NI VIVIENDA NI MEDIO AMBIENTE: UNA CUESTION DE DERECHOS HUMANOS
LA DISTANCIA DE UNA INVERSIÓN A UN DERECHO HUMANO
Con el título
“Málaga ¿Ciudad del paraíso?”,
NI VIVIENDA, NI MEDIO AMBIENTE: UNA CUESTIÓN DE DDHH
Se ha desarrollado una mesa redonda en el Ateneo de Málaga organizada por Amnistía Internacional Málaga y Bosque Urbano Málaga, con la intervención de Pedro Marín Cots, Presidente del Instituto de estudios Urbanos, Enrique Salvo Tierra, Director de la Cátedra “Cambio climático UMA” y Bosque Urbano de Málaga y moderado por Pablo Bujalance.
Dejamos aquí algunas reflexiones sobre la misma:
La vivienda, en la ley y en la práctica, se ha considerado como un bien de consumo y de inversión y no como un derecho humano.
El derecho a la vivienda está reconocido en:
- La Declaración Universal de los DDHH DUDD (art 25.1)
- En la Carta Social Europea revisada (art 31)
- En el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art 11.1)
- Y en la Constitución Española (art 47)
ALGUNOS DATOS DE ACCESO A LA VIVIENDA EN ESPAÑA:
Disponibilidad: El parque de vivienda social: el 2,5% del total. Existen 3,8 millones de viviendas vacías
Jóvenes y vivienda: solo el 14,8% de jóvenes se emancipa y la única alternativa es el alquiler compartido
Mujer y vivienda: El riesgo de vivienda o exclusión social es un 6% mayor en mujeres que en hombres
Asequibilidad: desde 2016 la vivienda en alquiler ha subido de media un 86,4%
Desalojos: desde 2013 los desalojos suman más de 600.000
Situaciones de especial vulnerabilidad: El 27,8% de la ciudadanía está en riesgo de pobreza o exclusión social
Algunos apuntes sobre la primera ley Estatal de Vivienda en democracia: avances y experiencias :
Es un paso adelante pero con evidentes lagunas también.
Incluye medidas de control del incremento de precios de alquiler, promueve vivienda social e incrementa la protección de personas vulnerables en los procesos de desalojo
La ley no incluye un sistema de inspección que asegure su cumplimiento ni tampoco un régimen sancionador en el caso de que no se cumpla.
Habla de contención de precios pero su efectividad está en riesgo por la falta de sanciones.·
Los desalojos, aún están lejos de los estándares internacionales de derechos humanos.
La ley sigue sin exigir que personas sin recursos tengan una vivienda alternativa garantizada antes del desalojo que les proteja del sinhogarismo.
· El parque de vivienda social es insuficiente para cubrir la urgente necesidad social; son necesarios porcentajes anuales mínimos de crecimiento y blindar el carácter social de las viviendas
Justicia Climática y Derechos Humanos ¿Cuál es el vínculo?
Las tormentas, inundaciones y olas de calor son cada vez más frecuentes e intensas y estos fenómenos matan a miles de personas cada año y obligan a muchas más a abandonar sus hogares por falta de refugio y/o alimentos.
– Derecho a la vida: En Europa, al menos 30.000 personas murieron como consecuencia de la ola de calor de 2003.
– Derecho a la salud: Las causas y efectos del cambio climático favorecen la aparición y propagación de enfermedades infecciosas que podrían convertirse en epidemias o pandemias (Malaria).
– Derecho al agua y al saneamiento: Agua: su disponibilidad, accesibilidad, calidad y cantidad. Saneamiento: contaminación y destrucción de infraestructuras.
– Terreno de desigualdades: el 10% de los países más ricos producen el 50% de emisiones de CO2.
– Desigualdad de Género: las mujeres y las niñas están marginadas y desfavorecidas en muchos países.
– Grupos Étnicos: Los miembros de comunidades y pueblos indígenas se ven a menudo amenazados y perseguidos por su activismo medioambiental.
Las medidas adoptadas por los gobiernos y empresas para limitar el calentamiento global y protegernos de sus consecuencias siguen siendo insuficientes
Fotografías del acto de Jesús Mérida.
España vulnera el derecho a la vivienda
A pesar de estas obligaciones detalladas en el derecho internacional y en la Constitución>, la vivienda ha sido un derecho históricamente desprotegido en España. La violación del derecho a la vivienda afecta a millones de personas en España. La vivienda se ha considerado un bien de consumo e inversión, en lugar de un derecho humano, lo que ha dificultado enormemente el acceso a la misma y de forma especial para las personas en situaciones más vulnerables.
España es el país que más condenas ha recibido por vulnerar el derecho a la vivienda por parte del Comité de derechos económicos, sociales y culturales de Naciones Unidas (el órgano que se encarga de vigilar el cumplimiento del Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales, ratificado por España en 1977). Este Comité ha instado a España a asegurar que su legislación y su aplicación sean conformes con las obligaciones adquiridas y ha recordado su obligación de prevenir violaciones de este derecho.
Amnistía Internacional ha publicado varios informes que documentan esta violación del derecho a la vivienda por parte de las autoridades españolas.
La crisis de la vivienda en España hunde sus raíces en las últimas décadas, con especial incidencia de la crisis de 2008 cuyas consecuencias se arrastran hasta la actualidad. A todo ello se suma el impacto económico y social de la pandemia y las malas perspectivas actuales ante la crisis energética y el incremento del coste de la vida en un escenario de fuerte incertidumbre.
En 2020, el Relator especial sobre la extrema pobreza y derechos humanos de Naciones Unidas después de su visita a España instó a las autoridades a “tomarse en serio el derecho a la vivienda” y aprobar una nueva ley sobre el derecho a la vivienda, aumentar considerablemente las inversiones en vivienda protegida, adoptar medidas para reducir las viviendas vacías, controlar los alquileres en las principales ciudades, proteger mejor a los hogares vulnerables contra los cortes de electricidad y apoyar más a las personas que corren el riesgo de quedarse sin hogar, entre otras cuestiones. Desde hacía años, diversos mecanismos de Naciones Unidas habían pedido a España adoptar una legislación que proteja el derecho a la vivienda.
