¿PROTEGEN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS ADECUADAMENTE A LAS PERSONAS MAYORES ?
DIARIO JAEN 22-6-25
Cristóbal Fábrega Ruiz
Coordinador de Amnistía Internacional Jaén
El 15 de junio fue el Día Mundial de Toma de Conciencia contra el Abuso y el Maltrato en la Vejez. Dentro de nuestra sociedad existen sectores que son especialmente vulnerables a los ataques que, en muchos casos, son provocados por aquellas personas próximas que deberían defenderles de los infortunios sociales y uno de esos sectores es el de la vejez. Desde el inicio de mi carrera profesional he dedicado muchos de mis esfuerzos profesionales e intelectuales a combatir la lacra que esto supone y, por ello, estoy especialmente sensibilizado con este tema.
Los ancianos son objeto de aislamiento y maltrato por parte de las instituciones públicas cuyo deber es protegerlas como titulares de derechos. Esto se vio de forma especial durante la pandemia del COVID-19 con la aplicación de políticas que ocasionaron miles de muertes evitables en residencias de todo el mundo, creando además niveles de aislamiento social sin precedentes entre las personas mayores. España es el segundo país, después de Canadá y seguido de Irlanda, con mayor número de muertes en residencias respecto a la mortalidad total por COVID-19.
Los ancianos tienen derecho a un trato digno reconociéndose, a través de dicho trato, el valor intrínseco que tienen como personas. Tienen derecho a mantener relaciones personales, incluido el recibir visitas y tener comunicaciones incluyendo las relaciones afectivo-sexuales de pareja. Tienen derecho a su intimidad personal, a estar solos sin ser molestados y el que nadie se entrometa en sus asuntos sin su consentimiento o por limitación de su capacidad legal. Y a que se les facilite el acceso a la atención social, sanitaria, educativa, cultural y, en general, a todas las necesidades personales que sean imprescindibles para conseguir un adecuado desarrollo psicofísico. Y tienen derecho a su felicidad, con realización de las aspiraciones y capacidades personales en todos los aspectos de la vida diaria en un entorno manejable, confortable y seguro, acrecentando su autonomía personal y con el mayor grado de bienestar y de salud integral. Y esto obliga a los Estados a elaborar leyes que los protejan. Se debe buscar un nuevo modelo residencial con un sistema de inspecciones transparente, el aumento de la ratio del personal, además de garantizar la participación de las personas mayores en las decisiones que les afectan.
«POR LO GENERAL, LAS PERSONAS MAYORES NO PARTICIPAN EN LAS DECISIONES QUE LES AFECTAN«
Los activistas de DDHH tienen una importante labor a desarrollar en esta materia. Y el Ministerio Fiscal, institución en la que desarrollo mi labor, es una de las columnas de protección a través de la Fiscalías de Mayores presentes en toda España. Desde el año 1983 nos encontramos ejerciendo esta labor, aunque la sociedad, en muchos casos, desconozca esta labor de protección de las personas vulnerables que desarrollamos. Para mi es un orgullo participar en esta labor, visitando y controlando centros residenciales, luchando contra el abuso y el expolio de los ancianos, procurando garantizar su bienestar, colaborando con el resto de las entidades de protección. Para mí, que soy también activista de DDHH, es un importante reto que asumo lo mejor que puedo.
«Tras la pandemia habría que evaluar qué ha cambiado en la organización y atención en los centros de mayores»
Todavía recuerdo como un fiscal jubilado vino a verme y a contarme que había entrado en una residencia y que, lo que peor llevaba era que una jovencita le llamara “Pepito”, a el que había sido Don José. Sufría sobremanera esa infantilización a la que abocamos a nuestros ancianos.
Ya lo decía el evangelio de San Juan: Te aseguro que cuando eras más joven, te vestías para ir a donde querías; pero cuando ya seas viejo, extenderás los brazos y otro te vestirá, y te llevará a donde no quieras ir.
