A día de hoy no tengo nada. Menores migrantes en Canarias

Esta es parte de la nota de prensa emitida por Amnistía Internacional en el día de hoy , que ha publicado un nuevo informe, sobre la situación de los menores migrantes no acompañados en Canarias “A día de hoy no tengo nada”, https://doc.es.amnesty.org/ms-opac/permalink/1@000036390 en el que señala las denuncias de malos tratos y la saturación en los centros de acogida como algunas de las principales preocupaciones en materia de derechos humanos. Asimismo, la organización insiste en otras vulneraciones, como fallos a la hora de garantizar su documentación para no quedar en desamparo cuando cumplen la mayoría de edad, o en la identificación adecuada a menores con necesidades especiales o alguna condición de vulnerabilidad.

En sus conclusiones preliminares, Amnistía Internacional ya señaló algunas de estas cuestiones, así como la falta de coordinación entre las distintas instituciones que trabajan con estos niños y niñas. “No se debe normalizar la idea de que, como son niños o niñas de otras nacionalidades, no tienen los mismos derechos. Se olvida que el niño o la niña migrante, independientemente de su nacionalidad o situación administrativa, tiene derecho a ser escuchado, y protegido, como cualquier otro menor. Entre los niños y niñas que están llegando a Canarias, hay perfiles muy vulnerables o con necesidades específicas”, señala Virginia Álvarez, responsable de Investigación y Política Interior en Amnistía Internacional España.

Por eso, entre otras cosas, Amnistía Internacional pide mejoras para garantizar que se realiza un estudio individualizado de la situación del niño o de la niña no acompañado/a, para asegurar que las decisiones que se adopten tanto a corto como a largo plazo estén guidas por el principio del interés superior del menor.

“Porteros de discoteca”

La saturación en los 82 centros que actualmente forman la red canaria de acogida a menores no es la única dificultad para crear hogares para los niños y niñas migrantes no acompañados. A esta sobreocupación se une la falta de personal con la formación adecuada para tratar con menores. Esta escasa preparación como educadores también fue señalada a Amnistía Internacional por algunas de las autoridades con las que habló la organización, alguna de las cuales lamentó que en algunos casos se acudía a contratar a “porteros de discotecas”.

La consecuencia más grave de esta situación se muestra en algunas denuncias de malos tratos documentadas por la organización en este nuevo informe, entre las que se incluyen castigos excesivos, como aislamiento, o retrasos a la hora de realizar los trámites relativos a documentación para su regularización o escolarización como castigo por ser considerados de conducta conflictiva.

La respuesta de las autoridades ante las denuncias debe pasar además por la realización de más inspecciones a los centros. Tal y como señaló una investigación de eldiario.es, entre los años 2020 a 2024, el Gobierno canario habría visitado sólo 27 centros, realizando únicamente una visita a cada uno de ellos en todo este periodo. En el año 2022 solo dos centros fueron inspeccionados, y en 2023, cuatro. La mayoría de las inspecciones se habían realizado en 2024, aunque la cifra de dichas inspecciones solo alcanzaba a 14 de los 82 centros de menores en funcionamiento.

Desamparo y vulnerabilidad

A pesar de que, según personal de ACNUR, más del 50% de la infancia migrante que llega a Canarias podría estar necesitada de protección internacional, lo cierto es que la falta de formación adecuada de la policía en materia de asilo, de asistencia letrada y de interpretación de calidad, la falta de identificación de vulnerabilidades o la descoordinación existente ha privado a menores no acompañados refugiados de solicitar protección internacional de una manera pronta y efectiva. “Nunca me informaron de que podía pedir asilo, cuando llegué me llevaron a un centro [de adultos] de emergencia para inmigrantes, donde estuve un mes. Luego cuando me hicieron las pruebas de determinación de la edad, vieron que tenía solo 15 años y me llevaron a un centro de menores, estuve yendo al colegio pero tuve que dejarlo cuando estaba a punto de sacarme la ESO, por cumplir la mayoría de edad… A día de hoy no tengo nada, ni pasaporte, ni nada”. Seydou tiene 19 años, es maliense y llegó a Canarias en el año 2020. Cuando habló con Amnistía Internacional estaba viviendo en un piso para menores ex tutelados, aunque más de cuatro años después de su llegada seguía sin tener ningún tipo de documentación, y su situación era realmente la de un inmigrante en situación irregular

Peticiones urgentes

«Llevamos años repitiendo que los fallos en el sistema de protección en Canarias son una responsabilidad compartida con el Ministerio Fiscal y el Gobierno central, a lo que se añade la (falta de) solidaridad de las demás comunidades autónomas del Estado español. Se siguen lanzando la pelota unos a otros y, como consecuencia, los niños y niñas siguen sin la adecuada protección», señala Esteban Beltrán.

Los distintos Gobiernos no parecen tener prisa. Sin embargo, faltan cinco años para terminar de implementar la Estrategia Estatal de Derechos de la Infancia y Adolescencia 2023-2030 que tiene por objetivo conseguir un modelo de gestión migratoria que dé una respuesta eficaz y adecuada. Pero no va por buen camino: Amnistía Internacional considera que no se están cumpliendo los objetivos marcados para la protección de la infancia migrante, por lo que apela a la responsabilidad de las autoridades para garantizar su cumplimiento.

Entre otras peticiones, la organizaciones señala como urgentes las siguientes medidas:

• Garantizar un sistema de inspección y control de los centros residenciales, con mecanismos que garanticen la canalización adecuada de las posibles denuncias de violencia contra los menores, que evite que tanto ellos como las personas que pongan a disposición de las autoridades esta información sufran represalias.
• Garantizar que se realiza un estudio individualizado de la situación del niño o de la niña no acompañado/a, para asegurar que las decisiones que se adopten tanto a corto como a largo plazo estén guidas por el principio del interés superior del menor.
• Que se lleve a cabo un reparto vinculante de los y las menores entre las distintas Comunidades Autónomas para hacer frente a la saturación que sufren las Islas Canarias, que actualmente se hace cargo de la tutela del 36.5% de los menores no acompañados que habían llegado al Estado español.