LA VIVIENDA, UN DERECHO FUNDAMENTAL PARA TODAS LAS PERSONAS.
Desalojo de familias agricultoras migrantes sin ofrecer alternativas. Las autoridades ignoran a los trabajadores y movimientos sociales que piden que se frene el desalojo sin ofrecer alternativas.
Contrasta la belleza del pueblo, con sus calles limpias y bien adornadas, con sus comercios de cerámica autóctona y sus tiendas de artesanía en jarapas y esparto y su buena repostería con la noticia que hoy nos saca a la luz la prensa.
En la localidad almeriense, zona importante de la producción agrícola intensiva, se ha llevado a cabo el desalojo del Cortijo El Uno, en San Isidro donde habitan sesenta trabajadores y familiares, nueve de ellos menores de edad, el menor de un año y medio.
El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha pedido que “con carácter urgente y preferente» paralice el desalojo, valore la situación de las personas que habitan en el asentamiento y les de alternativas a su situación”.
Las organizaciones de derechos humanos que velan por estas personas también han denunciado y pedido que se paralice este desalojo donde se agrava el problema al encontrarse menores de edad. Deben depurarse responsabilidades en estas decisiones de los ayuntamientos y ofrecerse alternativas de habitabilidad.
La plataforma Derecho a Techo además señala la responsabilidad de las empresas del sector, en concreto a la Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería: “no se puede estar empleando trabajadores agrícolas sin preocuparse por dónde y cómo van a vivir, obligándolos a tener que habitar chabolas y luego echándolos de estos sitios a la calle sin ninguna alternativa”. Así lo señala Aurora Baeza en su artículo del 24 de febrero en el periódico digital el Salto Andalucía.
No es solamente el riesgo del paso del Mediterraneo, son las condiciones de vida infrahumanas que se encuentran los y las migrantes al llegar, contratos ilegales, condiciones habitacionales mínimas para la vida, trabajos duros que no quieren hacer otras personas, ausencia de agua, saneamientos, falta de recogida de basuras en sus chabolas, transporte de agua en recipientes usados para pesticidas, como denuncian las ONGs locales.
Y son miles de personas las que diariamente viven en asentamientos sin luz, agua y electricidad en la provincia de Almería sin que las instituciones y las empresas del sector les ofrezcan otra alternativa habitacional. Y no solamente es exclusivo de esta provincia, en la provincia de Huelva se repite la misma historia destruyéndose estas infraviviendas cuando no ocurre algún incendio en las mismas. Según un informe de Andalucía Acoge, realizado con datos de 2022, en Níjar hay 44 asentamientos de este tipo en los que viven 1.200 entre ellas 83 niños. Se trata de familias que viven en situación de «extrema exclusión».
Ante el desalojo de estas 60 personas, 9 de ellas menores, desde Amnistía Internacional recordamos que para cumplir con los Derechos Humanos, las autoridades tienen la obligación de garantizar que ninguna persona queda sin hogar o expuesta a otras violaciones de derechos humanos. Se debe proporcionar una vivienda alternativa adecuada a todas las personas que no dispongan de recursos. Y desde Amnistía Internacional Andalucía también hemos iniciado contacto con asociaciones locales y regionales para trabajar en este tema que nos afecta tan de cerca y pedir que se cumplan los requisitos necesarios que garanticen una vivienda digna y unas condiciones de vida necesarias para desarrollar un vida justa.
