política de austeridad fue mayor en las personas con rentas más bajas y, dentro de este grupo, más aún en el caso de enfermos crónicos, discapacitados o enfermos mentales. Como se sabe, la sanidad, como otras cosas, nunca es igual para todos y siempre la padecen más los mismos.
Amnistía Internacional concluía que España había violado el derecho al disfrute del más alto nivel de salud física y mental y recomendaba al Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, la derogación de los artículos del RDL 16/2012 que limitaban los tipos de personas que pueden acceder a la asistencia sanitaria, que establecían determinados copagos, o que eliminaban de la cobertura determinados medicamentos indicados para síntomas menores. Pedía también que se realizara urgentemente la evaluación del impacto sobre los derechos humanos, mejorar las condiciones laborales del personal sanitario y explorar alternativas para mejorar el déficit presupuestario sin recurrir a medidas con un impacto en el derecho a la salud.
También recomendaba a las comunidades autónomas dar prioridad al aumento del presupuesto destinado a salud pública para volver lo antes posible a la situación previa a la austeridad y resolver urgentemente el deterioro del derecho a la salud mediante la reducción de listas de espera.
Finalmente, pedía al gobierno de España garantizar que todos los derechos económicos, sociales y culturales, y entre ellos el derecho a la salud, se protegieran en nuestra constitución al mismo nivel que los llamados “derechos fundamentales”. También pedía que el gobierno ratificara la Carta Social Europea (revisada) y su Protocolo Adicional de 1995.
Pasados dos años y en mitad de una pandemia que ha mostrado la peor cara de una sanidad maltrecha, es el momento de realizar una revisión de qué ha pasado desde entonces.
En ese mismo año 2018, en el mes de junio, el presidente Pedro Sánchez anunció la derogación del RDL 16/2012 y ese mismo mes de julio se publicó en el BOE un nuevo Real Decreto. Fue un avance importante en el sentido de que volvía a garantizar la universalidad de la asistencia sanitaria de la que el decreto de 2012 había excluido a diversos colectivos, así como su acceso a la prestación farmacéutica. Este Real Decreto derogaba los artículos más sangrantes que Amnistía Internacional había solicitado derogar en su informe La receta equivocada.
Sin embargo algunos de los grandes males que denunciaba nuestro informe, como el aumento desmedido de las listas de espera o la situación del personal sanitario, parece que no han cambiado demasiado.
Entre 2018 y 2019, según información del ministerio correspondiente los pacientes en lista de espera quirúrgica aumentaron en 36709 y únicamente en cirugía cardíaca se produjo una reducción de 349 personas. También la lista de espera de consultas externas aumentó en número de pacientes y en tiempo de espera. De hecho ambas aumentaron significativamente a partir de la publicación del nuevo RD, quizás en parte por el aumento de usuarios de la sanidad que supuso la reinclusión de los colectivos que el RDL 16/2012 dejaba fuera del sistema.
Si nos centramos en Andalucía, en este mismo documento vemos que, respecto a la lista de espera de consultas externas, la tasa por 1000 habitantes es de 89,75, la más alta de España; y el tiempo medio de espera es también el más alto. Con sus 131 días de tiempo medio de espera. En cuanto a la lista de espera quirúrgica Extremadura, Asturias, Cantabria y, sobre todo Cataluña, están por encima de Andalucía en cuanto a tasa por 1000 habitantes y solamente en Castilla la Mancha el tiempo medio de espera es ligeramente superior al andaluz, dos días más2.
Si miramos hacia la situación laboral del personal sanitario, hay una idea generalizada de que no es la más adecuada, especialmente por el excesivo ratio de pacientes por médico y por la precariedad de sus contratos. Según el último informe de Funcas Focus on spanish society3publicado en marzo de 2020, con datos de hasta 2017, el ratio de personal médico de atención primaria por 1000 habitantes sigue siendo de 0,8, cifra que se mantiene inalterable desde el año 2008, en cuanto a especialistas fue de 1,8 hasta 2015, año en que subió a 1,9, donde sigue. Los datos sobre personal de enfermería son aún peores. En el caso del personal de atención primaria con un ratio de 0,6 repite los datos de 2016, cuando había bajado ya una décima con respecto a años anteriores. Sólo en enfermeros o enfermeras de especialistas ha habido una subida desde 2008, cuando había 3 por cada 1000 habitantes, hasta 3,4 en 2017.
El otro gran problema del personal sanitario es, como ya hemos avanzado, la precariedad. Según datos de la Encuesta de Población Activa, la temporalidad en la sanidad y los servicios sociales sigue creciendo. En el pasado año 2019 134.400 sanitarios firmaron un contrato de menos de un año. Esto supone un 25% de los 518.400 trabajadores que firmaron un contrato en el sector de la sanidad o los servicios sociales. Si comparamos con el año anterior, los contratos de menos de un año fueron 116.000 más que en 2018.
La realidad con la que nos ha encontrado la pandemia del COVID 19 ha sido la de un país con una sanidad ya casi colapsada por falta de personal sanitario, que se ha visto reducido como consecuencia de la política de recortes y que trabaja en peores condiciones, más horas de trabajo y en situación más precaria, lo que los lleva, muy a menudo, a una situación de ansiedad que casa mal con una buena atención médica. A esto se une el exceso de pacientes en listas de espera cada vez más largas. Y para complicarlo todo aún más la COVID-19 nos ha pillado con una sanidad con una inversión de casi 2 puntos menos que la media europea pese a que desde 2010 la inversión ha ido aumentando en línea con el aumento del PIB. Esta falta de inversión nos ha llevado a una disminución de calidad en los materiales que, como ya indicábamos en nuestro informe La receta equivocada trae como consecuencia peores agujas para las pruebas de diabetes que hacen los test más dolorosos, sillas de ruedas de peor calidad que provocan inseguridad en las personas con discapacidad y hasta disminución de camas hospitalarias, que se han visto reducidas en un 3 % desde 2013 hasta 2019.
Si a todo esto añadimos el problema de los copagos sanitarios que han podido suponer un empeoramiento de la salud de las personas más vulnerables, que no podían acceder a ellos, tenemos el cóctel perfecto para que una pandemia como la que estamos viviendo sea un auténtico drama en nuestro país.
Este 15 de julio de 2020 Amnistía Internacional vuelve a publicar un nuevo informe con un nombre aún más revelador que aquel de 2018, La década perdida, en el que se estudia el efecto de 10 años de austeridad por comunidades autónomas. Con datos económicos de 2009 a 2018 podemos decir que mientras que el PIB ha aumentado en España un 8,6 %, el gasto sanitario público se ha reducido en un 11,21 %. El gasto sanitario privado, por el contrario, sí ha crecido en un 16,28 %. El porcentaje del gasto sanitario respecto al PIB ha pasado en este tiempo del 8,98 % al 8,87 %, muy por debajo de países como Alemania, Francia, Suecia, Austria, Bélgica y Países Bajos, que dedican entre el 11,25 % de Alemania y el 10,10 % de Países Bajos.
Y el gasto no ha bajado solo en cifras totales, el gasto por habitante también se ha visto reducido hasta en 147 euros por persona menos que una década antes. España dedica solo 2221,11 € por habitante, muy lejos de países como Suecia, Dinamarca, Luxemburgo, que dedican más de 5000 euros, o Alemania, que con sus 4459 € no anda muy lejos de ellos.
Es más, es precisamente la atención primaria, la más esencial para una crisis como la actual pandemia. La más olvidada en estos años de desinversión que debemos revertir con urgencia. Sin olvidar que no existe sólo la COVID-19, sino que existen otras muchas enfermedades de las que nuestras autoridades sanitarias parecen haberse olvidado.
Y, en este tiempo ¿qué ha pasado en Andalucía? La inversión pública bajó de 10.275.784 en 2009 a 9.053.912 en 2018, un 11,89 % menos. La inversión pública por habitante bajó de 1.246 en 2009 a 1.077 en 2018, un 13,59 % menos. La inversión en atención primaria bajó de 1.739.365 en 2009 a 1.579.595 en 2018, un 9,19 % menos. El personal médico de atención primaria subió en 0,03, pasando de 0,72 en 2009 a 0,75 en 2018 y el personal de enfermería en atención primaria bajó en 0,28, pasando de 0,85 en 2009 a 0,57 en 2018.
Por eso queremos que los aplausos dados al personal sanitario en los tiempos del confinamiento se conviertan en una toma de conciencia de la necesidad de una sanidad pública fuerte. Es necesario revertir los recortes, fortalecer la sanidad pública, adoptar una estrategia de refuerzo del Sistema Nacional de Salud desde el respecto a los derechos humanos y la garantía de protección de todas las personas. Y, sobre todo, recuperar esta década perdida y blindar la sanidad para que nunca más se pueda volver a actuar en sentido contrario. A parte de las actuaciones exclusivamente sanitarias, en Amnistía Internacional llevamos ya varios años pidiendo la reforma del artículo 53 de la Constitución Española para que también los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (entre los que está el derecho a la salud) estén blindados y garantizados al mismo nivel que los Derechos Civiles y Políticos.
1.- https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR4181362018SPANISH.PDF
2.- https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/estadisticas/inforRecopilaciones/listaEspera.htm
3.- https://www.funcas.es/publicaciones_new/Sumario.aspx?IdRef=21-0029
